Entre la esperanza y la miseria: 5.000 familias ocupan en Antioquia la finca de un narco extraditado

La finca Santa Helena, en Caucasia, ciudad del norte de Antioquia, parece un campo de refugiados. En cierto modo lo es. El predio, de casi 400 hect¨¢reas, ha sido ocupado irregularmente en las ¨²ltimas semanas por m¨¢s de 5.000 familias desesperadas por encontrar un lugar para vivir. Lo han llenado de las casas m¨¢s sencillas posibles: cuatro palos de madera y un techo de pl¨¢stico. Nada m¨¢s. Las estructuras crean un mar de lonas verdes del que surge un ajetreo de personas que se han apoderado del terreno, que antes fue propiedad de un narcotraficante y ahora est¨¢ administrado por el Estado. Moto tras moto cruzan las calles de tierra repletas de basura. Ni?os patean botellas de pl¨¢stico que hacen las veces de pelotas de f¨²tbol. Adolescentes se ba?an en una laguna de agua marr¨®n. Hombres trabajan a golpe de martillo para armar los cambuches que llamar¨¢n casas. Aqu¨ª, en un calor sofocante, miles de personas pasan sus d¨ªas sin electricidad ni alcantarillado. Lo hacen con un objetivo muy claro: que alg¨²n d¨ªa estas tierras sean suyas.

La invasi¨®n empez¨® el pasado domingo de Ramos, 24 de marzo. Unas 200 familias ocuparon ese d¨ªa la finca ¨Dque lleva 20 a?os en un enredado proceso de extinci¨®n de dominio¨D y comenzaron a construir. El alcalde Jhoan Oderis Montes, de origen conservador, actu¨® r¨¢pido. Visit¨® el predio el 26 de marzo con ¡°todas las autoridades¡± locales, para pedirles a los ocupantes que no continuaran. Admite en entrevista con EL PA?S que el municipio de unos 120.000 habitantes afronta un d¨¦ficit de m¨¢s de 9.000 viviendas, pero dice que la soluci¨®n no es invadir una propiedad privada.

Sentado en su despacho, Montes, que tom¨® posesi¨®n el 1 de enero, saca su celular y muestra un video de esa primera visita. Se ve al pol¨ªtico, a delegados de la Procuradur¨ªa (fiscal¨ªa) y a varios polic¨ªas juntos, rodeados de familias. ¡°Esta no es la forma. Saben que no est¨¢ bien hecho¡±, les dice el procurador. Los ocupantes no hicieron caso. Durante los siguientes d¨ªas, familias enteras llegaron a borbotones para reclamar su ¡°lotecito¡± de 6 metros por 12. En un abrir y cerrar de ojos, la ocupaci¨®n se multiplic¨® por cinco, para pasar a 1.000 familias. En esa oleada llegaron las Navarro.

La pobreza en Caucasia

Liliana Navarro, de 41 a?os, y su hija Gabriela Tordecilla, de 17, dicen que nunca han tenido nada. Ni propiedad ni trabajo estable. ¡°Aqu¨ª uno tiene que rebusc¨¢rsela como sea¡±, aseguran. En 2022, el 60% de los habitantes de Caucasia viv¨ªa por debajo del umbral de la probeza, seg¨²n una encuesta de la organizaci¨®n Antioquia Como Vamos ¨Dla tasa nacional es del 36%¨D. Es la mayor ciudad del Bajo Cauca antioque?o, una de las regiones m¨¢s golpeadas por el conflicto armado y con una larga tradici¨®n minera y agraria.

Madre e hija descansan en su patio, frente a una de las pocas casas ¡°completadas¡± de la invasi¨®n. Tiene techo de pl¨¢stico, muros de lona verde, la puerta es una toalla de playa. Por dentro parece un sauna. Sudadas, las mujeres muestran las dos hamacas en las que duermen todas las noches; la cocina de gas, el piso de tierra, la ropa colgada por todas partes. Detr¨¢s de la casa ense?an los cuatro palos y el pl¨¢stico que forman su letrina, ¡°solo para hacer del uno [orinar]¡±.

¨D?Y donde defecan?

¨DCaminamos a un lugar escondido y lo enterramos. Como el gato¨D replica la mam¨¢.

Navarro recuerda que estaban viviendo en un barrio de Caucasia cuando empez¨® la ocupaci¨®n, y que decidieron sumarse ¡°con el sue?o de que esto se convierta en una vivienda digna¡±. Dice que trabaja haciendo ¡°cositas varias¡±, como limpiar casas o vender empanadas, pero que es empleo inestable y que apenas da para pagar un arriendo de 400.000 pesos (alrededor de 100 d¨®lares) por una habitaci¨®n.

A lo largo de un mes, construyeron poco a poco su casa durante el d¨ªa y durmieron las noches en un cuarto arrendado. No se sent¨ªan seguras en el predio; el alcalde y el gobernador de Antioquia, Andr¨¦s Juli¨¢n Rend¨®n, del derechista Centro Democr¨¢tico, hab¨ªan pedido a la polic¨ªa que desalojara a los ocupantes. Las Navarro vivieron en incertidumbre hasta el 11 de abril, cuando pas¨® algo que les ¡°dio una luz de esperanza¡±: el presidente Gustavo Petro visit¨® Caucasia.

La visita de Petro

La visita del jefe de Estado fue una sorpresa para todos. Seg¨²n el alcalde Montes, solo avis¨® con dos noches de anticipaci¨®n. Vino a hacer lo que llam¨® una Asamblea Popular por la Paz y la Vida. Los temas prioritarios para el evento eran la formalizaci¨®n minera, los acueductos rurales, el medio ambiente y la planeaci¨®n del territorio alrededor del agua. Ni la vivienda ni la ocupaci¨®n estaban en el temario.

Cuando Petro lleg¨® a Caucasia, sin embargo, los l¨ªderes de la ocupaci¨®n se aseguraron de que se enterara de ella. Acudieron a la asamblea con su¨¦teres blancos. Bombardearon a los funcionarios presidenciales con informaci¨®n. Funcion¨®. El mensaje lleg¨® al mandatario, quien en su discurso habl¨® sobre el asentamiento y pidi¨® soluciones al mandatario local. ¡°Alcalde, a usted aqu¨ª como primera autoridad, le solicito: h¨¢blese con los se?ores due?os de tierras, haciendas, latifundistas. No para que nos enga?en. Ojo, a precio comercial y tierra f¨¦rtil, nosotros estamos dispuestos a comprarle las haciendas¡±, dijo. No sab¨ªa que hab¨ªa tirado una bomba.

Apenas un d¨ªa despu¨¦s, miles de familias de toda la regi¨®n se desplazaron a la finca con la esperanza de que el presidente les regalara los lotes. Seg¨²n el alcalde, las palabras de Petro se malinterpretaron e hicieron que la ocupaci¨®n ¡°cogiera mucha fuerza¡±. Los testimonios de los ocupantes le dan la raz¨®n.

Paula Sierra explica que viaj¨® de la vereda Las Conchas, en el municipio de Nech¨ª, a unas dos horas de camino, despu¨¦s de escuchar a Petro. ¡°Cuando vino nos dio esperanza. No estar¨ªa ac¨¢ si no fuera por su visita¡±, afirma. Dice que es madre de dos adolescentes que reci¨¦n terminaron el colegio. Quiere establecerse en Caucasia para que sus hijos puedan seguir estudiando. ¡°Esta es la ¨²nica oportunidad que tengo para que mis hijos salgan adelante. En nuestra vereda no hay educaci¨®n superior. Apenas hay una carretera, y cuando llueve es imposible salir¡±, asegura. Por ahora, pasa sus d¨ªas en el asentamiento y sus noches en el apartamento cercano de su hermana.

A su lado est¨¢ Jes¨²s Tapia. El campesino de 65 a?os viste una camisa de franela, gorra y jeans. Dice que arrienda un apartamento en las afueras de Caucasia y que se dedica ¡°a lo del campo¡±, pero que pocas veces lo que gana alcanza para comer y pagar la renta. ¡°Vine a ra¨ªz del discurso de Petro. Fue como una voz de aliento¡±, admite. ?l tambi¨¦n vuelve a su apartamento todas las noches. Durante los d¨ªas, se la pasa en el asentamiento. ¡°Estamos esperando que Petro nos regale ese pedazo de tierra¡±, sentencia.

Como ellos, la gran mayor¨ªa de los ocupantes duermen en otros lados. El alcalde asegura que unas 100 familias viven al 100% en la finca. Un l¨ªder de la comunidad, Imer Navarro, argumenta que son unas 400. Sea como sea, muchos dicen que est¨¢n esperando a que las autoridades pongan luz y alcantarillado. Otros afirman que se mudar¨¢n a la ocupaci¨®n pronto, cuando haya vencido su ¨²ltimo pago de arriendo.

La disputa por la finca

Aunque varios gobiernos han entregado tierras a campesinos en los ¨²ltimos a?os, el alcalde dice que eso no va a ocurrir con Santa Helena. ¡°No hay que darle falsas esperanzas a la gente¡±, sostiene. Y es que ni Petro ni el Gobierno pueden hacer absolutamente nada con el predio. Al menos por ahora. El bien fue comprado en 1998 por Jes¨²s Gabriel ?suga Nore?a ¨Dhoy llamado legalmente Juan Richard Nore?a¨D. En noviembre de 2000, ?suga acept¨® ante la justicia estadounidense haber lavado dinero del cartel de Medell¨ªn, la banda del legendario Pablo Escobar. Fue extraditado poco despu¨¦s a Estados Unidos.

En 2003, el extraditado vendi¨® la finca a la sociedad Santa Helena S.A. Una fuente que prefiere mantener el anonimato por seguridad asegura que los hijos de ?suga eran accionistas de la empresa. Un a?o despu¨¦s, en 2004, la Fiscal¨ªa incaut¨® un gran n¨²mero de bienes que pertenec¨ªan al confeso criminal, incluyendo la finca, bajo el argumento de que los hab¨ªa adquirido con dinero del narcotr¨¢fico. Desde entonces, la propiedad est¨¢ sometida a una batalla jur¨ªdica. Los actuales due?os afirman que son tenedores de buena fe ¨Des decir, que la compraron sin saber su origen il¨ªcito¨D y que, por lo tanto, deber¨ªan quedarse con ella. El Gobierno se ha opuesto.

Desde la incautaci¨®n, la finca est¨¢ a manos de la entidad estatal encargada de manejar bienes incautados a la mafia, hoy en d¨ªa llamada la Sociedad de Activos Especiales (SAE). Es ella quien lidera el proceso de extinci¨®n de dominio. Mientras tanto, cedi¨® la administraci¨®n de la finca a privados, como hace con los bienes a su cargo. El predio ha sufrido varias ocupaciones desde entonces, como la que dio a nacer el barrio La Colombianita, donde muchos de los ocupantes actuales arriendan apartamentos. Numerosas fuentes en Caucasia, incluyendo el alcalde Montes, alegan que varios candidatos a la Alcald¨ªa han regalado parcelas en Santa Helena a cambio de votos, aunque dicen que esos aspirantes nunca han ganado.

La SAE explica que en 2020 empez¨® a vender la finca, a trav¨¦s de un proceso de enajenaci¨®n temprana. Sin embargo, los propietarios lograron frenar el negocio con una tutela. Tres a?os despu¨¦s, la situaci¨®n sigue sin resolverse.

Mauricio Urquijo, director de esa entidad en Antioquia, asegura a este diario que la SAE no puede vender el predio hasta que la situaci¨®n se resuelva. Agrega que el Gobierno se niega a desalojar a los ocupantes. Un comunicado de la entidad respalda esa posici¨®n: ¡°En el gobierno del cambio no se hacen desalojos violentos, prima el di¨¢logo y el debido proceso con las comunidades. La SAE agotar¨¢ otras v¨ªas para recuperar el inmueble¡±. Eso encaja en la pol¨ªtica de esa entidad en el Gobierno de Petro: desde diciembre de 2022 ha entregado tierras confiscadas a campesinos, como un laboratorio de su reforma agraria.

Ante un enredo jur¨ªdico sin fin a la vista, la Alcald¨ªa y la SAE intentan actualmente identificar a los ocupantes para saber cu¨¢ntos y qui¨¦nes son, y cu¨¢les son sus necesidades. Ha sido un proceso dif¨ªcil: funcionarios del Gobierno local dicen que fueron amenazados y expulsados del predio la semana pasada . La fot¨®grafa que particip¨® en este reportaje tambi¨¦n fue abordada de forma agresiva por un grupo de ocupantes. Se calmaron cuando se enteraron de que estaba acompa?ada por un l¨ªder de la comunidad.

Madres, hijos y desplazados

En su despacho, el alcalde asegura que han podido identificar a unas 2.500 personas, entre ellas, a m¨¢s de 200 ni?os y adolescentes. Dice que le gustar¨ªa ayudarlos, pero que el municipio ¡°no cuenta con los recursos para ayudar a toda esa gente¡±. Seg¨²n ¨¦l, el 80% no son de Caucasia, y la mayor¨ªa ya tiene casa propia y quiere aprovechar la situaci¨®n. ¡°En la invasi¨®n hay muchas personas sin necesidad¡±, sostiene.

Es una versi¨®n que contrasta con los testimonios de personas como Enerys Benitez. Sentada en su ranchito, la mujer de 74 a?os cuenta que fue desplazada por el conflicto armado en 2010 y que no recibe una pensi¨®n: ¡°Sacrifico ac¨¢ todos los d¨ªas para que mi familia tenga donde vivir¡±. O Yolima Patillo, que tiene 45 a?os, es madre soltera, tambi¨¦n desplazada, y se dedica a vender tamales y empanadas: ¡°Nos quedaremos hasta que nos saquen o nos dejen. No tenemos otra¡±. O Luis Dur¨¢n, de 27 a?os, que dice con machete en mano que est¨¢ construyendo una vivienda para ¨¦l, su madre y su hermana: ¡°O pagamos el arriendo o pagamos la comida. No podemos seguir as¨ª¡±.

Todos son vecinos de Ludis Galeano, que vive al fondo de la finca, al lado de un ca?o, con sus hijos de 10, 6 y 4 a?os. La madre de 30 a?os hace su vida aqu¨ª. Y con un vistazo r¨¢pido se nota. Un tanque de 150 litros recoge agua de lluvia frente a la casa. La usan, dice ella, para todo. Dentro de la vivienda, que ilumina con una linterna, hay marcadores y papeles por todos lados. Un pu?ado de zapatos diminutos est¨¢n guardados en una esquina. Cacerolas y sartenes varios se encuentran debajo de un escritorio que sostiene una peque?a cocina de gas. M¨¢s adentro hay dos camas y una alfombra sobre el piso de tierra.

A Galeano se le ilumina el rostro cuando recuerda c¨®mo se enter¨® de la invasi¨®n: ¡°Me llam¨® el padrino de uno de mis hijos. Le dije que s¨ª de una¡±. Al d¨ªa siguiente, el 18 de abril, pag¨® 200.000 pesos (unos 50 d¨®lares) a un se?or para que llevara todas sus pertenencias de un corregimiento de Taraz¨¢ a este lote; un viaje de m¨¢s de una hora. Desde entonces, dice, viven felices. ¡°Ac¨¢ estamos bien, gracias a Dios. Por fin estamos tranquilos¡±, afirma.

Mientras la mam¨¢ conversa sentada, dos de los ni?os corren detr¨¢s de los tres pollitos de la casa. El m¨¢s grande, Cristian, se ba?a detr¨¢s de la casa con agua de lluvia. Ella cuenta que no ha trabajado desde que llegaron. Se dedica a hacer arreglos de ropa y vender mazamorra ¨D¡°siempre me ha gustado rebusc¨¢rmela¡±¨D, pero sin luz ni agua, se conforma con los 150.000 pesos (alrededor de 40 d¨®lares) que su exesposo le manda quincenalmente. De golpe una voz la interrumpe: ¡°Mam¨¢, no me alcanz¨® con el agua que usted dijo¡±. ¡°Ay ay ay. ?Qu¨¦ cuerpo tan grande!¡±, contesta.

Minutos m¨¢s tarde, Cristian sale de la casa vestido de una camiseta de botones; est¨¢ de cumplea?os. Se acerca a su madre, que lo peina con cari?o. ¡°?Mire qu¨¦ melo [ch¨¦vere]! ?Qu¨¦ guapo!¡±, le susurra mientras le acaricia la cabeza. Los ni?os siguen jugando con los pollos mientras la mam¨¢ los observa. Esperan un familiar, dice, que los va a llevar a comer.

¨D?Cu¨¢ndo viene?

¨DNo s¨¦. No he podido cargar el celular en una semana.

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