Proteger a los menores en la Red

El Consejo de Ministros aprob¨® el martes el anteproyecto de ley org¨¢nica para la protecci¨®n digital de los menores, el paso m¨¢s importante que se da en Espa?a para garantizar sus derechos y evitar los potenciales da?os asociados a un mundo virtual que ocupa buena parte de sus vidas. La edad media a la que un menor accede a su primer m¨®vil se sit¨²a en los 11 a?os, un 95% de los adolescentes tiene acceso a internet y un 98,5% act¨²a en las redes. Desde 2010, adem¨¢s, se ha duplicado el tiempo que pasan conectados, por lo que minimizar los riesgos que supone para ellos el empleo de las tecnolog¨ªas es crucial.

El anteproyecto, en el que han colaborado cuatro ministerios de los dos socios del Ejecutivo, tiene un amplio camino por delante en el que podr¨¢ ser perfeccionado y negociado con todos los implicados. Acierta al ser m¨¢s garantista que prohibicionista, pero, sobre todo, llena un vac¨ªo en un terreno en el que la legislaci¨®n siempre va por detr¨¢s de la tecnolog¨ªa y de los intereses de empresas que est¨¢n entre las m¨¢s poderosas del planeta.

Dos de las cuestiones que medir¨¢n la eficacia de la ley son, al tiempo, las que m¨¢s dificultades plantean. El texto obliga a los fabricantes de dispositivos con conexi¨®n a internet a incluir por defecto herramientas de control parental. El Ejecutivo tendr¨¢ pues que negociar ¡ªtambi¨¦n a nivel comunitario¡ª con firmas que no siempre tienen su sede en Espa?a ni en la UE. Otro tanto ocurre con el establecimiento de sistemas de comprobaci¨®n de la edad para evitar que los menores puedan acceder a contenidos pornogr¨¢ficos o violentos. La Agencia de Protecci¨®n de Datos comenz¨® en diciembre a desarrollar una herramienta de verificaci¨®n que, en principio, iba a estar lista este verano, pero su implantaci¨®n se vincula ahora al desarrollo del reglamento europeo sobre identidad digital porque es fundamental que esa verificaci¨®n no colisione con el derecho a la privacidad. El hecho de que ning¨²n pa¨ªs haya sido capaz por el momento de crear un sistema verdaderamente efectivo no hace m¨¢s que subrayar la urgencia de su desarrollo.

La norma prev¨¦ tambi¨¦n las controvertidas limitaciones del uso de m¨®viles en los colegios, algo que en la pr¨¢ctica todas las comunidades ya han regulado siguiendo la propuesta del Consejo Escolar del Estado. En el ¨¢mbito sanitario, se incluye entre las revisiones pedi¨¢tricas obligatorias un chequeo m¨¢s para detectar adicciones o situaciones de riesgo, loable prop¨®sito siempre que vaya acompa?ado de la ampliaci¨®n de recursos en un pa¨ªs con notables carencias en la atenci¨®n psiqui¨¢trica infantil y juvenil. Sanidad y educaci¨®n son competencias auton¨®micas, por lo que Gobierno y comunidades tendr¨¢n que pactar su aplicaci¨®n y evitar que sea un motivo de enfrentamiento entre administraciones.

Medidas como elevar de 14 a 16 a?os la edad m¨ªnima para registrarse en redes sociales o los cambios en el C¨®digo Penal para establecer ¨®rdenes de alejamiento virtual, agravar las condenas por utilizar identidades falsas o penar las falsificaciones (deepfakes) de contenido sexual o vejatorio deben ser celebradas. Nadie duda de la importancia de garantizar la seguridad de los menores en el mundo digital. Est¨¢ en manos de todos los implicados conseguir que as¨ª sea, tambi¨¦n legalmente.