La justicia en el banquillo: Pinochet, Garz¨®n y la independencia judicial

Este mes marca el 25? aniversario del fin del hist¨®rico proceso judicial contra Augusto Pinochet. La dictadura de Pinochet se caracteriz¨® por la comisi¨®n de cr¨ªmenes contra la humanidad seguidos de una ley de amnist¨ªa que proteg¨ªa a los autores frente la justicia chilena. La b¨²squeda de justicia por parte de las v¨ªctimas y familiares en tribunales extranjeros, incluyendo Espa?a, llev¨® al juez Baltasar Garz¨®n a pedir al Reino Unido la extradici¨®n de Pinochet. Este litigio innovador en derechos humanos llev¨® a la C¨¢mara de los Lores a decidir que los exdictadores no son inmunes a la persecuci¨®n penal: concluyeron que Pinochet pod¨ªa ser extraditado. Este caso molde¨® los est¨¢ndares de justicia internacional y merm¨® las garant¨ªas de impunidad de las que dependen los dictadores.

La aclamaci¨®n internacional al juez Garz¨®n por su rol y contribuci¨®n decisiva en el caso Pinochet contrasta con la posterior persecuci¨®n en su propio pa¨ªs, simplemente por seguir haciendo su trabajo. Casi 10 a?os despu¨¦s del caso Pinochet, en octubre de 2008, un expediente que alegaba atrocidades perpetradas durante el r¨¦gimen franquista ¡ªcr¨ªmenes que no se hab¨ªan investigado y siguen sin investigarse¡ª cay¨® en manos del juez. Siguiendo el ejemplo brit¨¢nico, Garz¨®n decidi¨® que las leyes nacionales deben interpretarse considerando los est¨¢ndares internacionales de derechos humanos y determin¨® que la ley de amnist¨ªa no pod¨ªa coartar derechos b¨¢sicos como el derecho a la verdad sobre el paradero de personas desaparecidas.

Si bien la discrepancia sobre interpretaciones de las leyes es com¨²n entre jueces, la cruda realidad es que el pseudosindicato Manos Limpias ¨Dvinculado a la ultraderecha¨D, con la validaci¨®n del Tribunal Supremo, se aprovech¨® de la definici¨®n difusa del delito de prevaricaci¨®n (art. 404 del C¨®digo Penal) para iniciar un proceso penal contra el magistrado. Garz¨®n fue relegado del banco del juez al banquillo de los acusados en una deplorable instrumentalizaci¨®n del derecho.

La reacci¨®n internacional de condena de dicha decisi¨®n no impidi¨® el inicio de un segundo proceso penal por prevaricaci¨®n contra Garz¨®n, esta vez, relacionado con su decisi¨®n en el caso G¨¹rtel, que implicaba al Partido Popular. De nuevo, Garz¨®n fue perseguido por su interpretaci¨®n del derecho, pese a que actu¨® de buena fe y sus decisiones eran razonables y estaban motivadas. Despu¨¦s de a?os de litigio, Garz¨®n fue absuelto del caso relativo al franquismo y condenado por su decisi¨®n en el caso G¨¹rtel. Los largos procesos penales terminaron con su carrera judicial, lo que cre¨® el riesgo de que otros jueces se amedrentaran en casos altamente politizados.

El juez convertido en acusado asumi¨® el rol de denunciante. Parad¨®jicamente, conoc¨ª a Garz¨®n en 1998, mientras trabajaba en el caso Pinochet (por parte de Human Rights Watch), y 10 a?os despu¨¦s me encontraba represent¨¢ndole en su propio caso.

En Baltasar Garz¨®n vs Espa?a, frente al Comit¨¦ de Derechos Humanos de las Naciones Unidas (CDHNU) impugnamos su destituci¨®n y persecuci¨®n penal como vulneraciones de sus derechos bajo el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Pol¨ªticos (vinculante para Espa?a), y como ataque a la independencia judicial. El 25 de agosto de 2021, el CDHNU emiti¨® una decisi¨®n sin precedentes, en la que concluy¨® que ambos procesos penales contra Garz¨®n fueron ¡°arbitrarios¡±, carentes de imparcialidad, y que se le hab¨ªa negado el derecho a un juicio justo. Es m¨¢s, el CDHNU estableci¨® que Espa?a deb¨ªa reparar ¨ªntegramente a Garz¨®n. De acuerdo con el derecho internacional, esto implica la restituci¨®n del juez a su posici¨®n, compensaci¨®n, extinci¨®n de su expediente penal y garant¨ªas de no repetici¨®n.

Hasta la fecha, el Gobierno espa?ol ha ignorado las demandas de reparaci¨®n. De hecho, el relator especial del CDHNU ha publicado un informe en el que destaca la falta total de implementaci¨®n de la decisi¨®n. Esta actitud deja a Garz¨®n desamparado y sin reparaci¨®n, y refleja una clara falta de voluntad de afrontar los d¨¦ficits subyacentes en cuanto a la independencia judicial en el pa¨ªs. El informe anual de la Comisi¨®n Europea sobre el Estado de derecho de 2024, informes de relatores especiales en independencia judicial y ONG avalan esta conclusi¨®n.

La inacci¨®n de Espa?a, que menoscaba la posici¨®n del CDHNU, lanza adem¨¢s un peligroso mensaje frente a una ola global de ataques contra la independencia judicial. Hungr¨ªa, T¨²nez, Turqu¨ªa, Israel, Guatemala y El Salvador, entre otros, son recordatorios constantes de las profundas implicaciones para las democracias que se toman a la ligera la independencia judicial, el Estado de derecho y los derechos humanos.

Si adem¨¢s tomamos en cuenta los cr¨ªmenes de guerra y contra la humanidad que ocurren en todo el mundo ¡ªen especial en Oriente Pr¨®ximo, Ucrania y Sudan¡ª, la importancia de contar con sistemas judiciales nacionales independientes, apoyados por sistemas internacionales, es a¨²n m¨¢s evidente.

Esto nos lleva de nuevo al caso Pinochet. La contribuci¨®n hist¨®rica de los tribunales madrile?os y londinenses tuvo lugar gracias al trabajo de jueces independientes, decididos y capaces de aplicar la ley sin miedo a represalias. Lo que le aconteci¨® al juez Garz¨®n cuando hizo lo mismo en Espa?a tiene que ser abordado y remediado. Alzarnos para defender una independencia judicial bajo creciente ataque va en el inter¨¦s de todos.