Una pelea de abogados acecha a la reforma a la salud de Petro

La reforma a la salud del Gobierno de Gustavo Petro, convertida en tal foco de fricci¨®n pol¨ªtica que provoc¨® una crisis de Gabinete, a¨²n no supera su primera controversia en un pa¨ªs que se suele apasionar por enrevesadas discusiones jur¨ªdicas. Esa pol¨¦mica de origen gira en torno al camino que debe tomar su tr¨¢mite en el Congreso, que apenas arranca. Espec¨ªficamente, a si debe o no tramitarse como una ley estatutaria, dado que la salud es considerada un derecho fundamental en Colombia. Aunque parezca un asunto de mera mec¨¢nica legislativa, es crucial y puede tener profundas consecuencias en el futuro de la reforma, que el Ejecutivo decidi¨® presentar como una ley ordinaria.

La de la salud, que promueve la ministra Carolina Corcho, es la m¨¢s debatida de las grandes reformas sociales que el Gobierno planea llevar al Congreso. De aprobarse, el vuelco al sistema tiene profundas repercusiones, entre otras, para las Entidades Promotoras de Salud, o EPS, a las que hoy se afilian las personas. El debate viene caldeado, y divide opiniones tanto en la coalici¨®n de Gobierno como en el propio Gabinete.

Las fisuras no han tardado en aflorar, y acabaron por provocar el primer remez¨®n ministerial. Este fin de semana la revista Cambio public¨® el documento en el que varios ministros presentaban sus reparos al proyecto. El grupo inclu¨ªa a los ministros de Hacienda, Jos¨¦ Antonio Ocampo; Educaci¨®n, Alejandro Gaviria; Agricultura, Cecilia L¨®pez; y al director del Departamento de Planeaci¨®n Nacional, Jorge Iv¨¢n Gonz¨¢lez. Los funcionarios, adem¨¢s de advertir sobre el impacto fiscal de la iniciativa o insistir en que se debe mantener un modelo mixto de aseguramiento en salud, planteaban la necesidad de presentar la reforma como una ley estatutaria y no como una ordinaria. El lunes, Petro decidi¨® por sorpresa relevar a Alejandro Gaviria.

Desde el primer momento, un grupo diverso de congresistas envi¨® una carta el presidente de la C¨¢mara, David Racero, en la que ped¨ªan que la reforma se debatiera como una norma estatutaria. Entre ellos estaba el exnegociador de paz Humberto de la Calle, que ha llegado a afirmar que ¡°el proyecto del Gobierno est¨¢ muerto¡± despu¨¦s de leer los argumentos del grupo de ministros y ha pedido p¨²blicamente a Petro que presente un nuevo proyecto remodelado. Tambi¨¦n firmaban la carta, entre otros legisladores, Paloma Valencia, del Centro Democr¨¢tico; David Luna, de Cambio Radical; o Catherine Juvinao, de la Alianza Verde. Un total de 15 congresistas han presentado dos acciones de tutela con ese mismo prop¨®sito.

Su petici¨®n fue ignorada. El ministro del Interior, Alfonso Prada, anunci¨® hace una semana que el proyecto ser¨¢ tramitado como ley ordinaria ¨Ca trav¨¦s de la Comisi¨®n S¨¦ptima de la C¨¢mara de Representantes, en lugar de las comisiones primeras constitucionales, donde el Gobierno enfrenta m¨¢s obst¨¢culos¨C. Desde entonces, la bancada de Gobierno ha cerrado filas en ese sentido.

?Se puede hundir el proyecto por no haber sido presentado como ley estatutaria? ¡°No creo¡±, manifest¨® a EL PA?S la semana pasada Roy Barreras, el presidente del Congreso, pues en su concepto es una ley ordinaria que desarrolla la ley estatutaria original, de la cual fue ponente. ¡°Hay quienes apuestan equivocadamente a que se hundan las reformas. P¨¦sima apuesta. Si no se resuelve el clamor social y popular, no solamente el pa¨ªs seguir¨ªa siendo injusto sino que el estallido social ser¨ªa inevitable¡±, se?al¨® Barreras al dejar a un lado las cr¨ªticas que ha ventilado tanto al texto del proyecto como a la ministra Corcho.

¡°No somos bobos¡±, le contest¨® Racero al peri¨®dico El Tiempo cuando le pregunt¨® si tem¨ªa que la reforma acabara por caerse. ¡°Revisamos con el Gobierno, con el ministro Prada, con el Ministerio de Salud; yo mismo, como presidente de la C¨¢mara, solicit¨¦ conceptos externos, a exmagistrados. Me encargu¨¦ de hacer todo el an¨¢lisis respectivo y estamos tranquilos¡±. Pero la tormenta no ha amainado.

Las leyes estatutarias tienen un tr¨¢mite m¨¢s riguroso, requieren debates m¨¢s apretados en el tiempo, mayor¨ªas m¨¢s s¨®lidas y tienen una revisi¨®n previa de la Corte Constitucional, mientras el tr¨¢nsito legislativo de las normas ordinarias es m¨¢s flexible. Si la reforma a la salud es aprobada por el tr¨¢mite ordinario, pero requer¨ªa el estatutario, acabar¨¢ por ser inconstitucional, advierten varios observadores.

El Gobierno ha defendido su decisi¨®n con el argumento de que el proyecto modifica una ley ordinaria, la Ley 100, y por lo tanto se puede tramitar como una ley ordinaria. ¡°Este argumento es efectista, pero d¨¦bil¡±, terci¨® este fin de semana el constitucionalista Rodrigo Uprimny en su columna del peri¨®dico El Espectador, pues la Ley 100 corresponde a un momento en que la Corte Constitucional no consideraba a la salud como un derecho fundamental. Eso cambi¨® a?os despu¨¦s, a ra¨ªz de una sentencia de 2008. Por lo tanto, sostiene el experto, su regulaci¨®n requiere de una ley estatutaria.

El segundo argumento del Gobierno, m¨¢s sofisticado, a?ade Uprimny, toma como premisa que la Corte ha aclarado que no toda ley que toque un derecho fundamental requiere ley estatuaria, ¨²nicamente aquellas que regulen los elementos esenciales de tales derechos. El proyecto en realidad modifica un elemento esencial: la libertad de elecci¨®n que tienen los usuarios de escoger entre diversas EPS y entidades de salud, argumenta Uprimny. ¡°Esta libertad es suprimida, pues el proyecto establece que ahora toda persona ser¨¢ adscrita a un Centro de Atenci¨®n Primaria en Salud o CAPS, que ser¨ªa la puerta ¨²nica de entrada para su atenci¨®n m¨¦dica¡±, explica. Al menos este punto, sostiene, requiere una ley estatutaria.

¡°La salud es hoy en d¨ªa un derecho fundamental y el proyecto parece incluir algunas restricciones a su ejercicio¡±, como por ejemplo la libertad de elecci¨®n de los ciudadanos, coincide Esteban Hoyos Ceballos, decano de Derecho de la Universidad Eafit, de Medell¨ªn. Concede que no es un debate sencillo, ¡°pero para evitar que la reforma se caiga por vicios de forma y dada la importancia del proyecto conviene tener los acuerdos y mayor¨ªas m¨¢s amplios posibles. Por eso hubiera sido conveniente su tr¨¢mite como ley estatutaria¡±.

La libertad de escogencia, enfatiza Uprimny a este peri¨®dico, ¡°es un elemento central de la reforma¡±, que pretende pasar de un sistema que conf¨ªa un poco m¨¢s en el mercado, y pone a competir entidades aseguradoras, a uno que conf¨ªa m¨¢s en el Estado y apunta a una oferta ¨²nica. ¡°Las dificultades que est¨¢ teniendo el proyecto deber¨ªan llevar al Gobierno a reconsiderar tratar de aprobarlo con rapidez, pero ese es un debate m¨¢s pol¨ªtico. Jur¨ªdicamente no est¨¢ muerto¡±, matiza. Eso porque en el tr¨¢mite en el Congreso los legisladores pueden eliminar los art¨ªculos que toquen los elementos esenciales del derecho, por ejemplo, como ha propuesto el representante conservador Juan Carlos Wills. El Gobierno insiste en tramitarlo como est¨¢ y por la v¨ªa ordinaria, en un debate que no se disipa.

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