Las autoridades contra la violencia de g¨¦nero exigen juzgados especializados para los delitos sexuales
La fiscal contra la violencia machista, la exdelegada gubernamental de este departamento y la responsable en el observatorio judicial reclaman cambios para que magistrados expertos juzguen agresiones como las de La Manada
Las fuertes discrepancias entre unas instancias judiciales y otras ante un mismo caso, como ha evidenciado el proceso de La Manada, impulsan la exigencia de las m¨¢ximas autoridades del Estado en violencia de g¨¦nero para que las agresiones sexuales sean juzgadas en tribunales especializados. Tres de los magistrados que vieron una intimidaci¨®n clara a la v¨ªctima de los sanfermines y que rechazaron cualquier juerga pactada con la agredida eran expertos en violencia de g¨¦nero. El Ministerio de Justicia ha creado un grupo de trabajo con el Consejo General del Poder Judicial (CGPJ) para evaluar la gesti¨®n procesal de las distintas comunidades y ver la posibilidad de iniciar alg¨²n cambio. Sin embargo, hay voces, tambi¨¦n autorizadas, que alertan de que meter todos estos delitos en los mismos tribunales puede desvirtuar el gran logro que fueron los juzgados especializados en violencia machista.
A favor de llevar a los juzgados especializados en violencia contra la mujer los delitos sexuales se han posicionado la coordinadora de la red de fiscales especializados contra la violencia de g¨¦nero, Pilar Mart¨ªn N¨¢jera; la presidenta del Observatorio contra la Violencia Dom¨¦stica y de G¨¦nero del Consejo General del Poder Judicial (CGPJ), ?ngeles Carmona, y la delegada del Gobierno para la Violencia de G¨¦nero hasta el pasado abril, Pilar Llop.
Contra estereotipos y prejuicios
La raz¨®n principal que arguyen es que las v¨ªctimas tendr¨ªan mejor atenci¨®n y se evitar¨ªa la revictimizaci¨®n de las mujeres, cuyos testimonios son puestos en duda en m¨²ltiples ocasiones. ¡°Mientras los delitos sexuales no sean competencia de estos juzgados, sus casos estar¨¢n dispersos por todas las salas y no los asumir¨¢ ning¨²n especialista¡±, explica Mart¨ªn N¨¢jera. De este modo tambi¨¦n se les podr¨ªan ofrecer los servicios previstos para las v¨ªctimas de violencia machista, como los trabajadores sociales o psic¨®logos de las unidades de valoraci¨®n forense integral de estos juzgados, aunque el desarrollo de estas oficinas, previstas desde 2004, a¨²n est¨¢ incompleto en algunas zonas.
Desproporci¨®n en los delitos
Las mujeres son el 84% de las v¨ªctimas de delitos sexuales, seg¨²n datos del Ministerio del Interior. La violencia por razones de g¨¦nero les afecta a ellas ¡°de manera desproporcionada¡±, seg¨²n el convenio del Consejo de Europa sobre prevenci¨®n y lucha contra la violencia contra las mujeres y la violencia de g¨¦nero, com¨²nmente conocido como Convenio de Estambul. Espa?a lo ratific¨® en 2014. En este acuerdo est¨¢ el germen para ampliar el concepto de violencia de g¨¦nero m¨¢s all¨¢ de la que ocurre entre las parejas o exparejas.
¡°El de los delitos sexuales es un ¨¢mbito en el que a¨²n persisten muchos estereotipos y prejuicios, desde la minifalda y la provocaci¨®n, que se cuestionaba hace a?os, hasta el voto particular que hablaba de los gemidos de la v¨ªctima en el caso de La Manada o su vida normalizada despu¨¦s de la agresi¨®n, sin reparar en otras cuestiones que evidenciaban una violaci¨®n¡±, explica Llop.
¡°Es imprescindible que tambi¨¦n las casas de acogida y las ayudas psicol¨®gicas se extiendan a estas otras v¨ªctimas cuando lo necesiten¡±, a?ade tambi¨¦n ?ngeles Carmona. Preguntada sobre este asunto, el ¨¢rea de Igualdad del Gobierno ha declinado participar en esta informaci¨®n. Una portavoz argument¨® que el Ejecutivo est¨¢ en funciones.
El riesgo de romper el consenso social
Entre las voces discrepantes destaca la del catedr¨¢tico de Derecho Penal Javier ?lvarez. ¡°Cuando se crearon los juzgados para la violencia de g¨¦nero [pareja o expareja] se produjo un cambio de paradigma muy acertado, una peque?a revoluci¨®n que permiti¨® meter unidades especiales en la polic¨ªa y en los tribunales de justicia¡±, dice al tel¨¦fono. ¡°No podemos llegar a un c¨®digo para chicos y otro para chicas. Hay que tener cuidado para no romper el consenso social que existe alrededor de la violencia de g¨¦nero¡±.
?lvarez defiende que concluir que "todo es agresi¨®n" (como prev¨¦ la reforma del C¨®digo Penal que eliminar¨¢ el delito de abuso sexual) o que "cualquier agresi¨®n es violencia de g¨¦nero", pone en peligro "el consenso social en elementos clave". Y ejemplifica: "Si discuto con mi mujer por el desarrollo de un partido del Atl¨¦tico y nos agredimos, no ser¨¢ violencia de g¨¦nero; de la misma forma que si entro en una controversia con mi socia por un tema mercantil con id¨¦ntico resultado. Cuesti¨®n distinta es que lleve a cabo una agresi¨®n a una mujer por el mero hecho de que esta sea una mujer, eso s¨ª es violencia de g¨¦nero".
A pesar de las cr¨ªticas, existe un amplio consenso en que estos juzgados asuman estas funciones; otra cuesti¨®n es cu¨¢ndo y c¨®mo deben hacerlo. El Pacto de Estado contra la Violencia de G¨¦nero, aprobado en 2017, recoge medidas que a¨²n no se han puesto en marcha. Entre ellas, una nueva ley integral sobre violencias sexuales y elaborar una amplia base de datos estad¨ªsticos que permita saber d¨®nde se juzgan los casos, c¨®mo distribuir el trabajo o si har¨ªan falta nuevos efectivos. ¡°Debemos conocer cu¨¢ntos delitos de agresiones contra la libertad sexual se enuncian en cada partido judicial para ver el volumen de trabajo de los ¨®rganos judiciales y hacer el cambio. Hacen falta datos estad¨ªsticos muy serios y bien analizados¡±, se?ala Pilar Mart¨ªn N¨¢jera.
Pilar Llop a?ade: ¡°Los juzgados exclusivos podr¨ªan asumir la competencia pero los mixtos, que tienen otras materias, se ver¨¢n sobrecargados. Es necesaria una reordenaci¨®n de toda la planta judicial, previo estudio de las cargas de trabajo, para tener juzgados exclusivos en todas las localidades donde sea factible¡±.
La recopilaci¨®n de esos datos corresponde, entre otros, al CGPJ. ?ngeles Carmona explica que, de momento, se ha creado el grupo de trabajo con el Ministerio de Justicia ¡°pero existen dificultades para coordinar a todas las comunidades aut¨®nomas porque cada una tiene un sistema de gesti¨®n procesal diferente¡±. Y destaca que har¨¢ falta inversi¨®n econ¨®mica para mejorar la deficiente digitalizaci¨®n de los juzgados.
Sin esos primeros pasos, llevar la violencia sexual a los juzgados especializados no ser¨¢ posible. Adem¨¢s, hacen falta modificaciones legales. La ley integral contra la violencia de g¨¦nero de 2004 requiere una modificaci¨®n para incluir a las v¨ªctimas de violencia sexual y otras formas de violencia (matrimonios forzosos, acoso o mutilaciones, entre otras) y tambi¨¦n es necesario cambiar la Ley Org¨¢nica del Poder Judicial para ampliar las competencias de los juzgados. Las modificaciones necesitan, para empezar, que se forme un Gobierno.
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