Las elecciones regionales en Colombia, bajo la amenaza de los crecientes conflictos

En las elecciones regionales del pr¨®ximo 29 de octubre el Gobierno del presidente Gustavo Petro no solo enfrentar¨¢ una de las mayores pruebas pol¨ªticas en sus 14 meses, al jugarse el pulso por el poder local con figuras poco visibles de su movimiento, el Pacto Hist¨®rico. Tambi¨¦n tiene la responsabilidad de garantizar la seguridad en medio de su apuesta por la paz total, con las expectativas por los ceses al fuego firmados con la disidencia conocida como Estado Mayor Central (EMC) y la guerrilla del ELN, y las amenazas que suponen los siete conflictos armados que persisten en Colombia.

Tanto la Defensor¨ªa del Pueblo como la conocida oeneg¨¦ Misi¨®n de Observaci¨®n Electoral (MOE) han lanzado alertas por posibles actos de violencia. A pocos d¨ªas de la jornada electoral, la Defensor¨ªa advierte que 399 de los 1.102 municipios de Colombia tienen un riesgo alto de problemas de seguridad; 113 de ellos est¨¢n en alerta m¨¢xima. El n¨²mero total de municipios en peligro aument¨® en un 39% frente a los anteriores comicios locales, en 2019. Ante ese panorama, la entidad encargada de velar por los derechos humanos le pidi¨® al presidente Petro fortalecer las acciones articuladas del Estado para evitar alteraciones del orden p¨²blico.

Seg¨²n la Alerta Temprana 030 de 2023 de la Defensor¨ªa, las capitales con riesgo extremo son Arauca (Arauca), Florencia (Caquet¨¢), Quibdo? (Choc¨®), Neiva (Huila) y Cu?cuta (Norte de Santander). Tambi¨¦n aparecen 4 de las 20 localidades de Bogot¨¢: Usme, Kennedy, Ciudad Boli?var, todas en el sur de la ciudad, y Sumapaz, una extensa zona rural que pertenece al Distrito Capital.

El jefe de Estado refuta esas cifras y prev¨¦ un escenario de tranquilidad. ¡°No hay 300 municipios en riesgo en las elecciones. Hay 17 y all¨ª estaremos. Habr¨¢ elecciones en todo el territorio nacional¡±, sostuvo en su cuenta de X, antes Twitter, sobre la dimensi¨®n de las advertencias.

El ministro del Interior, Luis Fernando Velasco, tambi¨¦n ha buscado transmitir calma a los votantes. ¡°El Gobierno Nacional y toda la institucionalidad estamos revisando y trabajando para tener una jornada electoral tranquila y segura en todos los municipios y departamentos del pa¨ªs¡±, declar¨® luego de presidir la Comisi¨®n Nacional para la Coordinaci¨®n y Seguimiento de los Procesos Electorales, una instancia en la que participan organismos electorales y de control. El Ministerio estableci¨® un calendario para trasladarse a 10 regiones priorizadas e inform¨® que, a la fecha, 1.373 candidatos cuentan con medidas de protecci¨®n.

Sin embargo, para la Defensor¨ªa las acciones no son claras y los resultados a¨²n no son visibles. ¡°Es de suma preocupaci¨®n que, pese a los reiterados llamados de atenci¨®n, estamos presenciando un aumento alarmante en el n¨²mero de conductas vulneratorias¡±, asegura el defensor Carlos Camargo.

La alerta temprana de la Defensor¨ªa indica que el Clan del Golfo (o Autodefensas Gaitanistas), el ELN, las disidencias de las FARC y el crimen organizado se han expandido al 56% de los municipios del pa¨ªs, diversificando sus fuentes de financiacio?n ilegal.

¡°La coyuntura del proceso electoral conlleva una exacerbaci¨®n de las din¨¢micas de violencia asociadas al conflicto armado interno. Las decisiones en materia del ejercicio del poder p¨²blico territorial constituyen un asunto de especial inter¨¦s para los grupos de crimen organizado, as¨ª como el despliegue de sus acciones criminales y la financiaci¨®n de sus actividades mediante econom¨ªas ilegales¡±, a?ade el defensor Carlos Camargo.

Aunque las cifras de la MOE difieren de las de la Defensor¨ªa, no son menos alarmantes. Su mapa de riesgos incluye 166 municipios, de los cuales 83 est¨¢n en riesgo extremo. Diego Rubiano, investigador senior de esa organizaci¨®n, explica que son zonas donde coinciden factores de violencia, presencia de grupos armados ilegales y elementos indicativos de fraude electoral. ¡°Se observa, por ejemplo, una alta inscripci¨®n de c¨¦dulas o diferencias peque?as entre el censo electoral y censo poblacional; lo usual es que el poblacional sea entre un 25% y un 30% m¨¢s grande¡±, se?ala, en referencia a que es un indicador de riesgo de fraude que no haya una diferencia que refleje a las personas menores de edad.

Una de las situaciones que m¨¢s preocupa es el confinamiento forzado de comunidades, que, de estar obligadas a permanecer en sus casas el d¨ªa de las elecciones, ver¨¢n vulnerado su derecho al voto. De acuerdo con estad¨ªsticas del Comit¨¦ Internacional de la Cruz Roja, 22.755 personas estuvieron confinadas en el primer semestre de este a?o, lo que supone un aumento del 18% con respecto al mismo periodo de 2022. ¡°La persistencia de las confrontaciones armadas y la presencia de artefactos explosivos en distintos territorios han limitado la movilidad de varias comunidades¡±, indica el informe. El departamento del Choc¨®, en el Pac¨ªfico colombiano, concentra m¨¢s del 50 % de los casos.

Adem¨¢s de acciones que impidan a los votantes trasladarse libremente a los puestos de votaci¨®n, tambi¨¦n llaman la atenci¨®n los hechos de violencia pol¨ªtica, como asesinatos, atentados y amenazas. El Centro de Recursos para el An¨¢lisis de Conflictos (CERAC) reporta 90 muertes asociadas a situaciones de este tipo entre enero y agosto de este a?o. Solo en agosto fueron asesinados tres candidatos y el concejal de Tol¨² (Sucre) Ronald David G¨®mez Cervantes fue v¨ªctima de disparos mientras celebraba los 15 a?os de su hija en un barrio de Cartagena. En total, ese mes se registraron 17 acciones contra aspirantes a cargos p¨²blicos o funcionarios de elecci¨®n popular.

El horizonte electoral est¨¢ marcado por dos ceses bilaterales al fuego vigentes entre el Gobierno y agrupaciones armadas, uno con el ELN hasta el 29 de enero de 2024 y el otro reci¨¦n pactado con las disidencias de las antiguas FARC agrupadas en el EMC, hasta el 15 de enero de 2024. Si bien ese escenario puede reducir los riesgos de violencia en algunas regiones, no frena las confrontaciones entre grupos ilegales.

¡°En lugares donde las disidencias mantienen disputas violentas con el ELN, como en Arauca y el Catatumbo, es probable que haya menor mejora en la seguridad. El cese con la fuerza p¨²blica, por el contrario, podr¨ªa conducir a que destinen algunos de los recursos que tienen para resolver disputas entre ellos¡±, se?ala Jorge Restrepo, director del CERAC.

Rubiano, el investigador de la MOE, agrega que los enfrentamientos entre grupos pueden generar nuevos desplazamientos, confinamientos y alteraciones del orden p¨²blico. ¡°Esperamos, sin embargo, que el cese bilateral sea un alivio para las comunidades y para garantizar la seguridad perimetral, el acceso a los puestos de votaci¨®n y el desplazamiento a los mismos¡±, expresa.

Otra cara de la violencia preelectoral es menos visible, pero no menos asfixiante con la democracia. Se oculta en las intimidaciones que imponen l¨ªmites a las campa?as o al ejercicio de l¨ªderes pol¨ªticos en algunos territorios. En Tib¨² (Norte de Santander) o Cartagena del Chair¨¢ (Caquet¨¢), los alcaldes actuales han tenido que gobernar a distancia por las amenazas. En total son nueve mandatarios locales los que despachan lejos de su pueblo, seg¨²n la Federaci¨®n Colombiana de Municipios.

El primer desaf¨ªo de la seguridad el pr¨®ximo 29 de octubre ser¨¢ lograr la apertura de todos de los puestos de votaci¨®n, para que puedan sufragar m¨¢s de 38,9 millones de ciudadanos. En la jornada se elegir¨¢n 1.102 alcaldes, 32 gobernadores, 12.072 concejales, 418 diputados de las asambleas departamentales y 6.513 ediles que conformar¨¢n las Juntas Administradoras Locales (JAL). Los candidatos elegidos se posesionar¨¢n el 1 de enero de 2024 por un periodo de cuatro a?os.

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