?lvaro Uribe, denunciado ante la justicia argentina por los ¡®falsos positivos¡¯

El expresidente de Colombia ?lvaro Uribe V¨¦lez ha sido denunciado ante la justicia federal argentina para que se investigue su responsabilidad penal en cr¨ªmenes de lesa humanidad. Los querellantes son 11 familiares de v¨ªctimas de los asesinatos de civiles para mostrarlos como bajas en combate, conocidas como falsos positivos, y tres organizaciones de derechos humanos. Piden a los tribunales argentinos que apliquen el principio de jurisdicci¨®n universal para investigarlo ¡°por ser quien lider¨® la estructura estatal empleada en la comisi¨®n de cr¨ªmenes de guerra y lesa humanidad¡± por integrantes del Ej¨¦rcito Nacional bajo su mando.

¡°Venimos a denunciar la participaci¨®n de ?lvaro Uribe V¨¦lez en la comisi¨®n de cr¨ªmenes de guerra y cr¨ªmenes de lesa humanidad, por considerarlo penalmente responsable de por lo menos 6.112 asesinatos y desapariciones de personas en estado de indefensi¨®n que fueron ileg¨ªtimamente presentadas como bajas en combate por agentes del Estado¡±, dice la denuncia conocida por EL PA?S y radicada este mi¨¦rcoles en Buenos Aires. Aunque en Colombia la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz (JEP), la justicia transicional pactada entre el Estado y las extintas FARC como parte del Acuerdo de Paz, ha documentado 6.402 casos de falsos positivos, la querella se circunscribe a los 6.112 asesinatos o desapariciones ocurridos entre el 8 de agosto de 2002 y el 31 de diciembre de 2008, fecha en la, seg¨²n los denunciantes, el Gobierno encabezado por Uribe tom¨® medidas efectivas para detener la criminal pr¨¢ctica.

Varios familiares de v¨ªctimas viajaron a la capital argentina junto a representantes de la Corporaci¨®n Jur¨ªdica Libertad, la Fundaci¨®n Comit¨¦ de Solidaridad por los Presos Pol¨ªticos y el Colectivo de Abogados Jos¨¦ Alvear Restrepo, las organizaciones querellantes, para radicar la denuncia personalmente. Tienen previsto un evento este jueves en la Plaza de Mayo, lugar donde se suelen reunir las Madres de Plaza de Mayo.

Laura Pi?a, hija de ?lvaro Adolfo Pi?a, un taxista y pintor automotriz que fue asesinado, dice que interpone la querella ¡°para que por lo menos se investigue la responsabilidad que tiene el se?or Uribe dentro de todo esto¡±. Su objetivo, cuenta por tel¨¦fono, es que esto abra un camino para todas las v¨ªctimas de falsos positivos, y para que otros hijos no tengan que extra?ar el abrazo de un padre como le ocurri¨® a ella. ¡°Eso es lo que me da fuerza para estar aqu¨ª trabajando por desmantelar la impunidad y el negacionismo¡±.

Su padre ¨Dse sabe ahora¨D fue llevado a un paraje lejano con enga?os por militares y asesinado junto a otra persona a¨²n sin identificar. Les dispararon por la espalda y los hicieron pasar como muertos en combate, admiti¨® el asesino. ¡°Pero yo no busco al perpetrador solamente de la muerte de mi pap¨¢, porque esto fue un sistema en todo el pa¨ªs, sino que intento responder la pregunta de nosotras las v¨ªctimas de qui¨¦n dio la orden, por qu¨¦ se gest¨® esta orden. As¨ª que le pedimos a la justicia [argentina] que investigue a los responsables de una pol¨ªtica de seguridad de Gobierno¡±.

Tambi¨¦n ha viajado Andrey Betancourt, cuyo padre, Beyer Ignacio P¨¦rez, fue asesinado en abril de 2007 en Casanare. ¡°La JEP tiene unas limitaciones abismales para investigar a expresidentes y sabemos que la Comisi¨®n de Acusaciones del Congreso no opera nunca y es de Absoluciones. Por eso recurrimos a esta justicia¡±, dice en conversaci¨®n con EL PA?S.

La jurisdicci¨®n universal es un principio de derecho internacional que permite a los Estados investigar, juzgar y sancionar a autores de graves cr¨ªmenes sin importar la nacionalidad de las v¨ªctimas o del autor, si los pa¨ªses donde se cometen los delitos no los investigan. Por eso, para el abogado argentino M¨¢ximo Castex, que asesora la querella, esta acci¨®n abre un camino a que por primera vez un expresidente colombiano sea indagado por cr¨ªmenes internacionales.

Argentina es uno de los pa¨ªses que incorpora la jurisdicci¨®n universal. Actualmente se investigan all¨ª causas contra las fuerzas de seguridad de Venezuela, Nicaragua, Myanmar y Espa?a. La m¨¢s famosa es la querella de los cr¨ªmenes del franquismo a la que se han ido sumando incontables v¨ªctimas. Trece a?os despu¨¦s de aceptada, el proceso ha obligado a hacer exhumaciones en Espa?a y a escuchar, por primera vez, a decenas de v¨ªctimas ante un juez, entre otros hitos. Algo similar podr¨ªa pasar con el caso de Colombia, explica Castex.

Sin embargo, las v¨ªctimas de la querella consideran que el precedente clave es el del dictador chileno Augusto Pinochet, que fue denunciado y detenido por orden de la Audiencia Nacional espa?ola hace 25 a?os. ¡°Como a ¨¦l se le hizo ese juzgamiento, pienso que esta puede ser la opci¨®n en Argentina, aunque sabemos que toma tiempo¡±, dice Andrey.

Adem¨¢s de Castex, la querella es asesorada por B¨¦nedict de Moerloose, experto en litigios bajo el principio de la jurisdicci¨®n universal. Seg¨²n los representantes de las organizaciones, la denuncia en Argentina no implica un choque o falta de confianza en la JEP, sino de un trabajo complementario debido a que ese tribunal tiene prohibido llamar a comparecer a mandatarios o exmandatarios.

Los argumentos de la querella

El documento de casi 300 p¨¢ginas contiene un resumen sobre la pol¨ªtica de seguridad democr¨¢tica, bandera del expresidente. En uno de sus apartes dice que Uribe, como presidente y comandante supremo de las Fuerzas Armadas, ¡°habr¨ªa permitido, autorizado, incitado e incluso ordenado que se cometieran estos grav¨ªsimos cr¨ªmenes¡±.

Los querellantes argumentan que una serie de decisiones y decretos que tom¨® el mandatario incidieron de forma directa, al crear un contexto ¡°altamente favorable a la comisi¨®n de los miles de asesinatos cometidos por el Ej¨¦rcito¡±. Mencionan, entre otras, la declaratoria del estado de conmoci¨®n interior reci¨¦n se posesion¨® que, si bien fue declarado parcialmente inexequible por la Corte Constitucional, validaba la restricci¨®n de derechos fundamentales y controles al aparato militar.

Por ejemplo, inclu¨ªa el redise?o de los recursos judiciales y de los ¨®rganos de control del Estado para que no fueran un obst¨¢culo en el ejercicio del poder del Ejecutivo en la guerra contra el terrorismo; la disposici¨®n de capturas sin previa orden judicial, las retenciones transitorias, o la inspecci¨®n o registro domiciliario y allanamiento de viviendas por parte de la Fuerzas Militares.

¡°Estas consistieron en un abanico de disposiciones legales y extralegales que fueron desde un principio denunciadas como factores de vulneraci¨®n a los derechos humanos, pero que el presidente decidi¨® no revertir, con pleno conocimiento del riesgo generado por ellas, el cual se materializ¨® en cr¨ªmenes de lesa humanidad cometidos por sus subordinados y, a pesar de ello, hoy en d¨ªa todav¨ªa persiste en defender¡±.

Uno de los puntos centrales de la querella es el argumento de que Uribe ¡°ten¨ªa conocimiento¡± sobre la comisi¨®n de los llamados falsos positivos desde el comienzo de su mandato. Para demostrarlo, recogen declaraciones oficiales como la Christian Salazar Volkman, el entonces director de la Oficina del Alto Comisionado de la Naciones Unidas en Colombia (OACNUDH), quien afirm¨® que en 2003 y 2004 su oficina directamente inform¨® al expresidente sobre varios casos de ese tipo, y que este los desde?¨® y no tom¨® ninguna medida para detenerlos. ¡°Aun conociendo las cr¨ªticas formuladas por las Naciones Unidas, el presidente Uribe apoy¨® p¨²blicamente la versi¨®n del Ej¨¦rcito¡±, dice Salazar.

Tambi¨¦n se?alan que los organismos de derechos humanos mantuvieron sus denuncias en los a?os siguientes ante distintas instancias de Gobierno, pero que lo ¨²nico que ocurri¨® fue un incremento de los casos. Citan una reuni¨®n entre funcionarios del Gobierno y del Ej¨¦rcito en Antioquia, en la que abordaron denuncias de falsos positivos en esa regi¨®n. ¡°La reuni¨®n tiene lugar en mayo de 2006, a unos meses de iniciada la comandancia de Mario Montoya Uribe, siendo la ¨¦poca de mayor auge el a?o 2007, lo que presupone que para esa ¨¦poca no deber¨ªa porque existir sorpresa por la ocurrencia del fen¨®meno o su modus operandi¡±, dice la denuncia. Montoya, quien lleg¨® a ser comandante del Ej¨¦rcito, recientemente fue imputado por la JEP por 130 falsos positivos.

La querella se?ala al expresidente de presiones a sus tropas a pesar de las denuncias. ¡°No solo omiti¨® de reaccionar, absteni¨¦ndose de tomar cualquier medida adecuada para detener la pr¨¢ctica aqu¨ª denunciada, sino que, en m¨²ltiples ocasiones, presion¨® directamente y/o dio ¨®rdenes directas a oficiales del Ej¨¦rcito para que llevaran a cabo bajas, como lo se?alaron varios comparecientes de la Jurisdicci¨®n Especial para la Paz¡±, dice el documento en uno de sus apartes.

Castex explica que a la demanda se podr¨¢n sumar otras v¨ªctimas, como ocurri¨® en el caso de los cr¨ªmenes del franquismo, y que las que viajaron a Buenos Aires se presentar¨¢n este jueves ante el juzgado para ratificar la denuncia y entregar las pruebas. El caso qued¨® en manos del Juez Federal 2, Sebasti¨¢n Ramos, que investiga tambi¨¦n los presuntos cr¨ªmenes de lesa humanidad de las fuerzas de seguridad venezolanas.

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