Italia se convierte en el primer pa¨ªs occidental en imponer la vacunaci¨®n a todos los trabajadores
El Gobierno aumenta la presi¨®n sobre los reticentes al obligar a los empleados a acreditar que est¨¢n inmunizados o someterse a una prueba diagn¨®stica cada dos d¨ªas. El incumplimiento acarrear¨¢ multas y suspensi¨®n de empleo y sueldo
Italia es ya el primer pa¨ªs del mundo occidental que obligar¨¢ a sus ciudadanos a vacunarse para ir a trabajar o prestar servicios a domicilio, ya sea en la empresa privada o el ¨¢mbito p¨²blico. En realidad, los empleados deber¨¢n tener en regla su certificado verde, que b¨¢sicamente acredita la inmunizaci¨®n a trav¨¦s de la vacuna o la realizaci¨®n en los ¨²ltimos dos d¨ªas de una prueba con resultado negativo. Esta opci¨®n, sin embargo, no es viable para utilizarla a diario con fines profesionales, por lo que las imposiciones del Ejecutivo son m¨¢s bien una f¨®rmula t¨¦cnica destinada a convencer a la poblaci¨®n de vacunarse y terminar definitivamente con las resistencias. Italia ya fue pionera en Europa al introducir el pasado abril la obligatoriedad de vacunarse para los trabajadores sanitarios. Hace unas semanas dio un paso m¨¢s e implant¨® el uso obligatorio del certificado covid tambi¨¦n para los profesores.
El salvoconducto ser¨¢ a partir del 15 de octubre obligatorio para todos los trabajadores, un sector que abarca a 23 millones de personas. Da igual si son aut¨®nomos, si se trata de servicios a domicilio como el fontanero o las cuidadoras, si trabajan en multinacionales o son funcionarios de la Administraci¨®n. Solo los aut¨®nomos que trabajan en su domicilio han quedado eximidos. En el caso de los empleados, el trabajador ser¨¢ enviado a su casa si no tiene el certificado. Si no lo presentase en un plazo de cinco d¨ªas, se le suspender¨¢ de sueldo y podr¨¢ ser multado con hasta 1.000 euros. La posibilidad de despedirlo, que tambi¨¦n estaba sobre la mesa, ha quedado descartada por considerarse inconstitucional. Son los empleadores quienes deber¨¢n organizarse creando alguna figura que se dedique a controlarlo. Si no lo hicieran, tambi¨¦n se expondr¨¢n a las mismas sanciones. ¡°Esto es algo que no se ha visto en ning¨²n lugar de Europa¡±, lanz¨® el ministro de Administraciones P¨²blicas en una rueda de prensa en la que tambi¨¦n participaron los responsables de Justicia, Sanidad y Asuntos Regionales.
La medida, sin embargo, trasciende a Europa y no tiene parang¨®n en el mundo occidental. EE UU impuso hace una semana la obligaci¨®n de vacunarse a 100 millones de trabajadores. Se trataba de aquellos empleados en empresas con plantillas superiores a 100 personas y a trabajadores federales. Pero en ning¨²n caso se lleg¨® al extremo que ahora impondr¨¢ Italia, que solo dejar¨¢ fuera de esa norma a quien realice teletrabajo o a quien no pueda vacunarse por razones m¨¦dicas (en ese caso servir¨¢ el test de ant¨ªgenos realizado, como mucho, dos d¨ªas antes). De hecho, el mismo decreto obliga a bajar los precios de las pruebas: cero euros para quien no pueda vacunarse, ocho para los menores y 15 para los mayores de edad, hasta el 31 de diciembre. La idea de la extensi¨®n del certificado es persuadir a los antivacunas y a unos tres millones de trabajadores que se encuentran indecisos ante la necesidad de recibir el suero.
El certificado covid o pase verde, como se conoce en Italia, se ha convertido ya en una herramienta imprescindible para la vida cotidiana. Se trata, en suma, de una obligaci¨®n general de vacunaci¨®n para la poblaci¨®n. Pero sin recurrir a una medida cuya constitucionalidad ser¨ªa algo dudosa y que todav¨ªa genera reticencia entre algunos sectores. ¡°El certificado es un instrumento para tutelar los espacios de libertad que hemos conquistado con mucha fatiga¡±, se?al¨® tras el Consejo de Ministros la titular de Asuntos Regionales, Maria Stella Gelmini. Se exige ya para comer en el interior de los restaurantes, para entrar en teatros, museos, cines y gimnasios o viajar en trenes de larga distancia. En Italia cerca del 65% de los 60 millones de habitantes del pa¨ªs ha recibido la pauta completa de vacunaci¨®n y el 73% se ha inmunizado con al menos una dosis. Estas cifras est¨¢n ligeramente por encima de la media de la Uni¨®n Europea: el 60% tiene la pauta completa, y un 66%, al menos una dosis. El Ejecutivo ha ido extendiendo de manera gradual sus usos, no exento de oposiciones. El mero planteamiento de hacerlo obligatorio solo para los trabajadores p¨²blicos ya ha desatado protestas y conflictos con los sindicatos estos d¨ªas.
El principal roce en el seno del Ejecutivo de coalici¨®n se ha producido con la Liga de Matteo Salvini, que hasta el ¨²ltimo momento mantuvo la duda sobre si iba a apoyar la medida. Parte de su electorado rechaza el salvoconducto y la idea de vacunaci¨®n obligatoria. Pero la otra mitad, especialmente aquella que pertenece a la vieja Liga Norte y se encuentra m¨¢s cerca del mundo empresarial, como los gobernadores de regiones como Friuli-Venezia Giulia o V¨¦neto, han presionado para que fuera aceptado.
La concesi¨®n supone una nueva derrota de Salvini, especialmente preocupante para sus intereses cuando sus votantes m¨¢s radicales est¨¢n yendo en masa hacia Hermanos de Italia, el partido de la ultraderechista Giorgia Meloni, la ¨²nica formaci¨®n que ha quedado fuera del Ejecutivo y que representa ahora de forma m¨¢s n¨ªtida las posiciones soberanistas. La exigencia del establishment de que modere sus posiciones contrastan con la falta de un proyecto m¨¢s centrado. Y las dudas estrat¨¦gicas le est¨¢n creando un enorme problema en los sondeos.
Draghi ha demostrado en los ¨²ltimos meses que no se deja influir por el infinito ruido de la pol¨ªtica italiana. Una ventaja evidente para sacar adelante la complicada agenda de reformas que ha dise?ado y llegar al objetivo de la inmunidad de reba?o en Italia. Pero algunos sectores critican que el Parlamento haya quedado a veces silenciado por el rodillo que ha aplicado.
En el Gobierno ha habido tambi¨¦n discusi¨®n entre ministros de distintos partidos a prop¨®sito de las salas culturales. El ministro del ramo, Dario Franceschini, hab¨ªa pedido que la obligaci¨®n del certificado verde para casi todas las actividades p¨²blicas, incluidas el trabajo desde el 15 de octubre, comportase volver a recuperar la capacidad normal en los recintos culturales. Pero el ministro de Sanidad, Roberto Speranza, se ha negado y Draghi se puso de su lado. En 15 d¨ªas, el Gobierno decidir¨¢ si relajar medidas de distanciamiento en lugares de reuni¨®n. Pero de forma org¨¢nica, no solo en salas culturales.
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