Los colegios deber¨¢n contar a partir del curso que viene con un coordinador contra el acoso y la violencia contra la infancia

El pr¨®ximo curso, todos los centros educativos, ya sean p¨²blicos, privados o concertados, deber¨¢n contar con un coordinador de bienestar y protecci¨®n, que ser¨¢ la figura de referencia en los centros a la que los ni?os podr¨¢n acudir en caso de que sean v¨ªctimas de violencia, desde el bullying al abuso o maltrato. Ser¨¢n los responsables de actuar ante casos sospechosos y de velar por que se cumplan los protocolos contra cualquier forma de violencia contra la infancia. Para entonces esta figura tambi¨¦n deber¨¢ estar operativa, bajo el nombre de delegado de protecci¨®n, en las entidades que realicen actividades deportivas y de ocio.

As¨ª lo ha acordado este lunes la conferencia sectorial de infancia, que re¨²ne a las comunidades aut¨®nomas y al Ministerio de Derechos Sociales, y que ha acordado una hoja de ruta para desplegar las medidas contenidas en la ley de protecci¨®n de la infancia frente a la violencia, que fue aprobada el pasado mayo y que es pionera en cuanto a reconocimiento de derechos de los ni?os y adolescentes, pero exigir¨¢ un gran despliegue normativo por parte de las autonom¨ªas y del ministerio hasta poder aplicarse por completo.

El acuerdo ha sido aprobado por 10 autonom¨ªas, seis se han abstenido (con la intenci¨®n de consultar previamente con las consejer¨ªas de educaci¨®n) y solo el Pa¨ªs Vasco ha votado en contra. Durante la tramitaci¨®n parlamentaria de la ley, el PNV ya hab¨ªa mostrado su rechazo por motivos competenciales. El pacto no es vinculante, pero se trata del primer acuerdo del Gobierno con las autonom¨ªas para avanzar en labores de coordinaci¨®n durante el despliegue de la ley.

El coordinador de bienestar y protecci¨®n del alumnado ser¨¢ la figura de referencia en los centros educativos para todo asunto relacionado con la violencia o con la prevenci¨®n de la misma. Estar¨¢ supervisado por el director y su labor ser¨¢, b¨¢sicamente, que se cumplan los protocolos de prevenci¨®n de la violencia y de buen trato. Ser¨¢ quien act¨²e ante casos sospechosos. Entre sus tareas, seg¨²n se especifica en la ley, estar¨¢ la de promover planes de formaci¨®n sobre prevenci¨®n, detecci¨®n precoz y protecci¨®n de los menores, tanto para el personal como para los propios estudiantes, la de identificarse ante la comunidad educativa como el principal referente para las comunicaciones relacionadas con violencia en el centro o en su entorno, y la de coordinar los casos que requieran intervenci¨®n por parte de los servicios sociales, as¨ª como de las fuerzas de seguridad.

¡°Es una tarea urgente que incluimos en la ley y que debemos poner en marcha tan pronto como sea posible¡±, ha dicho durante el encuentro la ministra, Ione Belarra, en referencia a esta figura. ¡°Deben ser la pieza clave que se encargue de que se implementen los planes y protocolos en el ¨¢mbito educativo y en el ocio y el deporte, de escuchar a los menores y sus avisos sobre cualquier tipo de violencia, y de comunicar situaciones de riesgo¡±, ha a?adido, algo que ¡°no puede esperar m¨¢s¡±. En el curso 2022-2023 deber¨¢n estar completamente operativos. Y en el segundo trimestre del pr¨®ximo a?o, la conferencia sectorial har¨¢ un an¨¢lisis del grado de articulaci¨®n y desarrollo de estas figuras.

14 nuevas tareas

Pero el acuerdo adoptado este lunes va m¨¢s all¨¢ del coordinador de protecci¨®n, y fija a la conferencia sectorial de infancia y adolescencia 14 tareas a cumplir en determinados momentos de 2022 y los primeros meses de 2023. El objetivo es fijar un m¨ªnimo com¨²n denominador para todas las autonom¨ªas, armonizar el despliegue de la ley.

Por ejemplo, en el primer cuatrimestre de 2022 se deben aprobar recomendaciones para ofrecer una atenci¨®n integral, r¨¢pida y coordinada a los menores v¨ªctimas de delitos violentos y favorecer su recuperaci¨®n en servicios especializados, y debe llegarse a un acuerdo sobre los criterios que han de reunir los mecanismos de denuncia de la violencia que sufren los ni?os, para que sean claros, seguros y accesibles, como l¨ªneas telef¨®nicas gratuitas de ayuda, medios electr¨®nicos o plataformas digitales, y que estos sean conocidos por las familias y profesionales.

Tambi¨¦n se ha pactado que en los cuatro primeros meses del a?o se consens¨²e un documento con recomendaciones y criterios comunes que deben contener los protocolos que contempla la ley, que son muchos y todos ellos deber¨¢n ser sometidos a evaluaci¨®n. Entre ellos se incluyen los protocolos de actuaci¨®n en los centros escolares y deportivos y de ocio, por cuyo cumplimiento deber¨¢ velar el coordinador de protecci¨®n; los que afectan a la actuaci¨®n de las fuerzas de seguridad para el buen trato a los ni?os v¨ªctimas de violencia y evitar la victimizaci¨®n secundaria (que los menores revivan sus traumas durante la denuncia y proceso judicial), y los protocolos en centros de protecci¨®n de menores, espec¨ªficamente los de prevenci¨®n, detecci¨®n e intervenci¨®n ante posibles casos de abuso, explotaci¨®n sexual y trata.

En el segundo cuatrimestre del pr¨®ximo a?o, la conferencia tambi¨¦n deber¨¢ acordar pautas para incluir formaci¨®n en materia de derechos de la infancia en el curr¨ªculo de los profesionales de distintos ¨¢mbitos que requieran contacto habitual con ni?os y las autonom¨ªas deber¨¢n presentar las l¨ªneas generales de sus planes de prevenci¨®n para erradicar la violencia contra la infancia, que deber¨¢n contener medidas de prevenci¨®n en ¨¢mbitos desde el familiar al de los servicios sociales, pasando por las fuerzas de seguridad.

Ser¨¢ entre enero y abril cuando la conferencia sectorial env¨ªe al Gobierno la estrategia nacional de erradicaci¨®n de la violencia contra la infancia, que las organizaciones del sector han calificado como uno de los elementos clave para lograr una buena implementaci¨®n de la ley, dado que tendr¨¢ un car¨¢cter plurianual y establecer¨¢ las tareas a desarrollar por cada Administraci¨®n. Tambi¨¦n contendr¨¢ una memoria econ¨®mica. Por el momento, solo ha trascendido que el Gobierno contempla una partida de 25 millones de euros en los presupuestos para 2022, que se encuentran actualmente tramit¨¢ndose en el Congreso, para impulsar el desarrollo de la ley. En la memoria econ¨®mica de la norma se contemplaban ¡°m¨¢s de 70 millones¡±, seg¨²n hab¨ªa anunciado la propia Belarra.