El papel de la sociedad civil en la regeneraci¨®n democr¨¢tica

Espa?a est¨¢ dividida entre quienes creen que Pedro S¨¢nchez reflexion¨® cinco d¨ªas y lleg¨® a la conclusi¨®n de que hay que regenerar la democracia y quienes aseguran que todo fue un cuento. Para unos y otros el presidente est¨¢ ahora obligado a concretar ese plan de regeneraci¨®n democr¨¢tica con una ambici¨®n a la altura del momento in¨¦dito vivido.

La crisis de la democracia y la identificaci¨®n de medidas de regeneraci¨®n forman parte de los temas preferidos de las ciencias sociales desde hace d¨¦cadas. Conscientes de que la historia de la democracia es la historia de sus crisis, nos preguntamos c¨®mo se caracteriza la que est¨¢ viviendo nuestra generaci¨®n e intentamos identificar c¨®mo hacerle frente.

El anuncio del presidente S¨¢nchez de impulsar un plan de regeneraci¨®n democr¨¢tica que signifique un punto y aparte en esta legislatura ha elevado esta discusi¨®n al debate p¨²blico. ?En qu¨¦ deber¨ªa sustanciarse ese plan? En primer lugar, conviene acotar el ¨¢mbito sobre el que se quiere actuar, porque por regeneraci¨®n democr¨¢tica pueden considerarse una amplia gama de aspectos, ninguno de los cuales debe ser entendido como un arma para destruir al contrario.

Entre los factores que desaf¨ªan a los sistemas democr¨¢ticos uno destaca por su trascendencia. Se trata de la p¨¦rdida de confianza de la ciudadan¨ªa en las instituciones y actores de intermediaci¨®n como los medios de comunicaci¨®n, los partidos pol¨ªticos, o las organizaciones de la sociedad civil. Recuperar esta confianza deber¨ªa ser el primer objetivo. Los principios de Gobierno Abierto que en 2009 identific¨® el presidente Barack Obama siguen siendo una buena gu¨ªa para ello. Su hip¨®tesis fue que la transparencia deb¨ªa servir para promover la rendici¨®n de cuentas y permitir a la ciudadan¨ªa conocer qu¨¦ hace su Gobierno; que la participaci¨®n ciudadana mejorar¨ªa la efectividad y la calidad de las decisiones; y que la colaboraci¨®n permitir¨ªa que las personas pudieran involucrarse en los asuntos p¨²blicos. En l¨ªneas similares se han pronunciado otros estudiosos, como Pierre Rosanvallon, con su idea de la democracia de apropiaci¨®n, o Daniel Innerarity, cuando enfatiza y desarrolla la idea de una democracia compleja y de anticipaci¨®n. Algunos de estos asuntos ya se abordan desde el Consejo de Transparencia o el Foro de Gobierno Abierto, si bien ser¨ªa necesario elevar su nivel de importancia, medios y proyecci¨®n en el conjunto del Estado de forma transversal a todas las administraciones p¨²blicas. Se podr¨ªa comenzar incorporando con mayor diligencia las recomendaciones del Grupo de Estados contra la Corrupci¨®n ¡ªGreco¡ª, tal como reclaman insistentemente expertos y organizaciones de la sociedad civil, o desarrollando la directiva de protecci¨®n de alertadores, poniendo en marcha la Autoridad Independiente de Protecci¨®n al Informante.

No obstante, si, como se desprende del debate suscitado en los ¨²ltimos d¨ªas, el proyecto de regeneraci¨®n apunta m¨¢s a combatir la crispaci¨®n, o como reclamaba en estas p¨¢ginas hace unas semanas el profesor Manuel Villoria, un plan de integridad democr¨¢tica, el foco habr¨¢ de ponerse en el comportamiento de los l¨ªderes pol¨ªticos y en el papel de los medios de comunicaci¨®n. Ambos pueden convertirse en agentes de crispaci¨®n en un momento en que el entorno digital facilita que se incrementen la tensi¨®n y la desinformaci¨®n. Organizaciones de la sociedad civil, estudiosos del tema, constructores de rankings de calidad democr¨¢tica e incluso el Foro Econ¨®mico Mundial que se da cita anualmente en Davos identifican ah¨ª uno de los mayores riesgos para la democracia y el desarrollo a escala global.

La regulaci¨®n del comportamiento de los pol¨ªticos es f¨¢cilmente abordable con la reforma de los reglamentos del Congreso y del Senado, el desarrollo de un c¨®digo de buenas pr¨¢cticas parlamentarias, el establecimiento de sanciones por incumplimiento del c¨®digo ¨¦tico, una revisi¨®n de las normas de conflictos de inter¨¦s, la creaci¨®n de una agencia anticorrupci¨®n o la incorporaci¨®n en la ley de partidos de sanciones a quienes no cumplan con un sistema de control de integridad de sus representantes, entre otros asuntos.

Para los medios de comunicaci¨®n existen experiencias de autorregulaci¨®n, consejos donde se dilucidan los m¨¢rgenes de actuaci¨®n, observatorios que analizan qu¨¦ ocurre exactamente y c¨®mo hacerle frente, etc¨¦tera. Una pregunta se impone en este caso: ?qu¨¦ entendemos por medio de comunicaci¨®n? De la respuesta depender¨¢ su acceso a espacios informativos, como ruedas de prensa o instituciones, y por supuesto la consabida financiaci¨®n institucional. Profesionales y estudiosos del sector llevan tiempo pensando sobre este aspecto.

Junto a estas amenazas, en buena medida consecuencia de cambios tecnol¨®gicos y sociales, emergen otras que son fallos de dise?o institucional. La m¨¢s clamorosa, la ausencia de mecanismos eficaces de rendici¨®n de cuentas por parte de jueces y fiscales. El derecho comparado ofrece alternativas para abrir un buen debate.

Una vez definido el alcance surge la gran duda. ?Ser¨¢n los principales partidos capaces de ponerse de acuerdo para conseguir la transversalidad deseable en un plan de estas caracter¨ªsticas? Como recuerda la polit¨®loga Julia Azari, vivimos tiempos de fuerte partidismo con partidos d¨¦biles, una mala combinaci¨®n. El contexto de crispaci¨®n que viven las ¨¦lites impide la construcci¨®n de consensos si no existe un incentivo externo. Adem¨¢s, olvidamos que la l¨®gica de los partidos es una l¨®gica de competencia que responde a un juego de suma cero del que dif¨ªcilmente se puede escapar en momentos de m¨¢xima tensi¨®n.

Por contra, en el espacio de la sociedad civil, aun con todas sus fricciones y tensiones ¡ªque las hay¡ª, se puede operar en una l¨®gica de construcci¨®n de consensos. Acuerdos que, de lograrse, son un claro incentivo para el encuentro entre partidos. Hace unas semanas, m¨¢s de 900 organizaciones sociales de un ampl¨ªsimo espectro ideol¨®gico lanzaron una iniciativa legislativa popular para iniciar un proceso de regularizaci¨®n de personas que, venidas de otros pa¨ªses, trabajan con y para nosotros. Consiguieron reunir m¨¢s de 600.000 firmas en un proceso farragoso y tremendamente exigente en sus requisitos, y empujar as¨ª a todos los grupos pol¨ªticos, salvo Vox, a admitirla a tr¨¢mite. Un tiempo antes, las organizaciones de personas con discapacidad consiguieron el consenso ¡ªnuevamente, salvo Vox¡ª para reformar el art¨ªculo 49 de la Constituci¨®n, eliminar el t¨¦rmino ¡°disminuidos¡± y ampliar los derechos de este colectivo. En otro plano, 2.500 mujeres suizas lograron que el Tribunal Europeo de Derechos Humanos dictaminara que Suiza vulner¨® el art¨ªculo 8 del Convenio Europeo de Derechos Humanos, que consagra el derecho al respeto de la vida privada y familiar, al no tomar medidas ambiciosas contra el cambio clim¨¢tico.

Esa acci¨®n colectiva nos construye como ciudadan¨ªa, nos aleja de las pol¨ªticas de chivos expiatorios que despejan culpas a terrenos ajenos, nos legitima ¡ªm¨¢s¡ª para ejercer la cr¨ªtica cuando corresponda, y en definitiva, ayuda a construir mejor calidad democr¨¢tica.

Desde ¨¢mbitos acad¨¦micos, pol¨ªticos y de la sociedad civil se han elaborado en las ¨²ltimas d¨¦cadas multitud de propuestas que podr¨ªan ponerse en marcha para mejorar la calidad de las democracias. Ojal¨¢ la pregunta del presidente, ¡°?merece la pena?¡±, signifique un impulso para todas ellas. La sociedad civil puede y debe aportar mucho en este debate, si bien deber¨¢ ser el Gobierno, que es el que posee la legitimidad democr¨¢tica, quien habilite los espacios y procedimientos para que as¨ª sea. Quiz¨¢, as¨ª, haya merecido la pena.