Tib¨² y la nada: el pueblo colombiano con m¨¢s coca del planeta, sin morgue, alcalde, juez ni fiscal

Puentes de lata improvisados, una carretera con huecos y letreros alusivos a las guerrillas del ELN y el EPL. En el trayecto no hay un solo uniformado a la vista. Una cabuya a modo de barrera en la v¨ªa es la se?al para detenerse. M¨¢s adelante, otra parada similar. Son dos peajes supuestamente comunitarios para arreglar la carretera, pero en realidad operan al servicio de los grupos armados. Controlan qui¨¦n entra y qui¨¦n sale. Tib¨² es un pueblo abandonado, con las calles rotas y cedido a la delincuencia. Si ocurre un asesinato, no hay autoridades que recojan el cad¨¢ver ni las evidencias. Muchas veces, los cuerpos se entierran sin que se les haga la necropsia. No hay quien atienda la morgue, ni Fiscal¨ªa, ni juzgado. El alcalde Nelson Leal L¨®pez se vio obligado a refugiarse en C¨²cuta, la capital de Norte de Santander, tras decenas de amenazas y el robo de dos de las camionetas blindadas para su protecci¨®n, pues el Estado no puede garantizar la seguridad de ¨¦l ni de nadie en el municipio.

Tib¨² ocupa el primer lugar en cultivos de coca del mundo, con 22.000 hect¨¢reas de tierra sembradas, seg¨²n el ¨²ltimo informe de la Oficina de las Naciones Unidas contra la Droga y el Delito. Es el municipio m¨¢s extenso del departamento de Norte de Santander, fronterizo con Venezuela. Hace parte del Catatumbo, regi¨®n conocida como zona roja por sus hist¨®ricos problemas de violencia. Paramilitares del Bloque Catatumbo, que estuvieron bajo las ¨®rdenes de Salvatore Mancuso y Carlos Casta?o, reconocieron ante la justicia que, entre 1999 y 2004, cometieron 12.427 homicidios y 375 desapariciones forzadas en Norte de Santander. Gran parte de las v¨ªctimas eran arrojadas al r¨ªo Catatumbo y otras enterradas en fosas comunes.

De Tib¨² solo se difunden noticias negativas: bombas, masacres, secuestros, asesinatos, extorsiones, reclutamiento a menores de edad¡­ No obstante, recorrer el casco urbano produce la impresi¨®n de un pueblo habitado con aparente normalidad. Tenderetes, carne fresca colgada en los andenes, bares con m¨²sica a todo timbal y un parque con juegos para ni?os. Los habitantes pregonan que se puede caminar con tranquilidad, aunque el miedo se percibe en el ambiente. El mayor riesgo parece presentarse en los caminos rurales. ¡°Aqu¨ª no roban. Puedes andar con el tel¨¦fono en la mano sin problema. El peligro es que explote una bomba o que te maten¡±, dice alguien con desparpajo. Explica que para quien robe el castigo es la muerte.

La estaci¨®n de Polic¨ªa permanece acordonada con mortajas negras, vallas y barricadas para atrincherarse. Desde el atentado en mayo pasado, en el que murieron dos uniformados y una mujer tras la detonaci¨®n de una carga explosiva, los polic¨ªas viven ocultos y solo salen a patrullar en tanquetas blindadas. Los habitantes temen acerc¨¢rseles pues la mayor¨ªa de los ataques han sido dirigidos contra la fuerza p¨²blica. No se puede ni tomar fotos.

Desde que en 2021 asesinaron a la fiscal Esperanza Navas, Tib¨² se qued¨® sin Fiscal¨ªa y sin justicia. La fiscal asesinada ten¨ªa a su cargo m¨¢s de 400 causas por cultivos il¨ªcitos y homicidios, pero ni siquiera en su caso han capturado a los responsables. Los procesos fueron trasladados a C¨²cuta y la posibilidad de que se haga justicia es remota. Sin instituciones ni investigadores criminal¨ªsticos locales, y sin judicializaci¨®n de los delincuentes, se perpet¨²a la impunidad. Las funerarias recogen los cad¨¢veres para la sepultura, pero se pierden las pruebas.

En el pueblo tampoco hay juzgado ni oficina de derechos humanos del Gobierno. En 2019, una comisi¨®n del juzgado municipal fue atacada con granadas y r¨¢fagas de fusil cuando se dirig¨ªa a realizar una diligencia judicial. El secretario del despacho y el perito judicial fueron asesinados, y hubo 11 heridos, entre ellos el juez, tres militares y tres polic¨ªas. Desde entonces cerraron el juzgado.

El alcalde ha tratado de regresar a bordo de helic¨®pteros del Ej¨¦rcito, pero apenas aterriza la Polic¨ªa descubre un nuevo plan de asesinato y se ve obligado a volver a C¨²cuta, desde donde despacha por videollamada. La inseguridad se ha incrementado con las elecciones locales que se avecinan. ¡°Nos toca comenzar a recuperar el territorio, pero para eso necesitamos de las instituciones del Estado, y articular el trabajo con la fuerza p¨²blica para que las comunidades vuelvan a confiar en su polic¨ªa¡±, dice el alcalde.

Otros seis alcaldes de Colombia han tenido que irse del municipio que gobiernan, la mayor¨ªa del departamento del Choc¨®, y uno que renunci¨®: el de La Playa de Bel¨¦n, tambi¨¦n de Norte de Santander. La renuncia de un alcalde por inseguridad no se presentaba desde hace 20 a?os; que un alcalde abandonara el pueblo no se ve¨ªa desde el 2006, inform¨® la Federaci¨®n de Municipios a EL PA?S.

En Tib¨² operan todo tipo de grupos armados al margen de la ley: las disidencias de las FARC, el ELN, el EPL (tambi¨¦n llamado Los Pelusos, un grupo disidente de esa guerrilla que no se desmoviliz¨® en 1991) y bandas criminales, algunas de ellas transfronterizas, como el cartel de Sinaloa y el Tren de Aragua. Antes de que se pusiera en marcha un cese al fuego con el ELN, guerrilleros armados con fusiles fueron a un corregimiento de Tib¨² y se tomaron fotos con los ni?os. En varios videos ha quedado registrado c¨®mo miembros de las disidencias de las FARC patrullan el municipio a plena luz del d¨ªa. Portando armas largas y brazaletes, requisan a los habitantes y se apostan afuera de la Alcald¨ªa. A falta de justicia y del poco accionar de la Polic¨ªa, los disidentes imponen su ley con castigos como amarrar a los ladrones o vendedores de drogas a los postes de energ¨ªa con letreros como ¡°soy vicioso FARC EP¡±, oblig¨¢ndolos a barrer las calles o a trabajar en el campo. La amenaza del asesinato o la desaparici¨®n cuelga en el aire. ¡°La guerrilla es la que arregla los problemas judiciales, los problemas matrimoniales, los problemas de plata. Esto es lo que pasa por no tener comisar¨ªa de familia, ni juzgado, ni una inspecci¨®n de polic¨ªa fortalecida¡±, explica el alcalde Leal. En otro tiempo la guerrilla viv¨ªa internada en el monte, pero ahora son los amos y se?ores del pueblo.

Los cultivos de coca son una de las razones por las que los grupos armados se disputan esta zona. Gran parte de la poblaci¨®n vive de ella, aunque estos ¨²ltimos meses ha habido una desaceleraci¨®n en la compra, lo que algunos expertos le han atribuido a la sobreoferta. En las zonas rurales es usual que la gente realice transacciones con coca¨ªna. A pesar de la pobreza, vivir en Tib¨² es caro porque los grupos armados le piden cuotas a todo el mundo, incluso a los vendedores ambulantes de caf¨¦. En contraste, la fundaci¨®n de Shakira ha puesto en marcha la construcci¨®n de un colegio en el pueblo.

En los ¨²ltimos 25 a?os, miles de personas se han tenido que desplazar por la violencia. Zenayda P¨¦rez es una de ellas. Por las amenazas, no tiene un lugar fijo donde vivir. Los grupos armados la han retenido hasta por dos horas cuando transita por las veredas. No tiene tranquilidad. Su esposo, excombatiente de las extintas FARC, ha sufrido atentados. ¡°Mi seguridad consiste en que despu¨¦s de las cinco de la tarde no tengo nada que hacer en el pueblo. Me restrinjo de expresar muchas cosas¡±, dice.

Tib¨² es uno de los municipios donde es m¨¢s dif¨ªcil defender los derechos humanos. Desde la firma del acuerdo de paz entre el Gobierno y las FARC, en 2016, han asesinado a 20 l¨ªderes sociales y a 8 excombatientes, de acuerdo con la ONG Indepaz. En este municipio queda uno de los 24 espacios territoriales de reincorporaci¨®n que se crearon tras el acuerdo de paz. Este a?o los grupos armados se han robado dos carros de la ONU en el Catatumbo, donde esta organizaci¨®n mantiene dos sedes de la Misi¨®n de Verificaci¨®n.

El pr¨®ximo 8 de octubre se instalar¨¢ justamente en Tib¨² la primera mesa de di¨¢logo entre la delegaci¨®n de paz del Gobierno y el llamado Estado Mayor Central, la mayor agrupaci¨®n de disidencias de las extintas FARC, que lidera Iv¨¢n Mordisco. Ese mismo d¨ªa iniciar¨¢ el cese al fuego que se extender¨¢ por diez meses, el m¨¢s largo hasta ahora logrado por el Gobierno de Gustavo Petro con un grupo armado en el marco de su pol¨ªtica de paz total. La disidencia declar¨® un cese unilateral de acciones ofensivas contra las fuerzas estatales desde el 22 de septiembre.

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En Tib¨² hay m¨¢s v¨ªctimas registradas que habitantes: son 88.566 v¨ªctimas, mientras el pueblo tiene 59.536 habitantes. Cualquier persona con la que se habla narra su historia de amenazas, victimizaci¨®n y silencio.

La l¨ªder Francy Elena Dur¨¢n sostiene una pancarta alusiva a la paz. Son las seis de la ma?ana en Tib¨² y estudiantes de colegios y organizaciones sociales y de v¨ªctimas han salido a marchar por la paz, una caminata que tiene 40 a?os de tradici¨®n. Dur¨¢n reconoce que tiene miedo por el trabajo que hace. ¡°A veces hay tiroteos. Est¨¢n nuestros hijos y nietos, y una bala cruzada se puede presentar en cualquier momento. Le pedimos a Dios que cese el fuego¡±, dice.

El p¨¢rroco Jairo Gelves Tarazona hace parte del consejo de paz y reconciliaci¨®n del municipio y ha salido a marchar como representante de la iglesia cat¨®lica. ¡°Uno sale (en Tib¨²), pero no sabe si puede retornar¡±, dice. ¡°Aqu¨ª la gente sospecha de todo el mundo, hasta de nosotros los curas tambi¨¦n, porque es una situaci¨®n dif¨ªcil¡±, agrega.

Olgu¨ªn Mayorga, presidente de la Asociaci¨®n de v¨ªctimas del conflicto armado en Norte de Santander, ha sido amenazado recientemente con mensajes firmados por el ¡°ELN¡± para que decline su candidatura a la Asamblea departamental. Los l¨ªderes no cuentan con las garant¨ªas de seguridad para dar a conocer las violaciones de derechos humanos. ¡°En la regi¨®n y en Tib¨² no se ha sentido que haya realmente un cese al fuego con el ELN; a ellos se les facilita salir a patrullar las calles, lo que pone en riesgo a la poblaci¨®n civil¡±, dice.

La l¨ªder Carmen Garc¨ªa, presidente de la Asociaci¨®n de Madres del Catatumbo por la Paz, cuenta que sinti¨® un poco de tranquilidad con la firma del acuerdo de paz de 2016, pero que desde 2018 arreci¨® la guerra. ¡°Al Catatumbo lo han dejado solo. Aqu¨ª pasa de todo y nadie dice nada. Aqu¨ª matan todos los d¨ªas¡±, concluye. En lo que va corrido del a?o la asociaci¨®n que preside ha sacado del municipio a 25 mujeres amenazadas por los grupos ilegales. Ella misma est¨¢ amenazada y, aunque tiene asignado un esquema de protecci¨®n, no puede entrar con ¨¦l al municipio; tiene que asumir los riesgos si quiere ir. Ni los escoltas armados est¨¢n a salvo. ¡°Yo no quise ser l¨ªder, la guerra me llev¨® a ser l¨ªder. El Ej¨¦rcito mat¨® a mi esposo y lo hizo pasar como un falso positivo¡±, cuenta.

En lengua Bar¨ª, Catatumbo significa ¡°casa del trueno¡±; la regi¨®n es conocida por sus rel¨¢mpagos nocturnos. Juan Titira, l¨ªder Bar¨ª, considera que ahora su comunidad sufre m¨¢s violencia que antes del acuerdo de paz. Los grupos armados les hacen retenes ilegales, han minado sus territorios y su casa de gobierno ha sido hostigada con tiroteos por estar cerca de la estaci¨®n de la Polic¨ªa. ¡°Nuestras autoridades ind¨ªgenas se han visto amenazadas, los grupos armados nos han estigmatizado y llevado al confinamiento. No tenemos paz ni armon¨ªa en nuestros boh¨ªos¡±, explica.

Quiz¨¢, en defensa propia, la gente tiende a hablar sobre la violencia en general, sin se?alar a ning¨²n grupo. Temen ponerse una l¨¢pida encima. Acostumbrados a la guerra, algunos prefieren no hablar, pero todos, incluso el sacerdote, tienen miedo. Tib¨² es un pueblo a la deriva y sin justicia.

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