Las acusaciones an¨®nimas son el s¨ªntoma de un fracaso

El caso Errej¨®n muestra despiadadamente todas sus aristas, reabre viejos debates pendientes y evidencia algunos fracasos. Entre estos ¨²ltimos, uno de los que m¨¢s impacto tiene apunta a la pertinencia o perversi¨®n de las acusaciones an¨®nimas en redes sociales, una muestra m¨¢s de que algo est¨¢ fallando; en este caso, los mecanismos que ya existen para que las mujeres puedan denunciar. Es conocido que los obst¨¢culos son muchos: miedo a no ser cre¨ªda, presi¨®n social en contra, estigmatizaci¨®n, un sistema hostil, etc. Tanto que, seg¨²n la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer, s¨®lo el 8% de las mujeres que han sufrido violencia de g¨¦nero acuden a una comisar¨ªa a denunciar. Es imprescindible conocer en profundidad estas barreras y conseguir levantarlas, as¨ª como indagar si las cifras de condenas por delitos sexuales son acordes a la realidad. Los datos de 2022 y 2023 muestran que llegan a los tribunales menos de 20.000 denuncias al a?o, de las que apenas una quinta parte, 4.000, tienen sentencias condenatorias, y el 60% de ellas son inferiores a dos a?os de prisi¨®n. Urge, por tanto, evaluar la eficacia de las medidas y pol¨ªticas p¨²blicas que se han puesto en marcha contra la violencia de g¨¦nero, incluidas las referentes a canales de denuncia y su respuesta por parte de los tribunales. Para esto es fundamental empezar por contar con datos suficientes, por lo que sorprende que la Macroencuesta de Violencia contra la Mujer s¨®lo se realice cada cinco a?os, un plazo que se convierte en una eternidad cuando lo que est¨¢ amenazado son los cuerpos y las vidas de las mujeres.

As¨ª y todo, aunque existieran estos datos y la Administraci¨®n revisara sus errores y carencias, con esto no ser¨ªa suficiente. Sabemos que la lucha contra la violencia de g¨¦nero ha de ser tarea del conjunto de la sociedad y debe permear a todos sus rincones. Como tristemente se est¨¢ poniendo de manifiesto estos d¨ªas, uno de los actores m¨¢s importantes, los partidos pol¨ªticos, no son ejemplo a seguir en esta materia. La ley de paridad aprobada recientemente les obliga a poner en marcha un plan de igualdad y un protocolo antiacoso, pero pocos disponen a¨²n de ello. Previamente a la entrada en vigor de dicha ley, tampoco ten¨ªan previstas estas acciones en sus estructuras, y otros mecanismos como los canales de denuncias generalistas ni destacan por su eficacia ni contemplan espec¨ªficamente los casos de acoso y violencia machista. Hoy hay que celebrar que sea algo obligatorio que los partidos dispongan de planes de igualdad y protocolos antiacoso, y ser¨ªa deseable que la pol¨¦mica de estos d¨ªas les instara a reaccionar con celeridad y la m¨¢xima exigencia.

Por otro lado, en Espa?a todas las empresas, sean del tama?o que sean, tienen la obligaci¨®n de arbitrar procedimientos espec¨ªficos para la prevenci¨®n del acoso sexual, as¨ª como protocolos para gestionar las denuncias o reclamaciones que puedan formular quienes hayan sido v¨ªctimas de estas conductas machistas. Si no se eval¨²a y se hace seguimiento, con personas responsables del mismo, se convierten en burocracia, en un informe o impreso m¨¢s que presentar ante la Administraci¨®n, pero muy lejos de cumplir la funci¨®n con la que naci¨®.

Cualquier organizaci¨®n, grande o peque?a, deber¨ªa tener hoy protocolos de prevenci¨®n, detecci¨®n y gesti¨®n de los casos de acoso y violencia machista. Y todas ellas deber¨ªan evaluar peri¨®dicamente su funcionamiento para detectar las carencias, diagnosticar los problemas que preexisten y poder solventarlos. ?Por qu¨¦ iban las mujeres a acudir a un mensaje an¨®nimo en una red social si encontraran los cauces adecuados que les dieran garant¨ªas?

Como esto no es as¨ª, aparecen iniciativas que recogen acusaciones ¡ªque no denuncias¡ª an¨®nimas, no exentas de pol¨¦mica. Se suele aludir a estos mecanismos como forma de situar en el debate p¨²blico una realidad que no siempre llega a las comisar¨ªas ni a los juzgados. Sin embargo, esa visibilidad se suele obtener generalmente tan s¨®lo cuando el supuesto agresor es un personaje conocido, de relevancia p¨²blica, que por unos u otros mecanismos es identificado como tal. No ocurre as¨ª cuando el aludido es alguien an¨®nimo, en cuyo caso es dif¨ªcil que genere ninguna reacci¨®n. Podr¨ªa pensarse que, no obstante, esas plataformas podr¨ªan servir para dar a conocer, mediante relatos personales, esta realidad opacada y a menudo en penumbra que es la del acoso, las agresiones y la violencia de g¨¦nero. Si as¨ª fuera, lo que har¨ªan estas acusaciones an¨®nimas ser¨ªa situar no tanto la antesala de una denuncia o de un esc¨¢ndalo social, sino una imagen a modo de fotograf¨ªa social de la violencia machista, una suerte de testimonio colectivo que desvelara una realidad escondida. Esto, que en ocasiones y con una metodolog¨ªa definida se utiliza en investigaci¨®n en ciencias sociales, en s¨ª mismo ser¨ªa de un enorme valor, pero obligar¨ªa a garantizar el anonimato tanto de quien acusa como de quien es acusado, garantizando que ni iniciales, ni datos personales como su empleo son desvelados.

El debate adquiere mayor importancia si, como han ido argumentando distintas juristas en los ¨²ltimos d¨ªas, las acusaciones an¨®nimas pueden ser un coladero de acusaciones falsas, algunas incluso con la perversa intenci¨®n de mostrar que, en efecto, existen falsas acusaciones; un precio demasiado caro si se asume el descr¨¦dito que puede generar para todo el movimiento feminista y para quienes luchan a diario contra la violencia machista. ?Qu¨¦ pasar¨ªa si un l¨ªder de la extrema derecha colara una acusaci¨®n falsa para demostrar que, en efecto, existen las falsas acusaciones?

As¨ª las cosas, existe el riesgo de que se cree un clima que aliente a las mujeres a enviar acusaciones an¨®nimas a estos espacios en lugar de denunciar en la comisar¨ªa. A este respecto, cabe recordar que estas plataformas, dada su naturaleza, siguen siendo espacios de impunidad para el supuesto agresor, quien no encuentra pena alguna si no media denuncia, como tampoco las v¨ªctimas encontrar¨¢n all¨ª reparaci¨®n. Por si fuera poco, y como se est¨¢ viviendo estos d¨ªas, este tipo de din¨¢micas no ayudan a distinguir lo que es delito de lo que no, y acaban provocando reacciones de trazo grueso que se deslizan peligrosamente hacia un puritanismo que nada tiene que ver con el pensamiento feminista. No conviene, por tanto, alentar a las mujeres a acudir a plataformas de acusaciones an¨®nimas en lugar de a los juzgados, sino remover todos los obst¨¢culos que existen para que as¨ª lo hagan.

Lamentablemente, conocemos a diario situaciones de acoso y violencia machista en todos sus grados. El sistema tiene la obligaci¨®n de dar respuesta y poner todos los medios para que las mujeres conf¨ªen en ¨¦l, empezando por preguntarse qu¨¦ necesidad tienen ellas de emitir acusaciones an¨®nimas que, salvo en casos de notoriedad p¨²blica, no van a ning¨²n lado, en lugar de acudir a los procedimientos que cualquier organizaci¨®n, p¨²blica o privada, pone a su disposici¨®n. Preguntarse por qu¨¦ esas mujeres no sienten estos lugares como espacios seguros, y poner remedio, es hoy una prioridad. Ojal¨¢ el caso Errej¨®n sirva, al menos, para eso.