Espa?a explora una salida legal para el cannabis

Cuando sonaba en las discotecas, el estribillo desataba extra?as convulsiones, saltos de euforia, coros desafinados: ¡°?Lega-legalizaci¨®n!¡± La canci¨®n de Ska-p se escuch¨® durante mucho tiempo, pero las instituciones hicieron o¨ªdos sordos a una letra que ped¨ªa ¡°cannabis de calidad y barato¡± y, sobre todo, el fin de la prohibici¨®n. 25 a?os despu¨¦s del ¨¦xito de Ska-p, el cannabis llama una vez m¨¢s a la puerta en busca de un estatus legal. Parece un debate eterno e irresoluble. Pero algo se mueve. A iniciativa del PNV, el Congreso trabajar¨¢ en una propuesta para regular el uso del cannabis con fines medicinales. En paralelo, en los ¨²ltimos d¨ªas tres partidos (Podemos, M¨¢s Pa¨ªs y ERC) han presentado proposiciones de ley para una regulaci¨®n integral, que incluya tambi¨¦n el uso recreativo.

El 90% de la poblaci¨®n apoya que se legalice la marihuana con fines terap¨¦uticos, seg¨²n el CIS. M¨¢s de 70 pa¨ªses ya lo han hecho. ¡°Vamos tarde. Es imprescindible avanzar. El cannabis tiene propiedades antiinflamatorias, es un relajante muscular, ayuda con las n¨¢useas y v¨®mitos, es eficaz con el dolor cr¨®nico y, sobre todo, con los efectos secundarios de la quimioterapia¡±, explica Joan Carles March, profesor de la Escuela Andaluza de Salud P¨²blica (EASP). March cree que, para que el debate cuaje, hay que incidir en la prevenci¨®n y no esconder los riesgos pese a que, en su opini¨®n, son menores que los beneficios: ¡°Aspirar el humo favorece la aparici¨®n de bronquitis o enfisema; en algunas personas, el cannabis aumenta los problemas de salud mental; su consumo cr¨®nico puede tener efectos en la memoria o el aprendizaje¡±, resume.

El camino no parece sencillo. La llave la tiene el PSOE, que se ci?e a la subcomisi¨®n del Congreso y al ¨¢mbito medicinal y condiciona su apoyo a que haya pruebas. En marzo, la ministra de Sanidad, Carolina Darias, dijo que el Gobierno precisa ¡°evidencia cient¨ªfica¡± obtenida con ¡°ensayo cl¨ªnico¡±. Pero Jos¨¦ Carlos Bouso, doctor en farmacolog¨ªa especializado en las propiedades terap¨¦uticas del cannabis, cree que la ministra yerra el planteamiento. ¡°El cannabis mejora la calidad de vida de muchos pacientes, que es el aspecto m¨¢s subjetivo de una enfermedad. Es clave en el dolor cr¨®nico. Est¨¢ demostrado que es m¨¢s seguro y tiene menos efectos secundarios que muchos medicamentos. Y los riesgos se han presentado de forma tan desproporcionada que no han evitado el consumo; al contrario, han provocado incredulidad en la poblaci¨®n¡±.

Bouso opina que una ley ¡°reducir¨¢ los riesgos asociados¡± al consumo de los pacientes, que ahora acceden al cannabis a trav¨¦s del mercado negro, ¡°de manera estigmatizada, escondidos¡±. March a?ade que un mercado regulado evitar¨¢ drogas adulteradas: ¡°Hay vendedores que a?aden or¨¦gano, detergentes o perfumes para hacerlo m¨¢s atractivo¡±, explica el profesor, que rechaza de forma tajante uno de los argumentos de los prohibicionistas: legalizar el cannabis aumentar¨¢ su consumo. ¡°Cuando una sustancia es ilegal, genera m¨¢s ganas de probarla, sobre todo entre los j¨®venes¡±. En Colorado (EE UU), con una ley de 2014, los estudios indican que las cifras se han mantenido estables entre adolescentes y j¨®venes.

Espa?a prohibi¨® el cultivo, producci¨®n y venta de cannabis en 1967, seis a?os despu¨¦s de que el convenio de Naciones Unidas sobre estupefacientes lo incluyera en la ¡°lista IV¡± junto a las drogas m¨¢s da?inas, como la hero¨ªna. El pasado diciembre, las sac¨® de all¨ª y reconoci¨® sus propiedades medicinales. Es, en todo caso, la droga ilegal m¨¢s consumida. El 37,5% de la poblaci¨®n espa?ola la ha probado en alg¨²n momento de su vida, seg¨²n la encuesta EDADES de Sanidad. En 1995, ese porcentaje era de apenas el 14,5%, lo que ¡°demuestra que la prohibici¨®n no ha frenado el consumo¡±, recoge la proposici¨®n de ley de M¨¢s Pa¨ªs, muy similar en lo esencial a las de Podemos y ERC en tanto que prev¨¦n tres v¨ªas de acceso: el autocultivo, los clubes cann¨¢bicos y el mercado regulado.

Los profesionales que empujan, desde hace d¨¦cadas, para llevar al cannabis a territorio legal creen que es el momento. Y que est¨¢n cargados de razones. ¡°As¨ª no podemos seguir¡±, resume Mart¨ª C¨¤naves, abogado especializado en el sector. ¡°Si queremos proteger la salud, con una ley dificultamos el acceso a menores y controlamos la calidad del producto. Si queremos evitar que grupos criminales controlen el mercado negro, con una ley reducimos su poder¡±, afirma. Ana Afuera, de la confederaci¨®n que agrupa a las asociaciones cann¨¢bicas (Confac) ve con esperanza que el debate llegue al Congreso y pueda prosperar. Pero piensa que hay que ¡°llegar a un gran consenso social y pol¨ªtico¡± para que todos ¡°se sientan c¨®modos¡±. ¡°No puede ser barra libre ni prohibici¨®n total, no podemos banalizar ni demonizar el consumo. Tenemos que demostrar que servimos para reducir riesgos y el narcotr¨¢fico¡±, dice Afuera como condici¨®n para que un PSOE hasta ahora reacio se abra al di¨¢logo. El pasado septiembre, el Senado rechaz¨® tramitar una ley para regular los clubes de consumidores de cannabis con los votos en contra de PSOE, PP y Vox.

Si en el uso medicinal muchos pa¨ªses ¨Dtambi¨¦n europeos, como Portugal o Italia¨D ya han dado un paso adelante y Espa?a se queda atr¨¢s, en el campo recreativo a¨²n est¨¢ a tiempo de contarse en el grupo de cabeza. Uruguay fue el pionero, seguido de Canad¨¢ y diversos Estados de Estados Unidos, mientras que M¨¦xico est¨¢ ya en esa senda. Con el PP y Vox radicalmente en contra, la llave la tienen los socialistas, insisten en el sector. ¡°De puertas adentro, el PSOE nos dice que nos apoya. Pero luego est¨¢ pendiente del coste pol¨ªtico y acaba siendo el gran obst¨¢culo¡±, cuenta David Rab¨¦, un activista hist¨®rico por la legalizaci¨®n que promovi¨® un debate en el Parlamento balear. Rab¨¦ es partidario de vetar el acceso de los turistas a los clubes para conjurar otro de los riesgos asociados: que la regulaci¨®n atraiga un cierto ¡°turismo cann¨¢bico¡±.

El trauma de los ochenta

Solo el 47% de los ciudadanos, seg¨²n el CIS, aprueba la regulaci¨®n integral, aunque ese porcentaje aumenta entre los j¨®venes, recuerda M¨¢s Pa¨ªs. Pero el porqu¨¦ de la resistencia a levantar el veto al cannabis va m¨¢s all¨¢ del an¨¢lisis de encuestas o del c¨¢lculo electoral. ¡°No hemos superado el trauma colectivo que fue, en los ochenta, el problema de la droga y en particular de la hero¨ªna. No hay gobierno que quiera lidiar con ese fantasma¡±, cuenta Juan Carlos Us¨®, historiador y autor, entre otros, de Drogas y cultura de masas. Us¨® agrega que la asociaci¨®n del cannabis a ciertos ¨¢mbitos de ¡°la contracultura¡± no ha ayudado a darle el estatus del que gozan el alcohol o el tabaco en ¨¢mbitos m¨¢s conservadores. Por su proximidad a Marruecos (hist¨®rico centro productor), Espa?a ha tenido una relaci¨®n especial con el cannabis, como se refleja en alusiones en las obras de Rafael S¨¢nchez Ferlosio, Camilo Jos¨¦ Cela o los hermanos Goytisolo, cuenta el historiador. En la prensa, a?ade, ¡°siempre ha sido una droga desprestigiada, de pobretones y moros. Nunca tuvo el cartel de droga bonita, como la coca¨ªna¡±.

Las propuestas de los partidos, muy detalladas ¨Dincluyen indicaciones sobre etiquetajes, controles, impuestos¨D difieren en detalles importantes. La de Podemos, por ejemplo, prev¨¦ una ley espec¨ªfica y distinta para los usos terap¨¦uticos y plantea el consumo legal en el ¨¢mbito privado, pero no en la calle. Pero coinciden en lo nuclear, que son las tres formas de acceder de forma legal al cannabis: el autocultivo (con un m¨¢ximo determinado de plantas o kilos, lo que provoca dudas en el sector), la asociaci¨®n cann¨¢bica (que saldr¨ªa as¨ª del limbo jur¨ªdico en el que se encuentra, con consecuencias penales para sus responsables); y el mercado regulado, o sea la venta en establecimientos autorizados. ERC propone que esa distribuci¨®n la hagan solo las farmacias, ¡°un modelo similar al de Uruguay, que no ha acabado de funcionar porque se marc¨® un precio muy bajo, de un d¨®lar el gramo, y no dejaba espacio a la iniciativa privada¡±, explica Constanza S¨¢nchez, doctora en derecho internacional de la Fundaci¨®n ICEERS.

Especialista en pol¨ªticas de drogas y su regulaci¨®n internacional, S¨¢nchez cree que ¡°ninguno de los modelos¡± ahora en vigor (el uruguayo, el canadiense y el de diversos estados de EE UU) es ¡°id¨®neo¡± para Espa?a. Cree, sin embargo, que un ¡°h¨ªbrido¡± de las tres propuestas que se han registrado en el Congreso ser¨ªa una buena opci¨®n. Aunque es partidaria de una ¨²nica ley integral ¨Dtrabaj¨® en un borrador para Podemos hace dos a?os¨D, S¨¢nchez ve llamativo el orden con que el debate ha llegado a Espa?a. ¡°En el resto del mundo, primero se ha empezado por la regulaci¨®n medicinal y luego se ha a?adido el uso recreativo¡±. ¡°Es interesante que se plantee como un tema m¨¢s de pol¨ªtica p¨²blica¡±, a?ade S¨¢nchez, que pide pasar p¨¢gina a una etapa en la que hablar de regulaci¨®n era tab¨² por ¡°el trauma de la hero¨ªna¡±.

Exportar marihuana, importar crimen

La paradoja es que, mientras se queda rezagada en la regulaci¨®n, Espa?a, pa¨ªs de sol abundante y clima ideal para las plantaciones, lidera la industria ilegal: buena parte del cannabis que se consume en Europa se cultiva aqu¨ª. Lo resume con elocuencia Ramon Chac¨®n, jefe de la Divisi¨®n de Investigaci¨®n Criminal (DIC) de los Mossos d¡¯Esquadra: ¡°Somos los n¨²meros uno exportando marihuana, pero tambi¨¦n importamos crimen organizado¡±.

La marihuana trae de cabeza a la polic¨ªa, que advierte de la penetraci¨®n de la narcoeconom¨ªa en el tejido social. Cada a?o hay m¨¢s de 13.000 detenidos por delitos relacionados con el cannabis. En 2019 se incautaron 1,5 millones de plantas, un 738% m¨¢s que seis a?os antes: lidera Catalu?a (descrita en los informes policiales como ¡°el epicentro del mercado ilegal de marihuana en Europa¡±), seguida de Andaluc¨ªa y la Comunidad Valenciana. El auge del cannabis tiene otras consecuencias. Las pugnas entre grupos cada vez m¨¢s armados ¡°se saldan con robos violentos y muertes¡±, cuenta Chac¨®n, que advierte de que la marihuana dista mucho de ser solo un problema policial. Su poder¨ªo econ¨®mico, se?ala, da alas a la corrupci¨®n: en las investigaciones, cada vez -aparecen m¨¢s polic¨ªas comprados con el gigantesco negocio ilegal de la marihuana. Seg¨²n Europol, los europeos gastan cada a?o 30.000 millones de euros en la compra de drogas. El 39% de ese dinero lo destinan al cannabis.

Fuentes policiales se?alan que el escenario actual es el peor posible: el C¨®digo Penal no castiga con tanta dureza el tr¨¢fico de marihuana como el de coca¨ªna o hero¨ªna (consideradas por el Tribunal Supremo como sustancias que causan grave da?o a la salud) y, por tanto, hay menos temor a las consecuencias penales de dedicarse a ese negocio. La estrategia, coinciden, es fallida. Uno de los grandes argumentos de los partidarios de la regulaci¨®n es que llevar¨ªa a disminuir la criminalidad. Las fuentes policiales lo ponen en duda porque depende de muchos factores; por ejemplo, de que haya un precio legal competitivo. Aunque no hay experiencias internacionales que avalen una u otra tesis, un estudio de la Universitat Aut¨°noma de Barcelona (UAB) concluye que la regulaci¨®n reducir¨ªa su cuota de mercado hasta dejarla en el 15%.

El estudio de la UAB analiza el impacto econ¨®mico de una eventual regulaci¨®n: con un volumen de negocio de 8.500 millones de euros al a?o, la nueva industria crear¨ªa 100.000 puestos de trabajo directos. Un negocio goloso en el que habr¨¢ que ver, advierten en el sector, c¨®mo se reparten los papeles las grandes empresas y los peque?os cultivadores. Hay otro dato que subrayan las propuestas registradas llevadas al Congreso: la actividad generar¨ªa m¨¢s de 3.300 millones al a?o con los nuevos impuestos a la comercializaci¨®n. Podemos, M¨¢s Pa¨ªs y ERC prev¨¦n la creaci¨®n de un impuesto especial, similar al del tabaco. Una sustancia, recuerdan quienes empujan por la regulaci¨®n, que sin haber demostrado nunca efectos positivos o terap¨¦uticos, disfruta pl¨¢cidamente de los beneficios de la legalidad.