La justicia transicional abre un nuevo caso para investigar los cr¨ªmenes contra pueblos ¨¦tnicos

¡°Hoy es un d¨ªa muy importante en la historia de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP). Es la primera vez que, a nivel nacional, se podr¨¢n investigar los cr¨ªmenes contra pueblos y territorios ¨¦tnicos y reconocer el impacto diferencial, masivo, que tuvo el conflicto sobre ellos¡±. As¨ª anunci¨® el presidente del sistema de justicia transicional, el magistrado Eduardo Cifuentes, la apertura del nuevo Caso 09, la macro investigaci¨®n sobre los cr¨ªmenes no amnistiables cometidos contra Pueblos y Territorios ?tnicos durante el conflicto armado.

Los investigados ser¨¢n los exintegrantes de las extintas FARC, miembros de la fuerza p¨²blica, y otros agentes del Estado y terceros civiles que hayan participado en estos delitos. En medio de un ritual ind¨ªgena in¨¦dito tambi¨¦n en este tribunal, creado en los acuerdos de paz con las FARC, se conoci¨® que el universo provisional de este caso es de 1.350.181 v¨ªctimas de origen ¨¦tnico, una cifra que habla de las enormes afectaciones contra las comunidades ind¨ªgenas en el conflicto armado. El dato preliminar parte de los reportes de 976 informes entregados por organizaciones ¨¦tnicas, de derechos humanos y entidades estatales.

El macrocaso se enfocar¨¢ en 4 territorios, donde han sido identificadas 375.967 v¨ªctimas. Una de las m¨¢s afectadas fue la regi¨®n de Buenaventura, Dagua y Pac¨ªfico Medio.. Las restantes son la Sierra Nevada de Santa Marta y sus zonas adyacentes; la Amazon¨ªa y Orinoqu¨ªa; y Choc¨®, concretamente en la zona del Medio Atrato.

La JEP hab¨ªa abierto recientemente un macrocaso -como se conocen estos grandes procesos- para investigar todos los delitos cometidos por alianzas de militares y paramilitares. Tambi¨¦n existe uno sobre la toma de rehenes y otras privaciones graves de la libertad cometidas por las FARC; los llamados ¡°falsos positivos¡±, asesinatos de civiles para hacerlos pasar como bajas en combate; uno sobre el genocidio a miembros del partido de izquierda Uni¨®n Patri¨®tica, y tres m¨¢s sobre todos los cr¨ªmenes cometidos en el marco del conflicto armado en regiones particularmente azotadas por ¨¦l. A¨²n est¨¢ pendiente la apertura de un macrocaso sobre violencia sexual y otros cr¨ªmenes motivados por el g¨¦nero, sexo, orientaci¨®n o identidad de g¨¦nero de la v¨ªctima.

Patrones de criminalidad contra los ind¨ªgenas

¡°El hecho con m¨¢s v¨ªctimas documentadas es el desplazamiento forzado, seguido del homicidio y la desaparici¨®n forzada¡±, explic¨® la presidenta de la Sala de Reconocimiento y magistrada de origen ind¨ªgena, Belkis Izquierdo, quien record¨® que los pueblos consideran el territorio como un sujeto vivo, una entidad sagrada dotada de relaciones espirituales basadas en procesos culturales propios, por lo que el desplazamiento ¡°debilit¨® su conexi¨®n sagrada con el territorio ancestral y colectivo¡±. Ambos magistrados reiteraron que las violencias contra las comunidades ind¨ªgenas ¡°est¨¢n acentuadas por el racismo y la discriminaci¨®n, y les han puesto en riesgo de exterminio f¨ªsico, cultural y espiritual, situaci¨®n que ha reconocido la Corte Constitucional desde hace casi dos d¨¦cadas¡±.

La investigaci¨®n para decidir la apertura del macrocaso identific¨® patrones de criminalidad que afectaron con m¨¢s fuerza a las comunidades ind¨ªgenas. ¡°Los informes presentados a la Sala relatan las formas como las FARC, en algunas regiones del pa¨ªs, implementaron como estrategia de guerra, desestructurar y desarticular a los Pueblos ?tnicos, sus tejidos comunitarios y sus formas organizativas pol¨ªtico-administrativas, y sus usos y costumbres¡±, indic¨® la JEP. Las acciones de ese grupo armado no solo buscaron asesinar a las lideresas y los l¨ªderes de los pueblos ind¨ªgenas, sino tambi¨¦n a afectar las ¡°estructuras culturales en que se basan sus saberes propios¡±.

La JEP tambi¨¦n investigar¨¢ c¨®mo la fuerza p¨²blica les impuso ¡°restricciones al acceso de alimentos y medicamentos, a la movilidad a trav¨¦s de la fijaci¨®n de horarios para actividades sociales y culturales, y del control en el tr¨¢nsito por el territorio colectivo¡±. Tambi¨¦n, de acuerdo con los informes que analiza el Grupo de An¨¢lisis de la Informaci¨®n (GRAI) de la JEP como hip¨®tesis preliminar, ahondar¨¢n en c¨®mo los militares participaron en el despojo de los territorios de los pueblos ¨¦tnicos en alianzas con paramilitares y con terceros o agentes econ¨®micos.

Adem¨¢s, como ha documentado tambi¨¦n la Comisi¨®n de la Verdad, los militares se instalaban en escuelas y sitios sagrados o de fragilidad ecosist¨¦mica, importantes para las comunidades ind¨ªgenas, ¡°en contrav¨ªa al principio de distinci¨®n¡±.

Despu¨¦s de analizar los reportes recibidos, la JEP tambi¨¦n investigar¨¢ los tipos de armas utilizadas por integrantes de la Fuerza P¨²blica y la forma en la que se hizo uso de estas, as¨ª como con otros m¨¦todos il¨ªcitos utilizados para atacar. ¡°Aqu¨ª se agrupan los cr¨ªmenes relacionados con tomas a poblaciones con homicidios de civiles pertenecientes a pueblos ¨¦tnicos, homicidios de combatientes con pertenencia ¨¦tnica puestos fuera de combate, destrucci¨®n de bienes culturales y lugares de culto, as¨ª como otros ataques y afectaciones a la poblaci¨®n ¨¦tnica¡±, informa la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz.

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