Igualdad y pluralidad

El Consejo de Ministros aprob¨® este martes el Anteproyecto de Ley Org¨¢nica para la Ampliaci¨®n y Fortalecimiento de las Carreras Judicial y Fiscal que persigue la modernizaci¨®n de la carrera judicial. La reforma, la de mayor calado desde 1985, actualiza el sistema para acceder a las plazas de jueces y fiscales a trav¨¦s de una reformulaci¨®n de las oposiciones. Una de las novedades atiende al clamor sobre la necesidad de replantear las pruebas de acceso con varias novedades, entre ellas, la que pretende atajar la incomprensi¨®n expositiva de muchas sentencias: habr¨¢ una prueba escrita basada en un caso pr¨¢ctico y tendr¨¢ car¨¢cter an¨®nimo. La Justicia tiene que ser comprensible para los ciudadanos a los que se les administra.

Hay otras medidas de refuerzo a la igualdad de oportunidades y a la transparencia en el proceso de selecci¨®n. Las becas SER? ¡ªque van a equipararse al SMI¡ª tendr¨¢n blindaje legal y se crear¨¢ un registro p¨²blico de los jueces y magistrados que act¨²an como preparadores de los opositores para acabar con una pr¨¢ctica muy extendida: el cobro en negro por parte de esos preparadores.

El Gobierno pretende incrementar adem¨¢s la plantilla de jueces y, para ello, plantea agilizar el acceso por el denominado cuarto turno. La ley vigente prev¨¦ que el 25% de los jueces (de ah¨ª el nombre) debe proceder del turno reservado a juristas con un m¨ªnimo de 15 a?os de ejercicio. Sin embargo, de los m¨¢s de 5.400 jueces que hay en Espa?a, solo un 9% ha accedido a la carrera por esta v¨ªa.

La reforma persigue adem¨¢s garantizar la independencia del poder judicial, y su imparcialidad, actualizando la f¨®rmula de elecci¨®n de las salas de gobierno, ahora poco representativas de la diversidad de la carrera pese a su relevancia. En esos ¨®rganos es donde se toman las decisiones organizativas y administrativas de los tribunales. Por eso se plantea un cambio en los procesos de elecci¨®n ¡ªun solo voto por elector, incorporaci¨®n del voto telem¨¢tico, prohibici¨®n del voto delegado y reducci¨®n de los mandatos de cinco a tres a?os¡ª que puede ser un primer paso para acabar con el sesgo claramente conservador que existe en pr¨¢cticamente todos esos puestos. En la actualidad, un 97% de estas salas est¨¢n controladas por las asociaciones conservadoras.

A diferencia de la controvertida proposici¨®n de ley registrada recientemente por el grupo socialista en el Congreso sobre la acusaci¨®n popular, el anteproyecto impulsado por el Ministerio de Justicia ser¨¢ sometido a un amplio itinerario entre los ¨®rganos consultivos antes de ser aprobado en segunda vuelta en el Consejo de Ministros para su env¨ªo a las Cortes. Su tramitaci¨®n, con todo ese recorrido y con la profundidad que requiere una reforma de este calado, brinda una gran oportunidad para abrir el necesario debate sobre el modelo de judicatura que necesita la Espa?a contempor¨¢nea. El sistema actual de acceso a la carrera sigue anclado en el pasado y no ha incorporado garant¨ªas de neutralidad que existen desde hace a?os en otras oposiciones. La m¨¢s b¨¢sica, el anonimato sobre qui¨¦n es el aspirante a una plaza.

A la espera de los cambios, matices y aportaciones de los diferentes grupos parlamentarios, con esta reforma estructural el Gobierno da un paso para adaptar el acceso a la judicatura y a la fiscal¨ªa a las exigencias de igualdad de oportunidades y transparencia propias del siglo XXI. Y para dotar de un mayor n¨²mero de profesionales a un poder del Estado muy necesitado de agilidad y de sinton¨ªa con la compleja sociedad a la que se dirige.