Ni progresista ni mayor¨ªa

El proceso ag¨®nico para convalidar los decretos leyes confirma que, frente a lo que se suele decir, lo que cuenta no es la ilusi¨®n sino los votos. Se sab¨ªa que el abigarrado conjunto de apoyos de la investidura de Pedro S¨¢nchez no era progresista: incluye partidos de la derecha nacionalista y una formaci¨®n de la derecha radical supremacista dirigida por un golpista pr¨®fugo, se basa en una transacci¨®n que viola la igualdad de los ciudadanos ante la ley y defiende medidas que redistribuyen desde las comunidades aut¨®nomas pobres hacia comunidades m¨¢s ricas. Sab¨ªamos que tampoco constitu¨ªa una mayor¨ªa s¨®lida, y quiz¨¢ ni siquiera una mayor¨ªa. Parece que el cambalache ofrec¨ªa impunidad a cambio de la investidura y no de cierta estabilidad. Junts chantajear¨¢ con exigencias de discutible encaje en las normas europeas y en la l¨®gica del Estado de derecho, y Podemos confiar¨¢ en el mecanismo de ¡°cuanto peor, mejor¡±.

El episodio tambi¨¦n nos recuerda el abuso del real decreto ley y sus consecuencias: en cinco a?os, S¨¢nchez ha triplicado la cifra de Su¨¢rez, y supera a Gonz¨¢lez, Aznar, Zapatero y Rajoy, que estuvieron m¨¢s tiempo que ¨¦l en el cargo. Seg¨²n el profesor de Derecho Constitucional Ignacio Gonz¨¢lez Garc¨ªa, ¡°lo que en las primeras d¨¦cadas de nuestra democracia fue un injustificable abuso, en los ¨²ltimos a?os se ha convertido en una peligrosa y constante f¨®rmula de erosi¨®n institucional¡±. En algunos casos son decretos ¨®mnibus, que mezclan regulaciones muy distintas; el procedimiento de la convalidaci¨®n hace que se acepten o rechacen en su totalidad. Cuando dirigentes de otros pa¨ªses hacen algo parecido, dudamos de la pulcritud democr¨¢tica: que no lo veamos aqu¨ª ser¨¢ cosa de la presbicia. Al final, como no se cansaban de cacarear los diputados de M¨¢s Pa¨ªs, ?qui¨¦n va a estar en contra de los decretos, si ¡°mejoran la vida de la gente¡±? Si son medidas tan positivas, no se entiende por qu¨¦ se escoge un mecanismo que reduce las posibilidades del debate. Como se?alaba David Mej¨ªa, otra opci¨®n habr¨ªa sido retirar la proposici¨®n de la ley de amnist¨ªa a cambio del apoyo del Partido Popular: la importancia de las medidas legitimaba ese sacrificio. Parad¨®jicamente, la debilidad del Gobierno justifica un procedimiento menos garantista y la dificultad para legislar impulsa un recurso fraudulento.