Amnist¨ªa necesaria

Ha llegado el momento de la deliberaci¨®n en el Parlamento sobre la ley de amnist¨ªa. Hay escasas esperanzas de que a partir de hoy sea el debate racional el que preceda a la votaci¨®n de una proposici¨®n de ley org¨¢nica que sus cr¨ªticos rechazaban mucho antes de que se registrara en el Congreso, es decir, sin conocer sus motivos, art¨ªculos y disposiciones adicionales. Har¨ªan bien todos los partidos en evitar las descalificaciones para discutir el contenido de la norma y sus enmiendas.

Cuando la ley haya terminado tanto su recorrido parlamentario como, si prosperan los recursos anunciados, su paso por el Tribunal Constitucional, este tormentoso episodio deber¨ªa quedar cerrado. Parad¨®jicamente, quien cuestiona la legitimidad del poder Legislativo o no acepta el dictamen del Tribunal Constitucional se sit¨²a al lado de los independentistas, que no aceptaron la sentencia del Estatuto de Catalu?a y se lanzaron irresponsablemente a proclamar la secesi¨®n.

El reto del Gobierno en este tramo decisivo del debate es revertir la consideraci¨®n negativa que merece la amnist¨ªa en el conjunto de Espa?a, incluso entre sus propios votantes, tal como reflejan las encuestas. El apoyo mayoritario que recibe en el Pa¨ªs Vasco y, sobre todo, en Catalu?a no deber¨ªa hacer olvidar el desasosiego que genera en muchos ciudadanos la mera relaci¨®n de los delitos contenidos en el primer art¨ªculo de la ley: usurpaci¨®n de funciones p¨²blicas, malversaci¨®n, atentados contra la autoridad, prevaricaci¨®n o des¨®rdenes p¨²blicos. O las dudas jur¨ªdicas que alberga el tratamiento de los delitos de terrorismo tal y como se describen en el segundo. Por no hablar de que, al contrario de lo que sucedi¨® con los indultos, algunos de los beneficiarios de la amnist¨ªa se encuentran huidos de la justicia espa?ola, empezando por Carles Puigdemont.

Los defensores de la medida tendr¨¢n que doblar el esfuerzo pedag¨®gico, porque si alg¨²n d¨¦ficit presenta esta proposici¨®n de ley es la aritm¨¦tica parlamentaria de la que nace (los siete votos de Junts), la elecci¨®n del procedimiento de urgencia para su tramitaci¨®n y su escasa capacidad de consenso, derivada de la polarizaci¨®n asim¨¦trica que empa?a la vida pol¨ªtica espa?ola desde la moci¨®n de censura de 2018. El hecho de que la proposici¨®n viniera precedida de un pacto entre PSOE y Junts que incluye un argumentario ayuno de rigor hist¨®rico tampoco ayuda, pero el pre¨¢mbulo de la ley que hoy se debate defiende inequ¨ªvocamente el marco legal de 1978.

Esgrimir como principal motivo para la amnist¨ªa la oportunidad de resolver el problema de ¡°encaje¡± de Catalu?a ¡ªreconocido por el presidente del PP, Alberto N¨²?ez Feij¨®o, antes de que las cr¨ªticas de los suyos le obligaran a desdecirse¡ª es leg¨ªtimo. Dif¨ªcilmente podr¨¢ restaurarse la convivencia entre catalanes, y entre estos y el resto de los espa?oles, si una parte de sus dirigentes siguen incriminados por un conflicto de motivaciones pol¨ªticas en el que, ciertamente, vulneraron la Constituci¨®n y dividieron a la sociedad.

Este es el argumento de mayor peso para una amnist¨ªa guiada por el inter¨¦s general, con el prop¨®sito de resolver una situaci¨®n excepcional, tal como recoge el pre¨¢mbulo de la ley, aunque sea contestado por quienes ¡ªnacionalistas catalanes o espa?oles¡ª consideran inexorable la repetici¨®n del proceso secesionista. Nada indica que el t¨¢ndem PP-Vox vaya a dejar de explotar ese fil¨®n a pesar de los desastrosos resultados de una actitud que desconoce toda propuesta m¨¢s all¨¢ de la negaci¨®n del problema practicada ya por Mariano Rajoy. Es en parte ese inmovilismo est¨¦ril el que demuestra la necesidad de una medida de gracia que pretende pasar p¨¢gina de una d¨¦cada de deriva polarizadora.