Punto y seguido, punto y aparte y punto final

Pod¨ªa haber sido un punto final. Yo as¨ª lo cre¨ª el mi¨¦rcoles pasado, cuando le¨ª la carta y pens¨¦ que su autor no se dejaba ninguna v¨ªa de escape. Escrib¨ª unas l¨ªneas, tan apresuradas como estas de ahora, en las que suger¨ª que la carta planteaba una especie de moci¨®n de confianza ciudadana. En la intervenci¨®n de Pedro S¨¢nchez, as¨ª ha parecido interpretarlo ¨¦l mismo cuando ha explicado que las muestras de afecto y las manifestaciones de estos d¨ªas le han movido a continuar. Ser¨¢ inevitable que algunos consideren que se ha puesto en juego un elemento plebiscitario en todo este proceso tan desconcertante. Mejor haberlo evitado, ser¨¢ un nuevo flanco d¨¦bil para el Gobierno. Si el prop¨®sito ¨²ltimo era abrir un gran debate sobre el funcionamiento de nuestra democracia, hab¨ªa formas menos tortuosas de hacerlo.

Descartado el punto final, ?realmente va a haber un punto y aparte, como ha dicho S¨¢nchez, o nos quedaremos m¨¢s bien en un punto y seguido? De momento, el presidente no ha concretado nada. Se ha limitado a pedir que ¡°la mayor¨ªa social, como ha hecho estos cinco d¨ªas, se movilice en una apuesta decidida por la dignidad y el sentido com¨²n¡±. Eso no es un punto y aparte. Es tan solo una apelaci¨®n vaga a la propia sociedad civil. La cuesti¨®n que se ventila con el punto y aparte es si un Gobierno puede hacer algo efectivo en materia de crispaci¨®n y lawfare sin formar un estropicio en la divisi¨®n de poderes, la independencia judicial y las libertades fundamentales.

Perm¨ªtanme que vaya al origen de la carta. Como bien se sabe, el desencadenante fue una decisi¨®n del juez Juan Carlos Peinado, quien abri¨® r¨¢pidamente diligencias previas a ra¨ªz de una denuncia contra Bego?a G¨®mez y declar¨® el secreto del sumario. Seg¨²n las noticias aparecidas en prensa, se trata de un juez conservador, perteneciente a la Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura. En 2019, el se?or Peinado solicit¨® (sin ¨¦xito) ser juez de refuerzo en el Juzgado de Instrucci¨®n 6 de la Audiencia Nacional, el de Manuel Garc¨ªa-Castell¨®n. La denuncia de G¨®mez viene de Manos Limpias, un pseudosindicato ultraderechista que ha puesto decenas de querellas en los juzgados por motivos pol¨ªticos. Su m¨¢ximo responsable, Miguel Bernad, Caballero de Honor de la Fundaci¨®n Francisco Franco, fue condenado en la Audiencia Nacional a cuatro a?os de c¨¢rcel por extorsi¨®n, pero hace unas pocas semanas la Sala Segunda del Tribunal Supremo le absolvi¨® por considerar que las actividades de Manos Limpias (pedir compensaciones econ¨®micas a grandes empresas a cambio de no poner denuncias contra ellas) constitu¨ªan comportamientos poco ¨¦ticos, pero no extorsi¨®n. Es la misma Sala que no tuvo tantos reparos en el caso del diputado de Unidas Podemos Alberto Rodr¨ªguez, a quien conden¨® por propinar una patada a un polic¨ªa bas¨¢ndose exclusivamente en el testimonio del agente que recibi¨® la agresi¨®n. La denuncia de Manos Limpias contra G¨®mez se sostiene sobre noticias aparecidas en diversos medios de comunicaci¨®n, algunos de ellos con una acreditada querencia por los bulos.

En el p¨¢rrafo anterior se condensa todo lo que resulta disfuncional en la pol¨ªtica espa?ola: una combinaci¨®n de bulos, grupos de ultraderecha y jueces conservadores que a¨²nan esfuerzos en una estrategia de destrucci¨®n de un Gobierno de izquierdas. Muchos llaman lawfare a esta combinaci¨®n de elementos. No hace falta suponer una confabulaci¨®n o conjura, tan solo una coincidencia de intereses y que ¡°el que pueda, que haga¡±.

No cabe aqu¨ª emplear la equidistancia. Las izquierdas no siempre han actuado como cabr¨ªa exigir; en muchas ocasiones, han cometido excesos ret¨®ricos de todo tipo que tambi¨¦n erosionan la democracia. No obstante, estamos hablando de algo m¨¢s que de un tono bronco y descalificador. En concreto, lo que marca un punto de no retorno es la colusi¨®n medi¨¢tico-judicial, que puede llegar a subvertir los pilares de la democracia y desvirtuar la voluntad colectiva expresada en las urnas. En este sentido, las izquierdas, cuando han estado en la oposici¨®n, no han promovido este tipo de estrategias, no s¨¦ si porque tienen principios morales superiores o, sencillamente, porque no cuentan con apoyos medi¨¢ticos o judiciales para hacerlo (las dos hip¨®tesis pueden ser ciertas a la vez).

No es casualidad que las v¨ªctimas principales de todas estas operaciones hayan sido, hasta ahora, los independentistas catalanes y las izquierdas. En el caso de S¨¢nchez, el s¨¢bado pasado se publicaron las conversaciones entre el secretario de Estado de Seguridad del Gobierno de Mariano Rajoy y el comisario Villarejo, en las que, a las pocas semanas de ser S¨¢nchez nombrado secretario general del PSOE en 2014, ya se planeaba una operaci¨®n para intentar hundir al nuevo secretario general por los negocios de la familia de su mujer.

Si el PSOE quiere de verdad hacer un punto y aparte, no puede quedarse en la queja y en las buenas palabras. Tendr¨¢ que tomar medidas, aunque solo sea para protegerse a s¨ª mismo. Por lo pronto, ha de reconocer el problema y debatir sobre ¨¦l. Eso ya es un avance importante. En el pasado, el PSOE se ha mostrado reticente a hacerlo. La mera inclusi¨®n del t¨¦rmino lawfare en el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts despert¨® mucha incomodidad en las filas socialistas. Es hora de abordar abiertamente este asunto y reparar en que no ocurre solo en Espa?a.

En cuanto a los medios y la llamada ¡°fachosfera¡±, se precisa una regulaci¨®n m¨¢s estricta de la publicidad institucional, una fuente de ingresos de la que dependen muchos de los digitales que lanzan bulos. Ser¨ªa tambi¨¦n necesario introducir mayor transparencia sobre las cuentas y los accionistas de los medios. Y volver sobre un asunto inc¨®modo en el que vamos con mucho retraso: la creaci¨®n de consejos audiovisuales que pongan coto a las formas m¨¢s da?inas de impunidad period¨ªstica.

En el terreno judicial, es prioritario resolver la anomal¨ªa del Consejo General del Poder Judicial, el ¨®rgano de gobierno de los jueces que lleva m¨¢s de cinco a?os sin renovarse por la oposici¨®n del Partido Popular. Est¨¢ en juego la continuidad de la hegemon¨ªa derechista en la instituci¨®n que nombra a los magistrados del Tribunal Supremo y otros altos tribunales. Es necesario pensar tambi¨¦n en c¨®mo superar en el medio plazo el fuerte sesgo ideol¨®gico de la mayor¨ªa de los jueces en Espa?a. Espect¨¢culos como el del pasado noviembre, en el que los jueces salieron a la calle, enfundados en sus togas, para protestar por el acuerdo de investidura entre el PSOE y Junts, son la mejor muestra de que algo se ha descontrolado en nuestro sistema de justicia. Es muy negativo para la imparcialidad y credibilidad de los jueces que se politicen de forma tan descarada. La mezcla de corporativismo y conservadurismo ideol¨®gico supone una grave quiebra de la funci¨®n que deben cumplir los jueces en una sociedad democr¨¢tica. Todo esto requiere revisar en profundidad los anacr¨®nicos sistemas de selecci¨®n y formaci¨®n de jueces en Espa?a.

Nada ser¨¢ f¨¢cil. Con unas derechas envalentonadas ante la muestra de fragilidad de S¨¢nchez, cualquier iniciativa que se tome para equilibrar el sistema y dignificar nuestra democracia se va a enfrentar a acusaciones terribles de autoritarismo ¡°chavista¡±. Pero si el Gobierno no se lo toma en serio, ser¨¢ cada vez m¨¢s d¨¦bil. Si no hay punto y aparte, mejor un punto final que un punto y seguido.