Ya basta: se debe terminar con la mercantilizaci¨®n de los servicios p¨²blicos

La pandemia de covid-19 ha expuesto las nefastas consecuencias de d¨¦cadas de privatizaci¨®n y mercantilizaci¨®n. De un d¨ªa para otro, vimos hospitales desbordados, personal sanitario sin equipo de protecci¨®n, asilos convertidos en morgues, esperas de semanas para acceder a las pruebas y escuelas que se esfuerzan para conectar con ni?os confinados en sus casas. Durante todo este tiempo, se instaba a la gente a quedarse en casa, cuando en realidad muchos no ten¨ªan una vivienda adecuada ni acceso a agua y saneamiento, ni protecci¨®n social.

Necesitamos un cambio radical de direcci¨®n. D¨¦cadas de transferir la provisi¨®n de bienes y servicios sociales a entes privados ha resultado, a menudo, en ineficiencia, corrupci¨®n, disminuci¨®n de la calidad, aumento de los costos y el consiguiente endeudamiento de los hogares. Los pobres han sido marginados y se ha socavado el valor social de necesidades b¨¢sicas como la vivienda y el agua.

Hubo un rayo de esperanza cuando de repente en medio de la crisis, la gente empez¨® a reconocer la centralidad de los servicios p¨²blicos para el funcionamiento de la sociedad. ¡°Lo que esta pandemia revel¨® es que hay bienes y servicios que deben ser colocados fuera de las leyes del mercado¡±, resumi¨® el presidente franc¨¦s Emmanuel Macron. Pero m¨¢s all¨¢ de las declaraciones pol¨ªticas, hay signos preocupantes de que esto no ha sido m¨¢s que retorica.

Miren lo que sucede con el agua, un bien a¨²n m¨¢s vital ahora cuando lavarse las manos es la mejor manera de protegerse del virus. Alrededor de 4.000 millones de personas en el mundo experimentan una grave escasez de agua durante al menos un mes del a?o.?Es el caso, por ejemplo, de la provincia chilena de Petorca debido al uso excesivo de agua por parte de las empresas de aguacates que operan en la zona.?Cuando el Ministerio de Salud decidi¨® aumentar la asignaci¨®n diaria de agua a 100 litros por persona, apenas ocho d¨ªas despu¨¦s revoc¨® la decisi¨®n, poniendo los intereses de las empresas privadas por encima de los derechos de su poblaci¨®n.

?Y qu¨¦ hay de la tan esperada vacuna??Reconociendo que no se puede confiar en las fuerzas del mercado, m¨¢s de 140 l¨ªderes y expertos mundiales han llamado a los gobiernos e instituciones internacionales para garantizar que las pruebas, tratamientos y vacunas de covid-19 se pongan a disposici¨®n de todos sin costo alguno.?Sin embargo, esto parece poco realista, las compa?¨ªas farmac¨¦uticas contin¨²an compitiendo para tener la primera vacuna y venderla al mejor postor.

El sector de la educaci¨®n tambi¨¦n se ha visto afectado.?A pesar de que cientos de escuelas privadas decepcionaron a sus estudiantes y personal durante la crisis, el Banco Mundial mantiene su posici¨®n de que los sistemas privatizados y las soluciones de mercado deben promoverse a toda costa.?Se trata de una recomendaci¨®n especialmente influyente, cuando los pa¨ªses de bajos ingresos se est¨¢n endeudando.

El mantra mundial de practicar la ¡°sana distancia¡± para evitar la propagaci¨®n del coronavirus carece de sentido para los 1.600 millones de personas que habitan viviendas inadecuadas, y para el 2% de la poblaci¨®n mundial que no tiene hogar.?Peor a¨²n, en el ¨¢mbito de la vivienda, la mayor¨ªa de los gobiernos parecen no estar dispuestos a regular a los actores financieros que han ayudado a crear estas condiciones. La financializaci¨®n de la vivienda ha resultado en un aumento de los alquileres, desalojo de inquilinos de bajos ingresos, falta de mantenimiento y al acaparamiento de unidades vac¨ªas para aumentar sus beneficios. Los efectos son a¨²n m¨¢s graves en el contexto de la pandemia.

Con la mercantilizaci¨®n de bienes y servicios p¨²blicos, los gobiernos no est¨¢n cumpliendo sus obligaciones en materia de derechos humanos.?Los titulares de derechos se transforman en clientes de empresas privadas que solo buscan la maximizaci¨®n de los beneficios y que rinden cuentas solo a sus accionistas.?Esto afecta nuestras democracias, exacerba las desigualdades y genera una segregaci¨®n social insostenible.

Somos seis expertos independientes de las Naciones Unidas, actuales y antiguos Relatores Especiales de derechos humanos. En esta capacidad queremos compartir este mensaje: tomarse en serio los derechos humanos requiere abandonar la idea de que los Estados pasen a un segundo plano frente a los entes privados. Se necesitan alternativas.?Ha llegado el momento de decirlo alto y claro: la mercantilizaci¨®n de la salud, la educaci¨®n, la vivienda, el agua, el saneamiento y otros bienes y servicios relacionados con los derechos humanos excluye a los m¨¢s pobres y puede dar lugar a violaciones de los derechos humanos.

Las obligaciones de derechos humanos no cesan para los Estados cuando delegan bienes y servicios b¨¢sicos en empresas privadas y en el mercado, menos cuando lo hacen en condiciones que socavan la satisfacci¨®n de derechos y los medios de vida de muchas personas. Asimismo, es necesario que las organizaciones multilaterales, como el Banco Mundial y el Fondo Monetario Internacional, dejen de imponer a los pa¨ªses la privatizaci¨®n de los servicios p¨²blicos.

Hacemos un llamado tambi¨¦n a todos los que est¨¢n comprometidos con los derechos humanos para que comiencen a abordar las consecuencias de la privatizaci¨®n. As¨ª como algunas organizaciones de derechos humanos han empezado a alertar sobre la necesidad de sistemas fiscales justos, es hora de buscar que los responsables de las consecuencias nefastas de la privatizaci¨®n rindan cuentas. Los derechos humanos pueden ayudar a articular el tipo de bienes y servicios p¨²blicos que queremos: participativos, transparentes, sostenibles, responsables, no discriminatorios y que sirvan al bien com¨²n.

Estamos en una emergencia. Probablemente esta pandemia ser¨¢ la primera de una serie de grandes crisis que nos esperan, gatilladas por la emergencia clim¨¢tica. Nos acercamos a la conmemoraci¨®n del D¨ªa Internacional para la Erradicaci¨®n de la Pobreza, inmersos en una recesi¨®n econ¨®mica sin precedentes desde la Gran Depresi¨®n. Se espera que la crisis de covid-19 empuje a otros 176 millones de personas a la pobreza. Cada una de ellas puede ver violados sus derechos humanos a menos que se produzca un cambio dr¨¢stico de modelo y se invierta en servicios p¨²blicos de calidad. No hay normalidad a la que volver.

Firman: Juan Pablo Bohoslavsky, ex experto independiente ONU sobre deuda externa y derechos humanos; Koumba Boly Barry, Relatora Especial ONU sobre el derecho a la educaci¨®n; Olivier De Schutter, Relator Especial ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos; ex Relator Especial sobre el derecho a la alimentaci¨®n; Leilani Farha, Ex Relatora especial ONU sobre la vivienda adecuada; L¨¦o Heller, Relator Especial ONU sobre el derecho al agua potable y al saneamiento; Magdalena Sep¨²lveda Carmona, Ex Relatora Especial ONU sobre la extrema pobreza y los derechos humanos.

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