Visados dorados y residencia

El Gobierno ha planteado a trav¨¦s del Ministerio de Inclusi¨®n, Seguridad Social y Migraciones la posibilidad de cambiar las normas que rigen los llamados visados dorados ¡ªincluida su extinci¨®n¡ª, como han hecho ya otros pa¨ªses que hab¨ªan legislado en el mismo sentido, como Portugal, Irlanda o Grecia. Estuvieron concebidos por el Gobierno popular de Mariano Rajoy en 2013 para facilitar permisos de residencia a extranjeros que dispusieran de m¨¢s de medio mill¨®n de euros para invertir en propiedades inmobiliarias (un primer periodo de tres a?os, prorrogable por otros dos) o bien con inversiones de m¨¢s de un mill¨®n de euros en empresas espa?olas o en bonos del Estado (por encima de los dos millones de euros). El resultado ha sido un uso preferente de la medida para inversiones residenciales, sin que apenas hayan acudido a las otras v¨ªas. En datos actuales, en el a?o 2022 aument¨® con respecto al anterior en un 60% el n¨²mero de permisos de residencia para cerca de 2.500 solicitantes.

Las condiciones en que fue pensada esa medida son muy distintas de las actuales, y ha sido la propia UE quien ha instado en varias ocasiones a los gobiernos a suspender las concesiones. La medida obedec¨ªa en aquel momento de aguda crisis econ¨®mica a la doble urgencia de activar un mercado inmobiliario devastado tras el pinchazo de la burbuja generada por la ley del suelo de Jos¨¦ Mar¨ªa Aznar, y de recuperar una parte de la inversi¨®n externa, que no solo recelaba, sino que hu¨ªa expresamente de Espa?a por su fuerte crisis de deuda soberana.

Ante ese doble imperativo, palidec¨ªan los efectos colaterales negativos de la medida. El primero era el car¨¢cter fuertemente discriminatorio que impon¨ªa una norma que favorec¨ªa de forma evidente a los inmigrantes a quienes el dinero permit¨ªa encauzar una posible nacionalizaci¨®n frente a otros, ampliamente mayoritarios, sin recursos econ¨®micos y con muchas m¨¢s dificultades para obtener un permiso de residencia. El segundo efecto indeseado de la medida giraba en torno a la activaci¨®n de una inversi¨®n internacional ajena a la econom¨ªa productiva (empleos, estructura, innovaci¨®n) y sin otra motivaci¨®n que la rentabilidad inmediata como instrumento especulativo.

Diez a?os despu¨¦s, ese car¨¢cter congruente de la medida ante la situaci¨®n econ¨®mica de Espa?a ha dejado de tener el peso que tuvo porque los dos objetivos que buscaba han quedado ya cubiertos: el mercado inmobiliario, incluso en fase recesiva, ni se desploma ni da signos de debilidad, y la inversi¨®n extranjera ostenta r¨¦cords hist¨®ricos. De hecho, hoy el centro de la medida afecta sobre todo a los aspectos discriminatorios frente a la mayor¨ªa de inmigrantes y a sus efectos especulativos en las alzas de precios de la vivienda estimuladas por inversiones exteriores (que unifican al alza los rangos de precios con otros emplazamientos a¨²n m¨¢s caros). Tampoco parece consecuente mantener la medida de 2013 ante el despliegue que el Gobierno ha hecho de una pol¨ªtica de vivienda nueva a trav¨¦s de la ley recientemente aprobada y de las medidas complementarias anunciadas por Pedro S¨¢nchez. El centro del problema de la vivienda y las bases para su futura mitigaci¨®n sigue siendo la capacidad de asegurar el est¨ªmulo a promotores y propietarios privados que cooperen con los poderes p¨²blicos en la construcci¨®n de un potente parque de vivienda asequible.