La amnist¨ªa por el mal camino

La tramitaci¨®n de la ¡±Ley Org¨¢nica de amnist¨ªa para la normalizaci¨®n institucional, pol¨ªtica y social en Catalu?a¡± es el proyecto que condicionar¨¢ esta tensa legislatura, y sigue por el mal camino. En el pleno del martes, Junts vot¨® en contra del texto que la semana anterior el partido ya hab¨ªa aprobado en la Comisi¨®n de Justicia, cuando consigui¨® que se introdujese un retoque patillero sobre ?terrorismo! en el redactado de la ley con el prop¨®sito de regatear el siempre tan y tan oportuno auto dictado por el previsible magistrado de la Audiencia Nacional Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n. Este ¨²ltimo giro de guion en el Congreso de los Diputados, que define a una formaci¨®n que hoy se caracteriza por actuar seg¨²n la imprevisibilidad ag¨®nica (lo experimentamos ya el mes pasado en la inolvidable sesi¨®n celebrada en el Senado), no deber¨ªa sorprender. Pero tampoco vale se?alar ¨²nicamente a los alfiles de Carles Puigdemont en Madrid. El problema de la amnist¨ªa, que tensa por definici¨®n la cl¨¢usula de igualdad entre los ciudadanos en un Estado de derecho, es m¨¢s profundo. Al margen de si tiene encaje constitucional o no, este radical proceso legislativo, que se ha querido tramitar de urgencia, sigue tocado por su origen espurio.

La amnist¨ªa, sobre el papel, se impulsa ¡°en aras del inter¨¦s general¡±. As¨ª se afirma en la exposici¨®n de motivos de la propuesta de ley registrada por el PSOE el pasado 13 de noviembre. Toda vez que existir¨ªa la convicci¨®n dominante de que es mejor no volver la vista atr¨¢s para superar un per¨ªodo de crisis institucional, social y econ¨®mica en Catalu?a y en el resto de Espa?a, porque s¨ª, fue un desastre sin paliativos, el legislador decide ¡°excepcionar la aplicaci¨®n de normas vigentes¡± al entender que esa es la mejor manera para poder reiniciar una etapa de vida en com¨²n que podr¨ªa quedar otra vez interrumpida por el desarrollo de decenas de procesos judiciales, administrativos o contables. Ese es el esp¨ªritu de la ley, sobre el papel. Y, sin urgencias, podr¨ªa ser mucho m¨¢s compartido por quienes quieren cerrar definitivamente ese est¨¦ril ciclo de desobediencia institucional como por quienes creen que la respuesta al proc¨¦s, la judicial y la de las cloacas, fue desproporcionada y, sobre todo, por los que entienden que ese es el precio a pagar para que Vox no brutalice la pol¨ªtica espa?ola desde el Gobierno. O por los tres motivos a la vez.

Pero el problema es que esa apelaci¨®n al ¡°inter¨¦s general¡± es percibida como una impostura que solo oculta la voluntad de poder de Pedro S¨¢nchez y el c¨¢lculo de Puigdemont y su espacio pol¨ªtico. Mientras no se corrija esa percepci¨®n, y eso requiere tiempo, deliberaci¨®n y magnanimidad rec¨ªproca de todos los actores implicados, la amnist¨ªa seguir¨¢ por el mal camino. Primero porque sus promotores, y lo digo parafraseando al constitucionalista V¨ªctor Ferreres, a¨²n no han argumentado de manera convincente cu¨¢l es la raz¨®n p¨²blica que justifica una medida tan excepcional. Al contrario. Por ahora, para ser honestos, est¨¢ ocurriendo m¨¢s bien lo contrario a lo que la ley en teor¨ªa pretende, conectando su tramitaci¨®n con lo peor de la pol¨ªtica de nuestro tiempo. Lo argumentaba esta semana David Brooks en The Atlantic. En las sociedades de la polarizaci¨®n afectiva, aquello que crea comunidad es la ¡°solidaridad hostil¡±: agruparse para ir contra unos enemigos que deben ser represaliados toda vez que son caracterizados como una amenaza existencial. En nuestro contexto, la amnist¨ªa se ha convertido en un factor de hostilidad, que tambi¨¦n rentabiliza la oposici¨®n, porque sigue fallando su fundamento c¨ªvico. Nada que no supiese el poeta: ¡°La ¨²ltima tentaci¨®n es la mayor traici¨®n: hacer la acci¨®n correcta por la raz¨®n equivocada¡±.