La credibilidad de Junts

Por quererlo todo, Junts se arriesga a quedarse sin nada. Si ya era dif¨ªcil esquivar los escollos para incluir a Carles Puigdemont en la ley de amnist¨ªa tras las sinuosas e improvisadas actuaciones del juez Garc¨ªa-Castell¨®n, ahora se suma otra investigaci¨®n resucitada, esta vez por el magistrado Joaqu¨ªn Aguirre sobre la presunta trama rusa del proc¨¦s. Ese blindaje en respuesta a los movimientos judiciales es el que persegu¨ªa la formaci¨®n independentista con sus enmiendas de ¨²ltima hora, rechazadas este martes en el Congreso por el PSOE, y lo que ha conducido a sus siete diputados a coincidir con Vox y el PP en el voto en contra de la amnist¨ªa. Tras plantarse este martes los socialistas ¡ª¡±la ley entr¨® constitucional y as¨ª saldr¨¢ de esta C¨¢mara¡±, dijo el ministro Bola?os¡ª, Junts pretende seguir negociando para intentar torcer el brazo al Gobierno en la comisi¨®n parlamentaria de Justicia. Quedan al menos 15 d¨ªas de tramitaci¨®n.

El PSOE y sus socios, excepto Junts, han llegado todo lo lejos que era razonable para abarcar en la medida de gracia a cuantos m¨¢s implicados en la intentona independentista de 2017 sea posible. Muchas l¨ªneas rojas han tenido que traspasar los responsables socialistas para satisfacer las demandas de sus socios de investidura.

A pesar del d¨¦ficit cr¨®nico de pedagog¨ªa del Ejecutivo de Pedro S¨¢nchez, est¨¢ dentro de lo razonable que la ley englobe unos des¨®rdenes p¨²blicos claramente diferenciables del terrorismo. La gravedad de los actos de Tsunami Democr¨¤tic es evidente, pero hace falta forzar mucho la interpretaci¨®n de las leyes para encajarlos en este tipo de delito, tal como pretende Garc¨ªa-Castell¨®n, sin muchas garant¨ªas de prosperar en posteriores instancias judiciales. El PSOE y Sumar ya han se?alado que no se mover¨¢n de la actual redacci¨®n de la norma. Esquerra les apoya, porque considera que es, tras los indultos, otro paso en la buena direcci¨®n para devolver al territorio de la pol¨ªtica el pesado fardo penal resultante de la crisis catalana de hace siete a?os.

Tanto Puigdemont como el resto de los dirigentes de Junts han repetido una y otra vez que su prop¨®sito no es garantizar la gobernabilidad de Espa?a ni la estabilidad del Gobierno de coalici¨®n, pero su voto negativo deja moment¨¢neamente fuera de la cobertura de la ley de amnist¨ªa a cientos de implicados en los hechos que condujeron a la declaraci¨®n ilegal de independencia: desde directores de centros escolares usados como colegios electorales a ciudadanos que ocultaron las urnas pasando por cargos intermedios de las formaciones independentistas.

Junts se ha acostumbrado a apurar todos los plazos para obtener las m¨¢s variadas contrapartidas. Las diferentes enmiendas a la ley respond¨ªan a actuaciones judiciales que, a su vez, eran una reacci¨®n a los movimientos del poder legislativo durante su tramitaci¨®n. La sensaci¨®n de que la norma se redactaba a la carta para incluir inexcusablemente a Puigdemont qued¨® corroborada ayer por los diputados de su partido, cuyo voto negativo sembr¨® la duda sobre su supuesto inter¨¦s en la normalizaci¨®n de Catalu?a.

Lejos de conseguirla, Junts fuerza los l¨ªmites en busca de su propio beneficio y sin contar con el resentimiento social que el boicot a la ley de amnist¨ªa podr¨ªa despertar entre quienes habr¨¢n visto frustradas sus expectativas por esos siete votos. De momento se ha encontrado con la negativa del Ejecutivo a cesiones adicionales. Eso tiene al menos dos consecuencias. A la corta, el argumento del PP de que el Gobierno cede a todo se emborrona. Pero con la mirada puesta en la legislatura, son evidentes los costurones en la mayor¨ªa que sustenta al Gobierno de coalici¨®n.