Un pa¨ªs en funciones

Las v¨ªsperas de las Navidades de 2015 marcaron el fin de una ¨¦poca en Espa?a. Casi cuatro d¨¦cadas de alternancia entre las dos grandes fuerzas del centroderecha ¡ªprimero UCD y despu¨¦s el PP¡ª y el centroizquierda, con Gobiernos razonablemente estables y un calendario pol¨ªtico bastante previsible, se derrumbaron el 20 de diciembre de ese a?o. El precario triunfo del PP de Mariano Rajoy en las elecciones celebradas ese d¨ªa y la estruendosa irrupci¨®n de nuevas fuerzas pol¨ªticas abrieron paso a un panorama completamente desconocido y lleno de incertidumbres, cuyas consecuencias llegan hasta hoy. En estos tres a?os y medio, los espa?oles han sido convocados tres veces a las urnas, han visto un Gobierno sostenerse en funciones y sin apoyo parlamentario durante diez meses, as¨ª como a otro Ejecutivo caer por primera vez a trav¨¦s de una moci¨®n de censura asentada en alianzas heterog¨¦neas y dif¨ªcilmente conciliables. En medio de todo eso, Espa?a se ha enfrentado adem¨¢s a la mayor crisis institucional desde el golpe de Estado del 23-F de 1981 por el desaf¨ªo al Estado de los independentistas catalanes.

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Y a pesar de todo, el pa¨ªs no se ha detenido. Los empleados p¨²blicos cobran sus n¨®minas puntualmente, Hacienda recauda sus impuestos y persigue a los defraudadores, hospitales y colegios funcionan como siempre, las grandes obras de infraestructura previamente programadas han seguido adelante y, por parad¨®jico que pueda parecer, la econom¨ªa espa?ola ofrece los resultados m¨¢s positivos de toda la eurozona. La Administraci¨®n del Estado ¡ªy ah¨ª se incluyen los Gobiernos auton¨®micos, m¨¢s inmunes estos a?os a los vaivenes pol¨ªticos¡ª ha demostrado su robustez para permitir que el pa¨ªs siga funcionando a despecho de la fragilidad de los Ejecutivos. Es como si Espa?a se hubiese instalado en una situaci¨®n de normal anormalidad, que puede dilatarse a¨²n m¨¢s por los problemas de Pedro S¨¢nchez para conseguir su investidura cuando ya han transcurrido dos meses desde las ¨²ltimas elecciones.

Esa es la versi¨®n optimista de la historia. Se podr¨ªa completar incluso con el recuerdo de que en los a?os posteriores a la Gran Recesi¨®n los Gobiernos de Espa?a afrontaron reformas de calado ¡ªy no libres de controversia¡ª en aspectos como las pensiones, el mercado de trabajo o el sistema financiero. Pero la sensaci¨®n de provisionalidad en la que vive el pa¨ªs desde aquellas navidades de 2015 no resulta ni mucho menos inocua. La fragmentaci¨®n de los partidos, la polarizaci¨®n entre bloques ideol¨®gicos y la pr¨¢ctica ausencia de un di¨¢logo transversal han impedido avanzar lo m¨¢s m¨ªnimo en reformas que reclaman amplios sectores y que abarcan ¨¢mbitos como las propias instituciones, la econom¨ªa o el medio ambiente. Grandes programas legislativos han ca¨ªdo en el olvido, relevantes ¨®rganos del Estado permanecen sin renovar y proyectos que se antojaban inminentes se han perdido entre cambios de Gobierno y Presupuestos fallidos. Este es un resumen de algunas de las grandes cuestiones pendientes.

Un bloqueo pol¨ªtico insalvable. Desde las elecciones generales del pasado 28 de abril, el Gobierno est¨¢ en funciones, pero las limitaciones propias de ese estado temporal ya no son una excepci¨®n. La capacidad de acci¨®n del Ejecutivo estaba disminuida desde la disoluci¨®n de las Cortes, el pasado febrero, e incluso desde antes por su d¨¦bil respaldo parlamentario. La reducida acci¨®n legislativa de la etapa gubernamental de S¨¢nchez no es exclusiva, sino que se arrastra desde 2015. Espa?a lleva casi cuatro a?os en funciones y los partidos citan una larga lista de reformas atascadas: pensiones, financiaci¨®n auton¨®mica y local, mercado de trabajo, fiscalidad, educaci¨®n, mercado de la vivienda, sistema el¨¦ctrico o pacto por el agua, entre otras.

En el PP y en el PSOE no se llaman a enga?o sobre la dificultad para salir de ese atasco. ¡°Ninguno de los dos bloques est¨¢ en condiciones por separado de llevar adelante las reformas por ausencia de mayor¨ªas reforzadas¡±, constata un dirigente socialista con amplio recorrido pol¨ªtico. Tanto el secretario general del Grupo Popular en el Congreso, Jos¨¦ Antonio Berm¨²dez de Castro, como el del Socialista, Rafael Simancas, coinciden al enumerar los expedientes atrasados. La reforma del sistema de pensiones es el primero que se cita. El fracaso del Pacto de Toledo, nada m¨¢s disolverse la legislatura en febrero pasado, cuando ya estaba a punto de firmarse un nuevo acuerdo, es invocado con gran pesar.

Seg¨²n sea el interlocutor de izquierda o de derecha, se alude a la reforma de las leyes laborales de diferente manera, pero casi nadie duda de la necesidad de abordarla porque ya no satisface ni a empresarios ni a sindicatos. Estos ¨²ltimos consideran extremadamente urgente que empiecen las reformas, apunta Unai Sordo, secretario general de CC OO. La lista del dirigente sindical tambi¨¦n la encabeza la reforma de las pensiones para garantizar su revalorizaci¨®n, a la que a?ade la renovaci¨®n de los convenios colectivos a punto de perder su vigencia y la elecci¨®n de la c¨²pula del Consejo Econ¨®mico y Social. Y, por supuesto, la demandada derogaci¨®n de la reforma laboral para completar un amplio temario compartido con UGT. El Gobierno ya no habla de derogar la reforma aprobada en la etapa de Rajoy, aunque s¨ª pretende dar un importante cambio al marco normativo elaborando un nuevo Estatuto de los Trabajadores.

Otro de los grandes objetivos del equipo de S¨¢nchez es sacar adelante una nueva ley educativa, que la ministra Isabel Cela¨¢ tiene ya en cartera. Desde 2014 est¨¢ caducada la ley de financiaci¨®n auton¨®mica, cuya renovaci¨®n ni siquiera se plante¨® Rajoy. ¡°No hab¨ªa ni dinero ni consenso¡±, se?alan en el PP. Junto a ella, la siempre tambi¨¦n aplazada financiaci¨®n de los Ayuntamientos ¡ªsometidos a¨²n a una dura disciplina de gasto, pese a que el Gobierno de S¨¢nchez ha relajado las reglas¡ª a trav¨¦s de una ley por la que claman en la Federaci¨®n Espa?ola de Municipios y Provincias.

En cuanto a los ¨®rganos del Estado, el mandato del Consejo General del Poder Judicial est¨¢ caducado desde diciembre. El acuerdo para renovarlo parec¨ªa a punto, pero al final la trifulca pol¨ªtica se lo llev¨® por delante. Del mismo modo sigue desactivado el concurso p¨²blico para renovar el Consejo de Administraci¨®n y la c¨²pula directiva de RTVE, despu¨¦s de que un grupo de expertos trabajara en la selecci¨®n de las decenas de profesionales que aspiraban a esos puestos. Falta que pasen por una comisi¨®n de nombramientos y sean votados por el Congreso y el Senado.

No hay forma de alcanzar acuerdos sobre nada, reconocen los partidos. La invocaci¨®n al pluripartidismo surge en los interlocutores consultados para explicar el par¨®n. Para m¨¢s complicaci¨®n, no son los partidos individualmente quienes tienen autonom¨ªa para decidir, sino que los bloques ideol¨®gicos se han impuesto y ninguno suma por si solo para acometer las grandes reformas. En el caso del bloque de la izquierda, la mayor¨ªa se complementa con partidos regionalistas o nacionalistas que hasta ahora han supeditado la agenda socioecon¨®mica a sus reivindicaciones territoriales, cuando no directamente independentistas.

No se vislumbra soluci¨®n, salvo que las escasas voces que, por ejemplo, desde el PP o Ciudadanos, piden levantar los vetos, se multiplicaran y rompieran los bloques. Una soluci¨®n ser¨ªa condicionar la investidura de Pedro S¨¢nchez a un programa de reformas pactado, se?alan en esos ¨¢mbitos minoritarios en ambas formaciones.

Todo esto, a pesar de que las expectativas reformistas se han rebajado considerablemente. Del cambio constitucional o de propuestas para redefinir el modelo territorial ya ni se habla, pese a que S¨¢nchez hab¨ªa prometido tocar la Ley Fundamental para restringir los aforamientos y crear una comisi¨®n parlamentaria para avanzar en un modelo federal que, entre otras cosas, intentase aplacar las demandas soberanistas del nacionalismo catal¨¢n.

Sin Presupuestos. S¨¢nchez convoc¨® elecciones tras comprobar que no ten¨ªa apoyos suficientes para sacar adelante los Presupuestos de 2019. Espa?a est¨¢ a punto de completar el primer a?o entero sin unos presupuestos desde mediados de los 90, cuando las cuentas presentadas por Felipe Gonz¨¢lez para 1996 fueron rechazadas por el Congreso, lo que llev¨® al entonces presidente socialista a convocar elecciones generales. Gan¨® Aznar, y nada m¨¢s llegar a La Moncloa aprob¨® un gran ajuste y recortes de gastos sin renunciar a sacar adelante unas nuevas cuentas para ese a?o.

La falta de presupuestos tiene m¨¢s impacto sobre la estabilidad pol¨ªtica y la reputaci¨®n del pa¨ªs ante los mercados internacionales que sobre la econom¨ªa real. Aunque el Gobierno de S¨¢nchez ha prorrogado las cuentas este a?o, ha utilizado la v¨ªa del decreto para aprobar la revalorizaci¨®n de las pensiones, la subida del sueldo de los funcionarios y las iniciativas incluidas en los llamados viernes sociales. Es decir, el sistema pol¨ªtico espa?ol cuenta con instrumentos legislativos que permiten seguir haciendo pol¨ªtica pese al bloqueo presupuestario. Es verdad que existen grandes limitaciones. Pero sin cuentas se pueden seguir acometiendo las inversiones p¨²blicas, porque suelen tener una proyecci¨®n plurianual y los ministros tienen potestad para aprobar ampliaciones de cr¨¦ditos o tirar de cr¨¦ditos extraordinarios para abordar alg¨²n gasto no incluido en los presupuestos prorrogados.

La urgencia ecol¨®gica. Definitivamente, la lucha contra el cambio clim¨¢tico se ha instalado como una de las grandes prioridades de la agenda pol¨ªtica mundial. Cuando en noviembre de 2015, Rajoy acudi¨® a Par¨ªs, donde se ultimaba el acuerdo contra el calentamiento global, el entonces presidente prometi¨® que Espa?a tendr¨ªa una ley espec¨ªfica sobre ese asunto si volv¨ªa a gobernar. El Acuerdo de Par¨ªs se cerr¨® el 12 de diciembre de aquel 2015 y Rajoy sigui¨® en La Moncloa tras los comicios que se celebraron ese mes, pero nunca se aprob¨® esa norma que debe servir a Espa?a para cumplir sus compromisos internacionales de reducci¨®n de gases de efecto invernadero. En la breve legislatura de S¨¢nchez tampoco dio tiempo a aprobar la ley, aunque el Ministerio para la Transici¨®n Ecol¨®gica s¨ª present¨® un borrador, que ahora se pretende retomar.

Juan Carlos del Olmo, secretario general de la ONG ambientalista WWF en Espa?a, a?ade como deberes pendientes la elaboraci¨®n de la estrategia de desarrollo sostenible (para cumplir con los objetivos marcados por la ONU) y el gran plan de econom¨ªa circular, que debe ayudar a mejorar las baj¨ªsimas tasas de reciclado de Espa?a y combatir la contaminaci¨®n por pl¨¢stico. Del Olmo incluye otra pieza clave y transversal: la reforma verde de la fiscalidad, que instituciones como la OCDE o la Comisi¨®n Europea reclaman a Espa?a desde hace a?os para penalizar las actividades m¨¢s contaminantes.

El gobierno de los jueces. El Consejo General del Poder Judicial tambi¨¦n lleva medio a?o en funciones. El bloqueo no es consecuencia del adelanto electoral, pero este s¨ª que ha obligado a aparcar, por ahora, cualquier intento de acuerdo para renovar el ¨®rgano de gobierno de los jueces. La fragmentaci¨®n del Parlamento complica la elecci¨®n del nuevo presidente y de los 20 vocales, que requiere mayor¨ªa de tres quintos. Estuvo a punto de lograrse en noviembre , cuando el Gobierno y el PP pactaron el reparto de vocales (11 progresistas y nueve conservadores) y situar al frente a Manuel Marchena, presidente de la Sala de lo Penal del Tribunal Supremo. Sin embargo, el acuerdo salt¨® por los aires por la renuncia de Marchena despu¨¦s de que se filtrara un mensaje del entonces portavoz del Grupo Popular en el Senado, Ignacio Cosid¨®, dirigido a sus compa?eros de la C¨¢mara alta, en el que se jactaba de que el nombramiento del magistrado permitir¨ªa al PP controlar "por detr¨¢s" la Sala Segunda del Supremo, encargada de juzgar a los l¨ªderes del proc¨¦s.

PP y PSOE se culparon mutuamente del fracaso y no volvieron a intentarlo en serio. Ahora la negociaci¨®n tendr¨¢ que empezar de cero. Las fuentes consultadas dan por hecho que no habr¨¢ acuerdo, como pronto, hasta 2020.

La situaci¨®n de Gobierno en funciones va a retrasar tambi¨¦n otros proyectos que esperaban los miembros de la carrera judicial y que estaban encarril¨¢ndose cuando S¨¢nchez convoc¨® las elecciones. El presidente de Juezas y Jueces para la Democracia, Ignacio Gonz¨¢lez Vega, cita como ejemplos los planes para avanzar en la justicia digital y la implantaci¨®n generalizada de tribunales de instancia (juzgados colectivos en vez unipersonales). Seg¨²n Gonz¨¢lez Vega, la pr¨®rroga de los Presupuestos no debe repercutir negativamente en algunos de los cap¨ªtulos fundamentales como la convocatoria de plazas. Un portavoz de la conservadora Asociaci¨®n Profesional de la Magistratura asegura, sin embargo, que 2019 va a ser ¡°un a?o en blanco¡± en inversiones de material inform¨¢tico o sedes judiciales dependientes del Ministerio.

Se han quedado tambi¨¦n a medias algunas reformas legales que impulsaba el Ministerio dirigido por Dolores Delgado, como la vuelta de la Justicia Universal, la derogaci¨®n de la ley mordaza o la reforma del cap¨ªtulo dedicado a los delitos sexuales en el C¨®digo Penal, un proyecto que se puso en marcha tras la primera sentencia de La Manada, pero que tampoco ha dado tiempo a culminar.

El patrimonio cultural. Cuando hay inversiones programadas con partidas a varios a?os, la interinidad de los Gobiernos no tiene grandes consecuencias. Esta misma semana, por ejemplo, se concluy¨® la conexi¨®n del AVE a Granada. Otra cosa son los proyectos nuevos, del que es un buen ejemplo el ambicioso plan para ampliar uno de los grandes patrimonios culturales del pa¨ªs, el Museo del Prado, adjudicado ya al arquitecto Norman Foster. Se necesitar¨¢n cuatro a?os de obras y la direcci¨®n del museo se resigna a que, en el mejor de los casos, comiencen en 2020. El Prado ha de contribuir con un 25% del coste total de la obra (42,5 millones de euros), pero todo ser¨¢ humo hasta que haya Presupuestos nuevos. El PP asegur¨® en 2016 que las obras empezar¨ªan en 2019 y, hasta el momento, el Ministerio de Cultura solo ha aportado un mill¨®n de los 32 comprometidos. El proyecto museogr¨¢fico, que determinar¨¢ el contenido del nuevo espacio, est¨¢ todav¨ªa en el aire. En Cultura hay tambi¨¦n varios asuntos urgentes que siguen empantanados, como retomar la dotaci¨®n econ¨®mica para la compra de libros de las bibliotecas estatales, una partida congelada desde hace ocho a?os. El ministro Jos¨¦ Guirao prometi¨® antes de los comicios generales aportar 3,5 millones. El sector reclama adem¨¢s con insistencia reformas de las leyes de Mecenazgo y de Patrimonio Hist¨®rico.

Con informaci¨®n de Jes¨²s S¨¦rvulo Gonz¨¢lez, Manuel Planelles, Reyes Rinc¨®n, Peio H. Ria?o, Gloria Rodr¨ªguez-Pina y Cristina V¨¢zquez.