La ofensiva republicana abre varios frentes contra la sanidad y la educaci¨®n para los indocumentados

Varios Estados republicanos han escalado su persecuci¨®n contra los inmigrantes que carecen de documentos legales para residir en Estados Unidos y amenazan con afectar a sus necesidades m¨¢s b¨¢sicas. Hasta ahora, los migrantes no ten¨ªan que declarar su estado migratorio para recibir asistencia m¨¦dica en los hospitales ni para que los ni?os acudieran a las escuelas. La semana pasada, sin embargo, se han conocido dos propuestas de dos Estados gobernados por los republicanos que acabar¨ªan con ese anonimato.

En Texas, los hospitales tendr¨¢n que informar del estatus migratorio de los pacientes que asistan y, en Oklahoma, se estudia la forma de evaluar el coste que suponen los migrantes sin papeles para el sistema educativo, para lo que se prev¨¦ que el Gobierno obligue a los estudiantes a revelar si disponen o no de residencia legal. Aunque las medidas se justifican con otros argumentos, la ofensiva contra los migrantes sigue la estela del discurso republicano de poner fin a la inmigraci¨®n irregular y de llevar a cabo la mayor deportaci¨®n de migrantes de la historia del pa¨ªs, propuesta estrella del candidato presidencial del partido conservador, Donald Trump.

En Texas, el gobernador Greg Abbott ha firmado una orden ejecutiva que obligar¨¢ a los hospitales a preguntar a los pacientes si son o no ciudadanos estadounidenses y si tienen permiso de residencia. Adem¨¢s, los centros sanitarios deber¨¢n informar a las autoridades de los costes que supone el internamiento de estos enfermos y los tratamientos m¨¦dicos recibidos. Es la ¨²ltima envestida del gobernador republicano contra los migrantes, quien el 13 de agosto anunci¨® la instalaci¨®n de m¨¢s alambradas en la zona fronteriza de Eagle Pass para impedir la llegada de nuevas personas.

¡°El aumento de gastos de los hospitales de Texas que prestan atenci¨®n m¨¦dica a personas que no se encuentran legalmente en Estados Unidos sobrecarga el sistema de atenci¨®n m¨¦dica del Estado¡±, declar¨® Abbott al anunciar la medida el 8 de agosto. El gasto que los migrantes suponen a las arcas p¨²blicas ha sido un argumento recurrente de los conservadores, a pesar de que las estad¨ªsticas muestran que es mayor el beneficio que aportan a la econom¨ªa, entre otras razones por los empleos que ocupan y por los impuestos que pagan. Hay estudios que revelan que los migrantes indocumentados pagan a la Seguridad Social, a trav¨¦s de sus impuestos, m¨¢s de lo que usan, pues acuden al m¨¦dico menos que los estadounidenses.

Una vez que los hospitales informen, con una periodicidad anual, del gasto que supone la atenci¨®n hospitalaria y de emergencia de esos migrantes, el Estado de Texas pedir¨¢ el reembolso al Gobierno federal. ¡°Texas responsabilizar¨¢ a la Administraci¨®n Biden-Harris por las consecuencias de su pol¨ªtica de fronteras abiertas, y lucharemos para garantizar que le paguen a Texas por sus costosas y peligrosas pol¨ªticas¡±, justific¨® el gobernador.

En un pa¨ªs en el que la sanidad privada alcanza costes desorbitantes, el seguro m¨¦dico, si no es a trav¨¦s de un empleador, es un lujo que pocos pueden pagar. Es el caso de muchos de los migrantes que se encuentran en situaci¨®n irregular en el pa¨ªs, cuyo ¨²nico recurso que tienen cuando se enferman es acudir a la sala de urgencias de los hospitales. Por ley, en estos centros no pueden negar a nadie la asistencia m¨¦dica, sin importar si tienen o no papeles.

As¨ª lo record¨® la Asociaci¨®n de Hospitales de Texas al conocer el decreto de Abbott. ¡°Es un requisito nuevo y lo estamos revisando lo m¨¢s r¨¢pido posible. En este momento, los hospitales no preguntan sobre el estatus migratorio del paciente como condici¨®n para el tratamiento. Est¨¢n obligados por ley a brindar tratamientos que salven vidas a cualquier persona, independientemente de su capacidad de pago o su estatus¡±, afirm¨® en un comunicado.

La consecuencia m¨¢s inmediata cuando la norma entre en vigor el 1 de noviembre, es que los enfermos no van a solicitar la asistencia m¨¦dica que necesiten por miedo a las represalias que pueda suponer desvelar su condici¨®n de indocumentados. En teor¨ªa, los hospitales tendr¨¢n que informarles de que los datos no ser¨¢n utilizados para ning¨²n otro fin, pero es poco cre¨ªble en un Estado donde la llamada operaci¨®n Lone Star contra la inmigraci¨®n ha supuesto la detenci¨®n de cientos de miles de ellos. El propio Abbott presum¨ªa este mi¨¦rcoles en su cuenta de X (antes Twitter) de que en dos a?os Texas ha detenido a 517.400 migrantes y enviado a 119.400 migrantes a ciudades santuario, donde las pol¨ªticas contra los indocumentados son menos represivas.

¡°Dicen que la informaci¨®n no se va a utilizar contra ellos, pero eso crea temor en la comunidad, porque no se puede confiar en que el Gobierno de Texas no vaya a usar esa informaci¨®n contra ellos¡±, opina Adriel Orozco, consejero senior del American Immigration Council, una organizaci¨®n dedicada a la defensa de los migrantes. ¡°La gente no va a recibir el cuidado m¨¦dico que necesitan. En Florida ya pasaron una ley y muchos no han ido al hospital. En Texas va a pasar lo mismo¡±, augura.

El tambi¨¦n republicano gobernador de Florida, Ron DeSantis, aprob¨® una legislaci¨®n en 2023 que obliga a los hospitales a pedir a los pacientes su estatus migratorio. En teor¨ªa la norma solo se aplica en los hospitales que proveen Medicaid, pero la realidad es que se ha extendido a m¨¢s centros y muchos enfermos no han querido recibir asistencia por miedo a ser detenidos y deportados.

Identificaci¨®n para poder estudiar

Algo parecido y con el mismo esp¨ªritu antiinmigrante es lo que el superintendente de Instrucci¨®n P¨²blica de Oklahoma, Ryan Walters, quiere hacer en su Estado. En la reuni¨®n mensual de la Junta Estatal de Educaci¨®n, Walters anunci¨® la semana pasada que planea pedir a los administradores escolares que ayuden a su oficina a calcular ¡°el costo y la carga¡± de la inmigraci¨®n ilegal en sus distritos. ¡°El Gobierno federal no ha logrado asegurar nuestra frontera. Nuestras escuelas est¨¢n sufriendo por ello¡±, dijo.

Walters, que ha sido muy pol¨¦mico por su propuesta de imponer el estudio de la Biblia en las escuelas p¨²blicas, no detall¨® cu¨¢les ser¨¢n las medidas, pero todo apunta a que las escuelas tendr¨¢n que preguntar el estatus migratorio de sus estudiantes. Ello a pesar de que el derecho a la educaci¨®n de primaria y secundaria est¨¢ protegido por ley en Estados Unidos, sin discriminar entre ciudadanos o no ciudadanos e independientemente de sus papeles.

El Departamento de Educaci¨®n del pa¨ªs recuerda que ¡°un Estado no puede negar el acceso a la educaci¨®n p¨²blica a ning¨²n ni?o que resida en ese Estado, incluidos los ni?os que no son ciudadanos y no tienen documentaci¨®n de inmigraci¨®n. La Corte Suprema dej¨® esto claro hace casi cuarenta a?os en un caso llamado Plyler contra Doe¡±, recoge en su p¨¢gina web. Y, en ning¨²n caso, se puede pedir que revelen si son o no residentes legales. ¡°Los distritos escolares no pueden solicitar informaci¨®n sobre la ciudadan¨ªa o el estado migratorio de los estudiantes o sus familias con el prop¨®sito o resultado de negarles el acceso a oportunidades educativas¡±, se aclara.

Sin embargo, como ocurre en el caso de Texas, el hecho de tener que definirse como migrante sin permiso legal de residente ya apunta a una discriminaci¨®n dentro de la comunidad de estudiantes. Los datos m¨¢s recientes del Instituto de Pol¨ªtica Migratoria, organizaci¨®n dedicada a estudiar la inmigraci¨®n, estima que en 2022 hab¨ªa unos 90.000 migrantes indocumentados en Oklahoma. De ellos, 6.000 son menores de 17 a?os, de los que el 89% est¨¢ matriculado en las escuelas.