Periodismo veraz y confiable

Mucho se habla de desinformaci¨®n, fake news y posverdad, des¨®rdenes informativos que se atribuyen con excesiva soltura a las redes sociales. Parecer¨ªa un nuevo paradigma, del tipo ?son las redes, est¨²pido! Sin embargo, los des¨®rdenes informativos existen desde antes de la irrupci¨®n de lo digital en nuestras vidas y siguen teniendo una finalidad com¨²n: utilizar el proceso comunicativo para difundir una alteraci¨®n interesada de la realidad. Las redes dispensan a estos fen¨®menos una difusi¨®n e impacto potenciales hasta hace poco inimaginables. No obstante, las redes y plataformas son el veh¨ªculo, pero no siempre las responsables de la creaci¨®n del contenido. En todo caso, no debe perderse de vista que los medios de comunicaci¨®n tradicionales tambi¨¦n tienen su parcela de responsabilidad en los des¨®rdenes informativos.

El art¨ªculo 1? de la Constituci¨®n Espa?ola establece que el pluralismo pol¨ªtico es uno de los valores superiores de nuestro ordenamiento jur¨ªdico o, en palabras del Tribunal Constitucional, un valor fundamental del Estado constitucional democr¨¢tico. De ello se ha derivado el reconocimiento de la dimensi¨®n institucional de la libertad de informaci¨®n, junto a la libertad de expresi¨®n, porque es garant¨ªa de una opini¨®n p¨²blica libre y del mantenimiento de aquel pluralismo pol¨ªtico, sin los que vendr¨ªa falseada la democracia. Por tanto, sin pluralismo informativo dif¨ªcilmente puede existir pluralismo pol¨ªtico.

Partiendo de su funci¨®n institucional, la libertad de informaci¨®n reconoce el derecho a comunicar o recibir libremente informaci¨®n veraz por cualquier medio de difusi¨®n. Esta veracidad es un elemento definitorio del derecho; esto es, si lo que se comunica no es veraz no est¨¢ protegido por esta libertad fundamental. La veracidad no es sin¨®nimo de verdad objetiva o incontestable de los hechos, sino reflejo de la necesaria diligencia en la b¨²squeda de lo cierto, neg¨¢ndose la protecci¨®n constitucional a quienes act¨²an de manera negligente e irresponsable al transmitir como hechos verdaderos rumores carentes de constataci¨®n o meras invenciones o insinuaciones. Debe existir una base f¨¢ctica identificable y real sobre la que construir la noticia.

As¨ª, los medios de comunicaci¨®n y sus profesionales gozan de la libertad de informaci¨®n, que tiene, al otro lado, un sujeto, la ciudadan¨ªa, titular del derecho a recibir informaci¨®n veraz. En las sociedades de la comunicaci¨®n en las que vivimos, la libertad informativa es una suerte de derecho-obligaci¨®n que nos permite exigir de los profesionales del periodismo unos niveles de rigor elevados, puesto que en ellos recae, en una parte muy importante, la calidad y relevancia del pluralismo informativo (de ah¨ª que se les reconozca la cl¨¢usula de conciencia o a la protecci¨®n de sus fuentes, que no asisten al resto de ciudadanos). Diferente es la libertad de expresi¨®n, que tambi¨¦n ejercen los mismos profesionales, pero que dispone de un r¨¦gimen jur¨ªdico propio.

Retomando los des¨®rdenes informativos, tambi¨¦n existe la informaci¨®n err¨®nea ¡ªmisinformation en ingl¨¦s¡ª, que implica compartir informaci¨®n falsa o incorrecta sin ¨¢nimo de generar perjuicios; su objetivo no es desinformar. Sin embargo, la falta de intenci¨®n no necesariamente evita el da?o o perjuicio en el proceso comunicativo. Observemos, por ejemplo, el tratamiento de los temas jur¨ªdicos que se hace por la prensa. En una sociedad en la que no se ense?an las bases del modelo constitucional en las escuelas, el papel de los medios de comunicaci¨®n se torna enormemente relevante en la trasmisi¨®n y difusi¨®n de la realidad jur¨ªdico-institucional del sistema democr¨¢tico. Por este motivo, es important¨ªsimo que las informaciones relativas a los poderes del Estado, sus funciones, funcionamiento y normas sean comunicadas de la forma m¨¢s rigurosa posible. El Derecho supone la construcci¨®n de un sistema de normas con sus propios valores, principios y normas. Respetarlos es determinante, porque detr¨¢s de estos conceptos est¨¢ la garant¨ªa de la legalidad, la igualdad, la justicia, y la libertad de todas las personas que conformamos una comunidad pol¨ªtica. As¨ª, decir que el Poder Judicial ha elaborado un dictamen sobre un proyecto de ley supone transmitir al p¨²blico una idea equivocada de la funci¨®n de este poder del Estado: impartir justicia. Los ¨®rganos judiciales hacen cumplir las normas, resolviendo conflictos a trav¨¦s del derecho, proceso que queda plasmado en sus resoluciones judiciales. Quien emite, en su caso, ese dictamen es el Consejo General del Poder Judicial, el ¨®rgano de gobierno de aquel poder, que, en cambio, no tiene potestad jurisdiccional, esto es, no dicta sentencias. Tampoco es cierto que el Gobierno haya aprobado un decreto sobre la reforma laboral. Y no es cierto porque, si fuera un decreto, ser¨ªa un reglamento, potestad exclusiva del Ejecutivo, que no necesitar¨ªa ser convalidado, eso es, controlado, por el Congreso, instituci¨®n en la que queda representada la soberan¨ªa popular. Si fuera un decreto a secas, no podr¨ªa tampoco ser impugnado ante el Tribunal Constitucional por carecer de valor de ley. Otro ejemplo: cuando el Tribunal Constitucional inadmite una demanda de amparo no valida ni ratifica las decisiones impugnadas. Simplemente, pone de manifiesto que no se han cumplido los requisitos de admisibilidad previstos en la ley, que todo recurrente debe respetar. T¨¦ngase en cuenta que el Tribunal Constitucional admite menos del 5% de recursos de amparo al a?o, cifra asumible sabiendo que se trata de un instrumento excepcional (solo protege de violaciones de los derechos fundamentales) y subsidiario (solo se accede si los ¨®rganos del Poder Judicial no han tutelado adecuadamente dichos derechos). Una realidad, por cierto, muy similar a la de otros tribunales nacionales e internacionales de garant¨ªa de los derechos y libertades. Se?alar¨¦ un ¨²ltimo ejemplo del perjuicio que causa el mal periodismo. El lenguaje, tambi¨¦n el jur¨ªdico, construye realidades, de ah¨ª la relevancia de las palabras. En casos de violencia machista, titular ¡°un crimen acaba con la vida de una mujer¡± o ¡°mujer muere tras precipitarse por el balc¨®n¡± o ¡°mujer fallece tras recibir cinco cuchilladas¡± esconde que ha sido un hombre el causante de dicha muerte. Se omite el sujeto de la acci¨®n delictiva, relativizando y diluyendo su responsabilidad. Estos titulares niegan una realidad, la de la violencia de hombres contra mujeres, de g¨¦nero concretamente, que ha acabado con la vida de 1.127 mujeres desde el a?o 2003 en Espa?a.

Las personas que se dedican a la informaci¨®n, cuando comunican alterando el fen¨®meno jur¨ªdico est¨¢n desinformando. Esta es una aseveraci¨®n contundente, pero, me temo, cierta. La misinformation a veces se produce por economizar con el lenguaje, conseguir un titular catchy porque el clickbait manda en el mundo de internet o, mucho peor, para confundir expresamente a los receptores de la informaci¨®n. En cualquier caso, m¨¢s all¨¢ de cu¨¢l sea la motivaci¨®n ¡ªque da para muchas otras tribunas¡ª est¨¢n transmitiendo una idea err¨®nea de nuestro sistema jur¨ªdico y, por tanto, ofreciendo una visi¨®n de ¨¦l distorsionada, cuando no falsa, que impide una comprensi¨®n adecuada del sistema, de los poderes y sus controles, pol¨ªticos y judiciales, que, pese a lo que pudiera parecer, funciona razonablemente bien. Es obvio que hay instituciones que necesitan ser mejoradas, algunas profundamente, pero, para hacerlo, primero hay que conocerlas y saber qu¨¦ funciona y qu¨¦ debe ser modificado para mejorar el sistema social y democr¨¢tico de derecho.

Los medios necesitan de audiencias para sobrevivir y la ciudadan¨ªa necesita del periodismo plural para conocer y entender el sistema en el que se desenvuelve. La cr¨ªtica se construye desde el conocimiento y para ello son necesarios unos medios confiables sobre los que construir una opini¨®n p¨²blica s¨®lida, capaz de exigir responsabilidades.