Deberes para el Estado de derecho
El informe de la Comisi¨®n Europea es un buen guion para la regeneraci¨®n que busca el Gobierno y un ant¨ªdoto contra la tendencia apocal¨ªptica de?la?oposici¨®n
Despu¨¦s de a?os apercibiendo a Espa?a por el bloqueo del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), la Comisi¨®n Europea ha destacado en su informe anual sobre el Estado de derecho en la UE, publicado este mi¨¦rcoles, el ¡°avance significativo¡± que ha supuesto el acuerdo entre el PSOE y el Partido Popular para renovarlo. La situaci¨®n, provocada por la negativa del PP a pactar la renovaci¨®n, hab¨ªa derivado en una crisis institucional que constitu¨ªa una ¡°preocupaci¨®n cr¨ªtica¡± en Bruselas por su efecto en el deterioro de la justicia.
Es el quinto a?o que la Comisi¨®n lanza el informe en el que toma la temperatura a la salud democr¨¢tica de los Veintisiete. Espa?a est¨¢ en la media, pero Bruselas, tras destacar el logro de la renovaci¨®n del CGPJ, se?ala varios puntos d¨¦biles. Si el par¨®n en la legislatura congel¨® el avance en una regulaci¨®n sobre lobbies, tampoco se ha mejorado en robustecer la transparencia y el acceso a la informaci¨®n mediante la revisi¨®n de la ley de secretos oficiales.
Adem¨¢s, el Ejecutivo comunitario expresa de nuevo su preocupaci¨®n por el uso excesivo de procedimientos de urgencia a la hora de aprobar leyes, recomienda a Espa?a que disocie en el tiempo los mandatos del fiscal general del Estado y del Gobierno y alerta, como el a?o pasado, del ¡°riesgo¡± de que las declaraciones p¨²blicas de los pol¨ªticos sobre los jueces afecten a la confianza en la independencia judicial, aunque no deja de se?alar que ¡°los ¨®rganos jurisdiccionales no son inmunes a las cr¨ªticas ni al escrutinio¡±.
Pese a las presiones de las derechas espa?olas, el Ejecutivo comunitario no hace ninguna valoraci¨®n de la ley de amnist¨ªa: la norma sigue pendiente del an¨¢lisis de los t¨¦cnicos jur¨ªdicos de la Comisi¨®n, que deber¨¢n establecer si es acorde a las reglas y tratados de la UE. El informe de Bruselas se limita a describir la ley, a constatar la controversia que ha rodeado su tramitaci¨®n y a recordar el dictamen de la Comisi¨®n de Venecia.
Lo que s¨ª hace es recoger los desaf¨ªos, ¡°cada vez mayores¡±, a los que se enfrentan los periodistas, sometidos al acoso y la intimidaci¨®n de los poderosos para que dejen de hacer su trabajo. No en vano, el informe se hace eco de varias alertas lanzadas por la plataforma para la libertad de prensa vinculada al Consejo de Europa, entre ellas, la que denunciaba las amenazas y la publicaci¨®n de datos personales de informadores de EL PA?S y de eldiario.es por parte de Miguel ?ngel Rodr¨ªguez, jefe de Gabinete de la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel D¨ªaz Ayuso.
En pleno debate sobre las medidas de ¡°regeneraci¨®n democr¨¢tica¡± anunciadas la semana pasada por Pedro S¨¢nchez, Bruselas destaca que no se han puesto los medios para aumentar la transparencia en la asignaci¨®n de la publicidad institucional y evitar as¨ª su uso con fines partidistas. Ese es uno de los elementos, en l¨ªnea con el Reglamento europeo de medios, que debe aplicar obligatoriamente el Gobierno.
Frente a lo que afirman los profetas del desastre, Espa?a sigue cumpliendo los est¨¢ndares que la sit¨²an como una democracia avanzada. Cada a?o la Comisi¨®n Europea le pone deberes para garantizar los derechos de los ciudadanos. Su informe es un buen plan de trabajo, un ant¨ªdoto tanto contra la complacencia del Gobierno como contra la grandilocuencia apocal¨ªptica de la oposici¨®n.
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