La SGAE defiende su transparencia

Durante m¨¢s de una semana, ELPAIS.com ha acogido en estas p¨¢ginas un intenso e interesante debate sobre el pol¨¦mico canon digital, la compensaci¨®n a los autores y a la industria audiovisual por la pirater¨ªa. En el seno de esta discusi¨®n, en el que han participado representantes de ocho organizaciones relacionadas con el tema, la Sociedad General de Autores de Espa?a ha sido duramente criticada. Con algunas aclaraciones solicitadas por esta entidad, que podr¨¢s leer a continuanci¨®n, se da por cerrado el debate.

"El debate abierto por ELPAIS.com bajo el ep¨ªgrafe “?Protecci¨®n de la cultura o freno tecnol¨®gico?”, que ha contado con la participaci¨®n de todas las partes en discordia, ha albergado en los ¨²ltimos d¨ªas las tribunas de un abogado y el representante de una asociaci¨®n de internautas que se han servido de la oportunidad que se les ha brindado para, en lugar de expresar sus posturas, lanzar una serie de falsedades encaminadas a desinformar a la opini¨®n p¨²blica y difamar a las entidades de gesti¨®n, especialmente a la SGAE.

Ante sus afirmaciones, nos vemos en la obligaci¨®n de realizar las siguientes puntualizaciones:

-?C¨®mo se puede acusar de falta de transparencia a las entidades de gesti¨®n, cuando sus cuentas son fiscalizadas por el Ministerio de Cultura y auditadas por consultor¨ªas independientes y hechas p¨²blicas a trav¨¦s de sus memorias anuales? Decir, por ejemplo, que la remuneraci¨®n por copia privada se recauda “de forma no transparente” es, sencillamente, mentir.

-La remuneraci¨®n por copia privada no compensa a “presuntos” autores por “presuntas” obras, como se dice, sino a los leg¨ªtimos titulares de los derechos de propiedad intelectual por las copias que se hacen de sus creaciones en el ¨¢mbito dom¨¦stico. La copia privada es una instituci¨®n que existe desde hace m¨¢s de cuarenta a?os en la pr¨¢ctica totalidad de los pa¨ªses de la Uni¨®n Europea.

-Insinuar que la regulaci¨®n por ley de la copia privada es inconstitucional es olvidar los informes que as¨ª lo atestiguan, incluido uno reciente del Defensor del Pueblo. Como afirmar que la reforma de la LPI ha ignorado la directiva europea que transpone es mostrar un claro desprecio hacia los legisladores, de los que se aduce que han despreciado a los consumidores.

-Volver a insistir en la relaci¨®n entre copia privada y pirater¨ªa es una argumentaci¨®n falaz suficientemente desmentida cuyo uso s¨®lo se justifica por el af¨¢n de desinformar al lector y al consumidor al que dicen defender. La copia privada es una justa y leg¨ªtima remuneraci¨®n que nada tiene que ver con la pirater¨ªa, que es un delito tipificado en el C¨®digo Penal.

-Tildar a las entidades de gesti¨®n de antidemocr¨¢ticas es caer en la m¨¢s burda de las demagogias. ?En qu¨¦ corporaci¨®n se produce la correlaci¨®n 1 accionista /1 voto? No hay que confundir el n¨²mero de votos con el que cuentan los miembros de una sociedad con el funcionamiento democr¨¢tico de la misma.

-Los derechos de autor, por mucho que les cueste asimilarlo, s¨ª pertenecen a los autores y no a las entidades de gesti¨®n, que se limitan a gestionar y recaudar para los autores y por mandato de estos los ingresos que generan sus creaciones por la explotaci¨®n que de ellas hacen terceros.

-Se afirma que tres resoluciones judiciales han eximido a otros tantos establecimientos p¨²blicos del pago a la SGAE. No se a?ade, sin embargo, que se trata de supuestos muy concretos en los que el ¨®rgano jurisdiccional de instancia apreci¨® falta de prueba, adem¨¢s de no entrar a resolver el fondo de la demanda.

-Se alude a cuatro “sencencias firmes” que disponen que los ced¨¦s en que se graban los juicios no deben pagar canon. Se le olvida que esas anecd¨®ticas sentencias est¨¢n recurridas ante el Tribunal Constitucional por no hab¨¦rsele dado a la entidad de gesti¨®n la oportunidad de defender sus leg¨ªtimos intereses en los procedimientos. Y tambi¨¦n que son numerosas las sentencias dictadas por audiencias provinciales a favor de la copia privada.

Por ¨²ltimo, quiz¨¢ no est¨¦ de m¨¢s recordar que la asociaci¨®n a la que representa uno de los firmantes ha sido condenada, en sentencia definitiva, por injurias a la SGAE.

Antonio Rojas es jefe de Prensa de la SGAE