Ayudas p¨²blicas para la prensa

La aprobaci¨®n por parte del Gobierno de ayudas a los medios de comunicaci¨®n por valor de 124,5 millones de euros es un paso m¨¢s del Plan de Acci¨®n por la Democracia. El Ejecutivo las justifica en que el mercado de los medios sufre fallos que est¨¢n erosionando el derecho fundamental de la ciudadan¨ªa a recibir informaci¨®n veraz, que es ¡°el fundamento para la formaci¨®n de una opini¨®n p¨²blica libre¡±.

Las ayudas se dirigen a impulsar la digitalizaci¨®n de los medios para tratar de asegurar la pluralidad preservando la competitividad de la prensa rigurosa, cuyo trabajo se ve penalizado en internet hasta el punto de impedirle competir en igualdad de condiciones. Los motores de b¨²squeda y las redes sociales han absorbido buena parte de la inversi¨®n publicitaria (el 50% en Espa?a), y esas plataformas, en su apuesta por las audiencias masivas, privilegian a medios digitales abonados al clickbait y los bulos.

El problema no solo ha sido detectado por las autoridades espa?olas, sino tambi¨¦n por las comunitarias, que en marzo aprobaron la Ley Europea de Libertad de los Medios de Comunicaci¨®n, de obligado cumplimiento para los Veintisiete a partir de agosto de 2025. Ese reglamento busca proteger el trabajo de los periodistas, defender la transparencia sobre la propiedad de los medios, garantizar la asignaci¨®n equitativa de la publicidad institucional y proteger las cabeceras europeas frente a las grandes plataformas.

Si el menoscabo del derecho a la informaci¨®n no es un asunto exclusivamente nacional, tampoco lo son las potenciales soluciones: las ayudas directas a los medios no son una rareza en el continente. Pa¨ªses como Francia, Italia, Suecia o Austria las han activado por entender que es un mecanismo ¨²til para fomentar el pluralismo y evitar el deterioro de la democracia. Seg¨²n un informe encargado por la Comisi¨®n Europea, los pa¨ªses de la UE han asignado 1.320 millones de euros a este concepto, aparte de la publicidad institucional y las reducciones de IVA. Espa?a era de los pocos pa¨ªses de la Uni¨®n sin un mecanismo similar. Ni siquiera mediante el uso de los fondos Next Generation, implementados para hacer frente a las secuelas econ¨®micas de la pandemia.

Uno de los segmentos que m¨¢s sufren el fallo del mercado ¡ªagravado por la propia pandemia¡ª es el de los medios impresos, que basan parte de su viabilidad en la distribuci¨®n de ejemplares de papel y necesitan redacciones bien dotadas para alimentarlos de noticias contrastadas. Es comprensible, pues, que la partida que le asigna el Gobierno (65 millones) sea la mayor de los seis programas ¡ªdedicados a la ciberseguridad, los datos o la Inteligencia artificial¡ª del nuevo plan.

Estas ayudas son un primer paso que no puede hacer olvidar otros problemas estructurales. La irrupci¨®n de nuevos formatos de transmisi¨®n de la informaci¨®n ha obligado a una compleja reconversi¨®n para responder tanto a la ruptura del mercado publicitario como a la p¨¦rdida de poder negociador de las empresas editoras frente a colosales plataformas digitales como Google y Meta, con sede fuera de la UE. A ello se suma el hecho de que cada vez m¨¢s ciudadanos se consideren suficientemente informados a trav¨¦s de redes como TikTok o X, que igualan ¡ªcuando no desprecian, como es el caso de la de Elon Musk¡ª los contenidos de medios rigurosos con productos dise?ados para la viralidad mediante un ingrediente letal para la democracia: la desinformaci¨®n.