Los servicios sociales necesitan 1.300 millones para igualar la inversi¨®n previa a los recortes
Un informe revela las desigualdades entre las comunidades: Madrid es la peor valorada y Castilla Le¨®n, Pa¨ªs Vasco y Navarra, las mejores
En Espa?a a¨²n no se han recuperado los niveles de inversi¨®n p¨²blica en servicios sociales previos a los recortes. El a?o pasado habr¨ªa hecho falta inyectar 1.300 millones de euros para igualar los valores de 2010, antes del tijeretazo, seg¨²n el ¨ªndice DEC, que eval¨²a la situaci¨®n de este pilar del Estado de bienestar, elaborado por la Asociaci¨®n de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales y presentado este lunes en Madrid.?Hace nueve a?os, las Administraciones destinaron el 1,68% del PIB al sector, frente al 1,57% de 2018. En t¨¦rminos absolutos, la cantidad de 2010 se ha superado. Pero el PIB ha aumentado en este tiempo, y el porcentaje para servicios sociales, no. De haberse igualado, los 18.871 presupuestados el a?o pasado se habr¨ªan elevado hasta 20.180. El estudio dibuja adem¨¢s un panorama de grandes desigualdades entre las comunidades aut¨®nomas. Madrid es la peor valorada. Castilla y Le¨®n, Pa¨ªs Vasco y Navarra son las mejor situadas.?
¡°Esta legislatura que termina ahora ha sido buena para los servicios sociales, casi todas las regiones han mejorado, pero el ¨²ltimo a?o muestra cierto estancamiento¡±, explica Gustavo Garc¨ªa, coordinador del ¨ªndice DEC 2018. A principio de la legislatura se constata una mejora del marco normativo, al igual que un incremento de financiaci¨®n desde 2014. Y a partir de 2015 se aprecia una ¡°leve mejora¡± de la cobertura de prestaciones. Sin embargo, la asociaci¨®n alerta de un riesgo de involuci¨®n hacia formas ¡°asistenciales¡± con trabajadores tan sobrecargados por la cantidad de procedimientos existentes que corren el peligro de convertirse en meros verificadores de los requisitos para acceder a las ayudas. ¡°Oficinas de checking social para clasificar a los ciudadanos¡±. Por ello reclaman recursos y m¨¢s capacidad para poder dedicarse a prevenir e intervenir ante situaciones o riesgos de exclusi¨®n.?
¡°Hay dos grandes atascos que impiden que los servicios sociales se desarrollen m¨¢s. El primero, la infrafinanciaci¨®n de la dependencia, que ha llevado a las autonom¨ªas a un l¨ªmite. Hay que exigir que los partidos cumplan el pacto de Estado por la dependencia, por el que se comprometieron a revertir los recortes¡±, expone Gustavo Garc¨ªa. ¡°El otro gran atasco es la inexistencia de una ley estatal de garant¨ªa de rentas. Esto es preocupante. Nos pasamos el d¨ªa tramitando ayudas, el bono el¨¦ctrico, la vivienda, alimentos¡ ser¨ªa m¨¢s l¨®gico disponer de un sistema que englobe todos estos puntos. Esperamos que en esta legislatura que empieza no se pierda la oportunidad de, al menos, abrir el debate¡±, sostiene.?¡°Las comunidades no se ponen de acuerdo ni en el nombre¡±, a?ade.?
Para David Escudero, vallisoletano de 33 a?os, se llam¨® renta garantizada de ciudadan¨ªa. ?l y su mujer la pidieron despu¨¦s de que en 2010 se quedaran en paro. Y tras sufrir un desahucio. Entonces ten¨ªan una hija. Ahora dos.?¡°No ten¨ªamos nada. Era nuestra ¨²nica opci¨®n. Tardamos seis meses en cobrarla. Eran 594 euros¡±, cuenta.?¡°No daba para vivir, pero ayudaba. Pude hacer un curso gracias a la Fundaci¨®n Secretariado Gitano y ahora trabajo como cocinero. Mi mujer tambi¨¦n se form¨® y tiene un empleo fijo¡±, relata.?
Rkia Ouinais no ha tenido esa suerte. Esta mujer de 40 a?os y origen marroqu¨ª vive en la Comunidad de Madrid.?¡°Mi marido me maltrataba psicol¨®gicamente¡±, recuerda. As¨ª que en 2015 cogi¨® a sus dos hijas y se fue de casa. Ha pedido la renta m¨ªnima de inserci¨®n dos veces. La primera, en 2016. No le fue concedida. La segunda, en 2017. Ahora ha encontrado trabajo a tiempo completo en un restaurante. Pero su trayectoria ha sido ¡°muy dif¨ªcil¡±, plagada de empleos parciales y precarios. Ha acumulado deudas, favores, ayudas de toda clase.?¡°El problema es que al principio no conoc¨ªa mis derechos. No s¨¦ leer ni escribir. No quiero que nadie pase por esto¡±, prosigue.
Los servicios sociales atienden cada a?o a unos ocho millones de personas, seg¨²n la asociaci¨®n.?Para elaborar el informe, han valorado 25 indicadores relacionados con el reconocimiento y la cobertura de derechos y con el esfuerzo financiero ¡ªdesde el gasto p¨²blico, a plazas en residencias o cobertura de las rentas m¨ªnimas de inserci¨®n o el sistema de dependencia, por ejemplo¡ª. Esta es la segunda ocasi¨®n ¡ªde las seis ediciones que lleva este estudio¡ª en que Espa?a consigue superar el cinco en la calificaci¨®n. En 2018 obtuvo un 5,22, un aprobado raspado. En 2015, a principios de legislatura, hab¨ªa sacado un 4,54. Este es el motivo por el que la evoluci¨®n de los ¨²ltimos cuatro a?os es aceptable globalmente. No obstante, apuntan que se detecta un cierto estancamiento.?
La asociaci¨®n da una puntuaci¨®n a cada regi¨®n y califica su sistema de servicios sociales en una escala que va desde la irrelevancia a la excelencia. Castilla y Le¨®n, con un 7,45 y una calificaci¨®n de ¡°medio¡±, Pa¨ªs Vasco (7,20) y Navarra (7,15), ambas con un sistema puntuado como alto, son las mejor paradas. La Comunidad de Madrid, con un 3,20, es la peor valorada y adem¨¢s la que mayor deterioro registra. Obtiene la calificaci¨®n de ¡°irrelevante¡±, que comparte con autonom¨ªas como Andaluc¨ªa, Murcia, Canarias o la Comunidad Valenciana. En el ¨ªndice se destaca, no obstante, el esfuerzo de las autonom¨ªas, especialmente Canarias y la Comunidad Valenciana, que eran las dos regiones con menor desarrollo y en los ¨²ltimos a?os han mejorado, aunque contin¨²en en una situaci¨®n de debilidad.?
El estudio dibuja grandes desigualdades. As¨ª, en el Pa¨ªs Vasco las Administraciones destinan 703 euros por habitante y a?o a servicios sociales, frente a los 297 de Murcia. El porcentaje del PIB regional que Extremadura dedica al sector es del 2,49%, frente al 1,01% de la Comunidad de Madrid. En Navarra hay un profesional de los servicios de atenci¨®n primaria por cada 890 habitantes, una carga que se multiplica por diez en Madrid, hasta llegar a un trabajador por cada 8.354 personas. En Castilla y Le¨®n esperan para recibir la ayuda por dependencia el 1,6% de las personas que la tienen reconocida, frente al 29,6% de Canarias. Las rentas m¨ªnimas de inserci¨®n alcanzan en el Pa¨ªs Vasco a m¨¢s de tres de cada cuatro personas en riesgo de pobreza (76,3%) y en Navarra, a dos de cada tres (66,1%), mientras que en Castilla-La Mancha solo llegan al 2,1%.?
La asociaci¨®n precisa que las diferencias no solo se deben a la ¡°extrema disparidad del gasto¡±, sino que se explican en clave organizativa: gastar m¨¢s no significa necesariamente ofrecer m¨¢s prestaciones y servicios. ¡°Los territorios m¨¢s eficientes coinciden con aquellos en los que existe mayor participaci¨®n local en la gesti¨®n y entrega de servicios sociales¡±, se explica en el informe. Comunidades como Extremadura, Asturias, Navarra o Pa¨ªs Vasco presentan una escasa cobertura en relaci¨®n al gasto. Otras autonom¨ªas como Andaluc¨ªa, Galicia o Castilla y Le¨®n tienen sistemas m¨¢s eficientes, con m¨¢s equilibrio entre lo que gastan y los servicios que ofrecen.?
Las comunidades, con competencia en la materia, han sostenido el sistema. En 2018 aportaron un 62,4% del gasto, frente al 25,1% de las entidades locales y al 13,5% de la Administraci¨®n General del Estado, el ¡°¨²nico nivel que no se ha recuperado tras los recortes¡±. La asociaci¨®n destaca que el Estado ha mantenido ¡°sin duda la pol¨ªtica m¨¢s dura respecto al gasto p¨²blico¡± en el sector. Cita, por ejemplo, los recortes en dependencia, que a¨²n no se han recuperado. La asociaci¨®n insta por ello a alcanzar el 2% del PIB de inversi¨®n en servicios sociales durante la pr¨®xima legislatura, en especial, con el incremento de la aportaci¨®n estatal.?
Entre las recomendaciones de la asociaci¨®n destaca la incorporaci¨®n de los servicios sociales como derechos fundamentales de ciudadan¨ªa en la secci¨®n primera del t¨ªtulo 1 de la Constituci¨®n o el desarrollo de una ley estatal de servicios sociales. Y que se reviertan los recortes. Jos¨¦ Manuel Ram¨ªrez, su presidente, insiste: ¡°Es fundamental para salir de este estancamiento¡±.
Un sistema p¨²blico de informaci¨®n
Entre las recomendaciones de la asociaci¨®n figura que se desarrolle un sistema p¨²blico de informaci¨®n. Tardaron dos meses en recopilar los datos para elaborar el informe y lamentan la mala calidad de algunos de ellos. El Ministerio de Sanidad ya ha anunciado que est¨¢ trabajando en ello, a¨²n en una fase inicial. ¡°Estamos trabajando con las comunidades para fijar est¨¢ndares e indicadores comunes sobre los que construir un sistema unificado¡±, explican fuentes del ministerio.
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