El esp¨ªritu de las leyes

Es muy probable que el Tribunal Constitucional tenga que pronunciarse sobre la ley de amnist¨ªa recientemente presentada por el grupo socialista en el Congreso para lograr los votos que necesitaba su candidato para ser presidente del Gobierno. Tambi¨¦n lo es que, si dicho tribunal avala la citada ley, sus defensores lo celebren como un ¨¦xito. Y no lo es menos que esa ser¨ªa una p¨¦sima noticia para nuestro pa¨ªs. En un Estado de derecho como Espa?a, la legalidad es la m¨¢xima instancia de legitimaci¨®n del poder p¨²blico; pero la separaci¨®n de los poderes teorizada por Montesquieu es el esp¨ªritu de esa legalidad, que privada de ¨¦l puede ponerse al servicio de fines espurios. Quienes transitamos desde una ley autocr¨¢tica (el Fuero de los Espa?oles) a una ley democr¨¢tica (la Constituci¨®n de 1978) a trav¨¦s de la ley (La Ley para la Reforma Pol¨ªtica, de Adolfo Su¨¢rez) somos muy conscientes de que (afortunadamente) se pueden hacer cosas asombrosas sin quebrantar la letra de la ley, incluida (desgraciadamente) la Transici¨®n inversa.

No es ilegal que un gobernante, en el ejercicio de su cargo, se asocie con aquellos con quienes hab¨ªa prometido durante la campa?a electoral no asociarse nunca, ni que indulte, de acuerdo con la potestad que la ley le otorga, a quienes atentaron contra la Constituci¨®n; ni que, de acuerdo con los apoyos parlamentarios de los que leg¨ªtimamente dispone, reforme el C¨®digo Penal para minimizar los delitos de sedici¨®n y de malversaci¨®n de fondos p¨²blicos cometidos por dirigentes pol¨ªticos o intente neutralizar al poder judicial. Y sabemos que, en tanto que un tribunal no lo declare ilegal, tampoco lo es amnistiar a quienes delinquieron contra el Estado y fueron condenados por ello, ni reconocer como naciones a ciertas regiones del Estado y concederles un trato de privilegio en t¨¦rminos jur¨ªdicos, econ¨®micos y sociales, ni someter a escrutinio parlamentario las actuaciones judiciales, siempre que lo respalde el n¨²mero de diputados normativamente requerido.

Pero ello no impide que todas esas decisiones sean contrarias a la moralidad p¨²blica en la que se encarna el esp¨ªritu de las leyes. Aunque las infracciones morales no pueden recurrirse ante los tribunales, la moralidad p¨²blica, como indica su nombre, remite a principios colectivamente compartidos de manera t¨¢cita e impl¨ªcitamente presupuestos en las normas de derecho positivo, empezando por la Constituci¨®n de la que todas ellas emanan. Estos principios inspiran las leyes y dibujan la imagen del contrato social en el que idealmente se sustenta el v¨ªnculo que une a todos los ciudadanos de un Estado social y democr¨¢tico de derecho. Y, aunque por s¨ª mismos no quitan ni otorgan validez a las leyes ni a las acciones, determinan los m¨¢rgenes de plausibilidad de las normas jur¨ªdicas y de las decisiones pol¨ªticas. Y precisamente porque no puede ser tipificado como ilegal, el abandono de estos m¨¢rgenes de moralidad puede tener consecuencias a¨²n m¨¢s graves que las infracciones expl¨ªcitas de la ley, porque cuando un pa¨ªs est¨¢ atravesado por un conflicto moral situado m¨¢s all¨¢ de la jurisdicci¨®n de los tribunales, el tejido institucional tiende a vaciarse de sentido (pues se revela in¨²til para resolverlo) y a ser sustituido por la humillaci¨®n, la verg¨¹enza (o la falta de ella), el revanchismo y las consignas, lo cual suele ser el preludio de una decadencia generalizada en los terrenos pol¨ªtico, jur¨ªdico, econ¨®mico y social.

Ciertamente, el pueblo no es una deidad metaf¨ªsica y su voluntad puede variar (por eso hay elecciones cada cuatro a?os), y asimismo puede cambiar el consenso impl¨ªcito en el que se apoya la legalidad y amparar decisiones que antes de ese cambio parec¨ªan inveros¨ªmiles. ?No podr¨ªa suceder que la imagen del contrato social se haya modificado y que ahora legitime medidas como las reci¨¦n comentadas? Todos los populistas de la historia reciente han apelado a la conexi¨®n m¨¢gica de sus l¨ªderes carism¨¢ticos con esas mutaciones de la voluntad popular para minar o suspender la separaci¨®n de poderes. Tambi¨¦n los nacionalismos han invocado siempre una identidad ¨¦tnica (trad¨²zcase ¡°¨¦tnica¡± por gen¨¦tica o por cultural, seg¨²n convenga) anterior y superior al plebeyo esp¨ªritu de las leyes, ese invento de los menesterosos sin pedigr¨ª. Fue precisamente la separaci¨®n de poderes lo que indign¨® en 2010 a los nacionalistas catalanes cuando el tribunal encargado de interpretar el esp¨ªritu de las leyes derog¨® parcialmente un Estatuto de Autonom¨ªa votado en refer¨¦ndum regional; y fue ese mismo mecanismo del Estado de derecho lo que llev¨® a los mismos nacionalistas ¡ªen ese momento ya abiertamente separatistas¡ª a incendiar las calles en 2019 para protestar contra el atrevimiento del Tribunal Supremo, que neg¨® toda legitimidad a su ¡°desconexi¨®n¡± del Estado espa?ol de 2017 y conden¨® penalmente a sus responsables. En 2021, la ¡°mayor¨ªa progresista¡± tild¨® de extravagancia ¡ªsi no de extralimitaci¨®n¡ª la declaraci¨®n de inconstitucionalidad de los estados de alarma decretados por el Gobierno en 2020; y en 2022 consider¨® tambi¨¦n intolerable la suspensi¨®n de la tramitaci¨®n ilegal en el Senado de dos enmiendas a sendas leyes, puesto que a sus ojos el esp¨ªritu de la Constituci¨®n no pod¨ªa ¡°interrumpir¡± la actividad de las Cortes, aunque fuese ilegal. Para entonces, Podemos hab¨ªa invocado repetidamente una ¡°voluntad popular¡± extrainstitucional que superaba y desbordaba el consenso constitucional de 1978, y descalificaba al poder judicial como esbirro de las fuerzas oscuras. ?Son razonables todos esos recursos a una voluntad popular renovada para justificar la contravenci¨®n de la separaci¨®n de poderes y del esp¨ªritu de las leyes?

Sin duda, fue tambi¨¦n apelando a un cambio en la voluntad popular como se llev¨® a cabo la transici¨®n democr¨¢tica de la que naci¨® el nuevo contrato social que ha estado vigente hasta ahora. Pero, como para quienes no creemos en la magia propiciatoria la voluntad del pueblo solo se manifiesta emp¨ªricamente a trav¨¦s del voto, para verificar ese cambio es preciso acudir a las urnas: no en vano la citada Ley para la Reforma Pol¨ªtica fue sometida al voto de todos los espa?oles antes de aplicarse. Puede que Montesquieu (que ya llevaba tiempo gravemente enfermo) haya muerto definitivamente, y que Franco no lo haya hecho hasta 2023, para disgusto de una minor¨ªa ultraderechista que no quiere digerir su derrota parlamentaria. Tambi¨¦n puede que no sea as¨ª, en cuyo caso lo que habremos perdido, no una minor¨ªa sino todos, ser¨¢ algo m¨¢s ¡ªy mucho m¨¢s grave¡ª que una votaci¨®n. Por eso, cuando no solo se act¨²a contra la moralidad p¨²blica, sino que se pretende cambiar radicalmente ese marco de plausibilidad (como sucede con la ley de amnist¨ªa y los pactos con los secesionistas), saltarse ese peque?o requisito de verificaci¨®n podr¨ªa provocar unas leyes en las que solo alentasen el rencor, el af¨¢n de venganza y la cruda ambici¨®n de poder. Y eso, aunque todos los tribunales del mundo lo declarasen legal, ser¨ªa una inmoralidad p¨²blica de consecuencias imprevisibles. Recuerde el lector que el doctor Frankenstein muri¨® atormentado por el monstruo que hab¨ªa engendrado y que no fue capaz de destruir cuando se volvi¨® contra ¨¦l.