Sin excusas para el bloqueo

El Tribunal Constitucional avala la reforma legal por la que se impide al Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) hacer nombramientos discrecionales mientras est¨¦ en funciones. La reforma ha impedido desde su aprobaci¨®n en marzo de 2021 que se cubran vacantes por jubilaci¨®n o fallecimiento en el Tribunal Supremo, entre otros, pero no ha afectado a los ascensos reglados de jueces y magistrados por escalaf¨®n. La sentencia, aprobada este lunes en el pleno del alto tribunal, resuelve el recurso presentado por Vox y cuya doctrina se aplicar¨¢ tambi¨¦n al presentado por el Partido Popular. El fallo ha contado con el apoyo de los siete magistrados progresistas y el voto en contra de los cuatro conservadores.

La modificaci¨®n legal objeto de estudio fue la f¨®rmula utilizada por el Gobierno de coalici¨®n para tratar de impulsar la renovaci¨®n del Consejo General del Poder Judicial, en r¨¦gimen de interinidad desde diciembre de 2018. Al reducir significativamente las competencias del CGPJ en lo relativo a nombramientos, la reforma pretend¨ªa eliminar parte de los incentivos del PP para persistir en su posici¨®n de incumplimiento de la obligaci¨®n de renovaci¨®n peri¨®dica de los ¨®rganos constitucionales.

La precaria situaci¨®n en la que operan el Tribunal Supremo y otros tribunales como consecuencia de la falta de renovaci¨®n del ¨®rgano de gobierno de los jueces fue descrita por el presidente del Supremo, Francisco Mar¨ªn, como un panorama ¡°desolador¡±. Lo hizo hace un mes, durante su discurso con motivo de la apertura del a?o judicial. En esa misma intervenci¨®n se preguntaba tambi¨¦n si forma parte de la ¡°normalidad democr¨¢tica¡± la existencia de un CGPJ cuyo mandato lleva ya agotado casi cinco a?os o si es compatible con esa ¡°normalidad¡± un Tribunal Supremo ¡ª¨®rgano jurisdiccional superior en todos los ¨®rdenes, seg¨²n establece la Constituci¨®n¡ª cuyos efectivos se hallan mermados en m¨¢s de un 30% y con algunas salas al borde del colapso. La respuesta es obvia. Tambi¨¦n lo es a qui¨¦n corresponde la responsabilidad de tan grave situaci¨®n. La sucesi¨®n de pretextos del PP para impedir la renovaci¨®n no deja demasiado margen para la equidistancia.

Tras el pronunciamiento del Tribunal Constitucional resulta pertinente emplazar, una vez m¨¢s, al l¨ªder popular, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, para que lleve a la pr¨¢ctica su compromiso de respeto a la Constituci¨®n y acuerde, sin mayor dilaci¨®n, la renovaci¨®n de un Consejo cuya situaci¨®n irregular compromete gravemente su credibilidad. No es posible mantener por m¨¢s tiempo un inmovilismo jur¨ªdicamente inaceptable y pol¨ªticamente irresponsable. La reiterada exigencia del PP de supeditar la renovaci¨®n del CGPJ a una reforma en el m¨¦todo de nombramiento de sus miembros siempre ha sido una excusa discutible e incumple las reiteradas recomendaciones de Bruselas: primero renovar con urgencia e inmediatamente despu¨¦s afrontar la reforma del proceso de elecci¨®n.

Aunque no resulta f¨¢cil imaginar una renovaci¨®n del CGPJ mientras no se constituya un nuevo Gobierno, es necesario insistir en la necesidad de que su urgencia no quede opacada por debates que, sin duda, marcar¨¢n el arranque y el futuro de la legislatura. Es imprescindible que la actualizaci¨®n de este ¨®rgano constitucional cuente de una vez con una participaci¨®n plenamente responsable del Partido Popular. Pero si persiste en su posici¨®n de bloqueo, ser¨¢ responsabilidad del Gobierno y de las Cortes Generales buscar f¨®rmulas para superar una situaci¨®n que da?a en extremo la calidad de nuestra democracia.