Grupos latinos mantienen un pulso judicial con los Estados de Texas, Misuri y Arkansas por dificultar el voto

En unas elecciones como las de este a?o en las que los votantes latinos son decisivos para elegir al nuevo inquilino de la Casa Blanca, hay Estados que han impuesto barreras que dificultan su participaci¨®n. Varias organizaciones latinas tienen demandas interpuestas contra las leyes de Texas, Misuri y Arkansas, que restringen la actuaci¨®n de los asistentes que ayudan a los votantes con discapacidades o que tienen dificultades por el lenguaje. Muchos latinos no dominan el ingl¨¦s y acudir a las urnas se convierte en una tarea complicada sin alguien que les explique c¨®mo votar. La legislaci¨®n federal garantiza que puedan elegir a un asistente que les ayude, pero las normas estatales dificultan que puedan ejercer su derecho al voto.

Los impedimentos pueden ser por varios motivos: limitando el n¨²mero de personas que un asistente puede atender; prohibiendo que los ayudantes les asistan en su horario laboral; aumentando hasta la confusi¨®n las faltas en las que se puede incurrir, u obligando a los asistentes a firmar un juramento que les intimida porque corren el riesgo de ir a la c¨¢rcel si cometen alg¨²n error. En todos los casos el argumento es el mismo, impedir el fraude electoral, la letan¨ªa que los simpatizantes del candidato republicano, Donald Trump, repiten desde que perdi¨® las elecciones de 2020.

MALDEF (Fondo Mexicanoamericano de Defensa Legal y Educaci¨®n) interpuso una demanda contra el Estado de Texas por su Ley SB1, que el gobernador republicano Greg Abbott firm¨® en 2021. ¡°Las garant¨ªas de la ley federal son m¨¢s amplias, por lo que el Estado no puede imponer restricciones que sean contrarias a ella¡±, explica Nina Perales, vicepresidenta de Litigios de la firma. ¡°La gente no est¨¢ dispuesta a ayudar a los votantes porque sienten que si cometen alg¨²n tipo de error en su asistencia, ser¨¢n procesados. Si no completan la documentaci¨®n del juramento, tambi¨¦n pueden meterse en problemas. Hay mucho miedo ahora para ayudar a un votante¡±, sostiene.

La ley SB1 de 2021 estuvo rodeada de pol¨¦mica desde el comienzo por ser una de las m¨¢s estrictas para votar. Entre las nuevas disposiciones, se obliga a los asistentes a que rellenen un formulario con datos personales, la relaci¨®n con el votante y la aprobaci¨®n de asumir los riesgos legales de ayudar a un elector, que en el caso de infracci¨®n pueden ser desde multas hasta pena de c¨¢rcel.

Adem¨¢s de las personas con discapacidades, los latinos son los m¨¢s afectados por estas barreras. ¡°Estas restricciones de asistencia son muy onerosas para la comunidad latina porque el dominio del ingl¨¦s es limitado. Adem¨¢s, muchas personas no han podido obtener una educaci¨®n debido a la discriminaci¨®n que han sufrido y no pueden leer ni escribir bien¡±, apunta Perales.

La ley texana impide adem¨¢s que los asistentes cobren por la ayuda que ofrecen. Ello afecta a organizaciones como LUPE (La Uni¨®n del Pueblo Entero), fundada por los hist¨®ricos activistas de derechos para los latinos C¨¦sar Ch¨¢vez y Dolores Huerta, que est¨¢ detr¨¢s de la demanda presentada por MALDEF. Este grupo ayuda a los latinos a entender el proceso del voto y les asiste cuando lo necesitan, pero la ley impide que los asistentes cobren por esa labor, as¨ª que sus trabajadores s¨®lo pueden hacerlo en sus horas libres.

Michael Mireles, director de Compromiso C¨ªvico de LUPE, ya ha sufrido los efectos de la ley texana. En noviembre de 2023, cuando Texas votaba enmiendas a la Constituci¨®n, accedi¨® a la petici¨®n de una mujer latina para que la asistiera en la votaci¨®n. Era disl¨¦xica y la primera vez que votaba, por lo que se sent¨ªa confundida. Mireles recuerda que varios empleados de la mesa electoral le increparon durante minutos sobre si estaba votando dos veces.

¡°La ley ha puesto mucha presi¨®n y las personas que trabajan en los centros de votaci¨®n est¨¢n estresadas y temerosas de infringir una ley y cometer un delito grave. El ambiente se volvi¨® mucho m¨¢s hostil y tenso¡±, afirma Mireles. Situaciones como ¨¦sta pueden desincentivar el voto en una comunidad en la que la abstenci¨®n est¨¢ muy extendida. ¡°Recuerdo haber pensado que era una experiencia muy desafortunada para una persona que va a votar por primera vez¡±, a?ade.

Otra de las trabas con las que se enfrentan se refieren al voto por correo, que en Texas est¨¢ muy restringido. Pr¨¢cticamente s¨®lo los mayores de 65 a?os y los discapacitados pueden emitir su voto a distancia y los asistentes no pueden ayudarlos. Los trabajadores de LUPE ofrecen informaci¨®n en las casas de sus afiliados, pero la ley texana se lo proh¨ªbe si alguna papeleta de votaci¨®n est¨¢ presente. ¡°Vamos a diferentes vecindarios, tocamos puertas y hablamos con la gente para ver qu¨¦ tipo de apoyo necesitan para poder participar en las elecciones. El miedo que tenemos es que no sabemos si hay una boleta en el hogar, si ya hab¨ªan llenado una solicitud o recibido alguna por correo, porque estar¨ªamos infringiendo esa ley¡±, cuenta Mireles.

Sin informaci¨®n en espa?ol

El lenguaje es sin duda una de las principales barreras que enfrentan los latinos y solo algunos condados, por la cantidad de hispanohablantes que residen, ofrecen informaci¨®n en espa?ol.

En Arkansas es dif¨ªcil encontrar informaci¨®n en esa lengua y la ley impide que un asistente ayude a m¨¢s de seis votantes. ¡°Es una violaci¨®n de la ley federal del derecho del votante, que dice que tienes derecho a contar con la asistencia de la persona que elijas si eres ciego o si tienes alguna discapacidad o si tienes problemas para leer y escribir¡±, afirma Susana Sandoval Vargas, abogada de MALDEF encargada de la demanda contra ese Estado. Su cliente es Arkansas United, una organizaci¨®n de defensa de los migrantes, que encuentra dif¨ªcil ayudar a todas las personas que lo requieren por causa del l¨ªmite impuesto. ¡°No tienen capacidad para hacerlo porque no hay mucha gente biling¨¹e que pueda dar asistencia¡±, explica Sandoval Vargas.

La mayor parte de la gente a la que ayuda United Arkansas son latinos que no saben leer y escribir en ingl¨¦s y necesitan asistencia, porque en ese Estado no hay suficiente poblaci¨®n de habla hispana como para que la ley les obligue a tener la informaci¨®n en espa?ol. ¡°El riesgo es que si un votante elige a alguien para que le ayude y ese asistente ya ha cubierto el l¨ªmite de seis personas, puede decidir no votar¡±, mantiene Sandoval Vargas.

Los demandantes est¨¢n a la espera del fallo judicial, que tambi¨¦n afectar¨¢ a otra demanda interpuesta por varias organizaciones latinas contra el Estado de Misuri. En este caso, el l¨ªmite es a¨²n m¨¢s restrictivo y cada asistente s¨®lo puede atender a un votante. Esta demanda, por ser parecida a la interpuesta contra Arkansas, est¨¢ paralizada hasta conocer la decisi¨®n que sale de aquel Estado.

No hay expectativa de que ninguno de los tres casos abiertos se decida antes del 5 de noviembre, por lo que las restricciones seguir¨¢n aplic¨¢ndose en estas elecciones. Sus defensores justifican que es una manera de impedir que los asistentes influyan en el voto ajeno y evitar as¨ª el fraude.

Perales cuenta que un testigo de la defensa en el caso de Texas reconoci¨® que no se hab¨ªa registrado ning¨²n caso de fraude entre los asistentes en las votaciones. ¡°Entonces, ?por qu¨¦ poner estas barreras? Debe ser por un motivo distinto al fraude¡±, supone.