La petici¨®n de 25 a?os para Oriol Junqueras amenaza los Presupuestos

Si el Gobierno pretend¨ªa una soluci¨®n salom¨®nica en la causa del proc¨¦s, logr¨® algo a¨²n m¨¢s dif¨ªcil: una tormenta pol¨ªtica con cr¨ªticas a los dos lados. La decisi¨®n del Ejecutivo de suavizar la acusaci¨®n de la abogac¨ªa del Estado, que no ve rebeli¨®n en la actuaci¨®n de los l¨ªderes del proc¨¦s pero s¨ª sedici¨®n, no logr¨® aplacar a los independentistas y provoc¨® acusaciones de traici¨®n de la oposici¨®n. La petici¨®n de la fiscal¨ªa de 25 a?os de c¨¢rcel para el exvicepresident Oriol Junqueras y otros procesados provoc¨® un estallido de la pol¨ªtica catalana y espa?ola que amenaza la estabilidad del Gobierno y forzar el final anticipado de la legislatura.

La Fiscal¨ªa del Tribunal Supremo no se ha movido ni un mil¨ªmetro de la acusaci¨®n que hizo hace un a?o, en pleno desaf¨ªo independentista, contra la c¨²pula del proc¨¦s. El ministerio p¨²blico acus¨® ayer formalmente de rebeli¨®n a 13 l¨ªderes independentistas y solicit¨® para algunos de ellos las penas m¨¢s duras previstas para este delito en el C¨®digo Penal cuando en la rebeli¨®n no se hayan esgrimido armas. Oriol Junqueras, al que el ministerio p¨²blico atribuye el papel de principal l¨ªder del proc¨¦s, se enfrenta a una petici¨®n de 25 a?os de c¨¢rcel y otros tantos de inhabilitaci¨®n por un delito de rebeli¨®n agravado con malversaci¨®n de caudales p¨²blicos.

La fiscal¨ªa atribuye tambi¨¦n ambos delitos a los otros cinco exconsejeros de Carles Puigdemont encarcelados preventivamente (Joaquim Forn, Jordi Turull, Josep Rull, Ra¨¹l Romeva, Dolors Bassa), aunque el ministerio p¨²blico les sit¨²a en un segundo nivel de responsabilidad respecto a la rebeli¨®n, lo que les enfrenta a peticiones de penas algo inferiores (16 a?os de c¨¢rcel y de inhabilitaci¨®n), aunque tambi¨¦n muy elevadas.

A los otros tres procesados encarcelados (la expresidenta del Parlament Carme Forcadell, el expresidente de la ANC Jordi S¨¤nchez y el l¨ªder de ?mnium, Jordi Cuixart) la fiscal¨ªa les acusa de rebeli¨®n pero, como no formaban parte del Govern, quedan eximidos de la malversaci¨®n. A¨²n as¨ª, son considerados ¡°promotores o jefes¡± de la rebeli¨®n, por lo que la fiscal¨ªa solicita para ellos m¨¢s pena que para los exconsejeros (17 a?os de c¨¢rcel y de inhabilitaci¨®n).

La gravedad de la acusaci¨®n del ministerio p¨²blico dej¨® en nada el intento del Gobierno de hacer un gesto con el escrito de la abogac¨ªa del Estado, que no acusa de rebeli¨®n sino solo de sedici¨®n. Ese paso del Ejecutivo, que dud¨® mucho en tomar, tuvo el efecto contrario. Indign¨® por motivos contradictorios a la oposici¨®n, que acusa al Gobierno de haber traicionado a los espa?oles al renunciar a la rebeli¨®n, y a los independentistas, que reprochan que en realidad la abogac¨ªa ha endurecido su posici¨®n porque hasta ahora solo acusaba de malversaci¨®n. Lo que para la oposici¨®n es una concesi¨®n intolerable a los independentistas, para ellos es un gesto tan peque?o que es m¨¢s bien una ofensa.

La decisi¨®n del Gobierno, que rechaza cualquier interpretaci¨®n pol¨ªtica y trata todo el asunto como si fuera una simple discusi¨®n t¨¦cnica entre juristas, fue recibida muy mal entre los secesionistas, que amenazan con no aprobar los Presupuestos y, por tanto, forzar en un plazo no muy largo la convocatoria anticipada de elecciones. El Gobierno insiste en que podr¨ªa seguir incluso sin Presupuestos, pero fuentes del entorno del presidente admiten que si no logra aprobar las cuentas en marzo, cuando est¨¢ previsto, la inestabilidad ser¨¢ tan fuerte que el escenario m¨¢s probable en ese momento ser¨ªa el de elecciones en oto?o de 2019. Lo que no est¨¢ de momento encima de la mesa son las elecciones en marzo, el otro escenario posible, antes de las municipales y auton¨®micas. S¨¢nchez y su equipo seguir¨¢n intentando hasta el final pactar los Presupuestos con los independentistas, y solo si fracasan definitivamente, y eso ser¨ªa en marzo o m¨¢s tarde, tomar¨ªan esa decisi¨®n del adelanto electoral.

El independentismo fue muy claro al vincular las decisiones que se adoptaron ayer en los escritos de la fiscal¨ªa y la abogac¨ªa con el probable fracaso de los Presupuestos. ¡°Lamentablemente S¨¢nchez no ha cambiado la l¨ªnea represiva de Mariano Rajoy. No ha habido ni un gesto ni un movimiento por su parte. Por tanto, no habr¨¢ ni un movimiento ni un gesto por nuestra parte¡±, sentenci¨® Pere Aragon¨¨s, el vicepresidente de la Generalitat y hombre fuerte de ERC mientras su l¨ªder, Oriol Junqueras, est¨¦ en la c¨¢rcel.

Los republicanos siempre exigieron que el Gobierno pidiera expresamente a la fiscal¨ªa que retirara la acusaci¨®n de rebeli¨®n, algo que el Ejecutivo se ha negado a hacer. En la misma l¨ªnea, el PDeCAT, cuyos votos tambi¨¦n son imprescindibles para el Presupuesto ¡ªuno de los dos grupos deber¨ªa apoyarlos y otro al menos abstenerse para que salieran adelante¡ª asegur¨® que ¡°el mantenimiento del acoso judicial al movimiento independentista hace imposible mantener alg¨²n tipo de colaboraci¨®n con el Gobierno espa?ol¡±.

A¨²n as¨ª, el Ejecutivo no pierde la esperanza y recuerda que queda mucho tiempo antes de que llegue la negociaci¨®n y la decisi¨®n final, que ser¨¢ en febrero o m¨¢s adelante. El Gobierno parte de la base de que a los independentistas no les interesa adelantar las elecciones ahora. La acusaci¨®n de la fiscal¨ªa, con sus elevadas peticiones de penas, es la que m¨¢s peso jur¨ªdico tiene y la que se considera como principal referencia ante el juicio oral que el Supremo prev¨¦ celebrar a principios de 2019. Pero en esta ocasi¨®n, el escrito de conclusiones provisionales de la Abogac¨ªa del Estado, una acusaci¨®n aparentemente secundaria, ha pasado a primer plano por su enorme significado pol¨ªtico.

En febrero de 2018, la abogac¨ªa (entonces bajo el Gobierno de Mariano Rajoy) se person¨® solo por el delito de malversaci¨®n, aunque durante la causa se adhiri¨® a muchas de las iniciativas de la fiscal¨ªa y en agosto pasado pidi¨® que se abriera juicio oral por rebeli¨®n, malversaci¨®n y desobediencia. El abogado del Estado pod¨ªa haberse limitado en su escrito de ayer a la acusaci¨®n por malversaci¨®n, el delito por el que estaba personado. Pero, entre tiras y afloja de la oposici¨®n y de los partidos separatistas, el Gobierno ha optado por acusar a la c¨²pula independentista de sedici¨®n, un delito que hasta ahora estaba fuera de la causa abierta en el Supremo y que reduce a menos de la mitad las penas de c¨¢rcel que se solicitan para algunos acusados. En el caso de Junqueras, los 25 a?os que pide la fiscal¨ªa bajan a 12 por parte del abogado del Estado.

Tanto la rebeli¨®n por la que apuesta la fiscal¨ªa como la sedici¨®n de la que acusa la abogac¨ªa castigan a los que se ¡°alcen¡± contra las leyes establecidas, pero la rebeli¨®n exige que el levantamiento sea ¡°violento¡± y la sedici¨®n, ¡°tumultuario¡±. Por tanto, la decisi¨®n de acusar por uno u otro delito parte de una diferencia de criterio b¨¢sico: si los l¨ªderes independentistas recurrieron o no a la violencia como medio para intentar declarar la independencia.

La fiscal¨ªa considera que s¨ª y detalla en su escrito una serie de ¡°episodios violentos¡±, que van desde el ¡°asedio¡± a jueces y polic¨ªas durante registros en sedes del Govern, a ¡°agresiones¡± a agentes durante la jornada del refer¨¦ndum del 1 de octubre. La abogac¨ªa del Estado, sin embargo, califica estos mismos hechos como ¡°incidentes de orden p¨²blico¡± y evitar usar el adjetivo violento. Un gesto claro, impensable con el Gobierno de Rajoy, que sin embargo parece condenado a la inutilidad en su objetivo principal: aplacar a los independentistas.