?C¨®mo regular el ¡°salvaje oeste¡± de los mercados de carbono en Am¨¦rica Latina?

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En julio de 2022, de las manos del Consejo Ind¨ªgena del Pir¨¢ Paran¨¢, ubicado en la Amazonia colombiana, sali¨® una tutela o recurso legal. En los ¨²ltimos a?os, a su territorio hab¨ªa llegado la Corporaci¨®n Masbosques junto a otras tres empresas para desarrollar un proyecto de bonos de carbono conocido como Redd+Baka Rokarire. Pero, en el proceso para que la comunidad lo autorizara, se vulneraron varios de sus derechos, entre ellos el de tener un Gobierno propio. Masbosques, cuentan en la tutela, firm¨® el documento que supuestamente validaba el proyecto por parte de la comunidad con un representante legal que hab¨ªa salido del cargo dos semanas antes, por lo que, en la pr¨¢ctica, nunca lo aprobaron.

El 28 de abril de este a?o, y despu¨¦s de ser negada por dos instancias, la tutela fue aceptada por la Corte Constitucional de Colombia, lo que podr¨ªa dar un nuevo panorama al mercado voluntario de carbono en el pa¨ªs. ¡°Es una oportunidad para que la Corte, que ha sido garante de los derechos de los pueblos ind¨ªgenas, les d¨¦ la raz¨®n¡±, cuenta Silvia G¨®mez, directora Ejecutiva de la Fundaci¨®n Gaia Amazonas. ¡°Pero tambi¨¦n es una oportunidad para dar un debate sobre c¨®mo est¨¢n funcionado estos mercados en el pa¨ªs. ?Con qu¨¦ reglas est¨¢n funcionado?¡±.

Tanto en Colombia como en Am¨¦rica Latina los mercados de carbono han ganado popularidad a la vez que se han ido ti?endo de una mala reputaci¨®n. Por un lado, no solo significan la oportunidad de evitar m¨¢s emisiones de gases de efecto invernadero, sino la posibilidad de participar en un mercado que, seg¨²n Ecosystem Marketplace, alcanz¨® los 2.000 millones de d¨®lares a nivel mundial para 2022. Pero, por otro lado, se ha cuestionado profundamente c¨®mo se est¨¢n implementando.

Un estudio publicado en agosto de este a?o por la revista Science y en el que se analizaron 27 proyectos de carbono forestales en seis pa¨ªses ¨C entre ellos Per¨² y Colombia ¨C revel¨® que estas iniciativas lograban evitar mucha menos deforestaci¨®n que la que anunciaban las empresas desarrolladoras. Mientras el 68% de los cr¨¦ditos de carbono analizados no redujeron la deforestaci¨®n en absoluto, solo 6% pod¨ªan vincularse a estas reducciones.

Pero las dudas no se quedan all¨ª. Como sucedi¨® con el proyecto del Pir¨¢ Paran¨¢, algunos proyectos se han visibilizado por violar los derechos de las comunidades, evitar su participaci¨®n y dejar en vilo la distribuci¨®n de beneficios. La situaci¨®n en Colombia ha llevado incluso a que la ministra de Ambiente, Susana Muhamad, se refiera a este mercado voluntario como ¡°el salvaje oeste¡±.

Y aqu¨ª vale la pena hacer una claridad. En el mundo de los instrumentos del precio al carbono pueden existir dos mercados. Uno voluntario, en el que las empresas por decisi¨®n propia deciden pagar por bonos de carbono para reducir sus emisiones; o un mercado regulado de carbono ¨C tambi¨¦n conocidos como sistemas de comercio de emisiones (SCE) ¨C en el que los Gobiernos les ponen un l¨ªmite de emisiones a las empresas o los sectores. Por ejemplo, el Gobierno dice que cada empresa puede emitir un m¨¢ximo diez toneladas de carbono. Si la empresa A logr¨® reducir sus emisiones y solo generar cinco, mientras la empresa B se excedi¨® y emiti¨® 15, puede darse un mercado para que una le venda el cupo de emisiones a la otra, o las compense en un proyecto forestal.

A pocos d¨ªas de que empiece la Cumbre de Cambio Clim¨¢tico (COP28), Am¨¦rica Futura analiza c¨®mo est¨¢n los mercados de algunos pa¨ªses de Am¨¦rica Latina y el Caribe.

Colombia, un mercado que crece con dudas

En la regi¨®n, Colombia ha sido una suerte de l¨ªder a la hora de promover los mercados de carbono. Como explica Giovanni Pab¨®n, director del ?rea de Energ¨ªa en el centro de pensamiento Transforma, el Gobierno incentiv¨® el mercado voluntario de carbono al poner un impuesto al carbono durante la reforma tributaria de 2016. Un a?o m¨¢s adelante, en 2017, se estableci¨® la no causaci¨®n. Es decir, la empresa pod¨ªa elegir entre pagar el impuesto ¨C de 15.000 pesos por cada tonelada de CO2 emitida (3,5 d¨®lares) ¨C o compensar las emisiones a trav¨¦s de un proyecto de bonos de carbono. ¡°Lo que se hizo fue dar una se?al de mercado. Ya exist¨ªa la oferta de cr¨¦ditos de carbono, y lo que se cre¨® fue la demanda¡±.

Actualmente, el impuesto al carbono est¨¢ entre los 4,6 y 4,5 d¨®lares dependiendo del tipo de combustible f¨®sil y se estableci¨® que la no causaci¨®n a este impuesto no puede exceder el 50%. Pero ser l¨ªder tambi¨¦n implica ser rat¨®n de laboratorio. El mercado de carbono voluntario en Colombia ha recibido varias cr¨ªticas. La plataforma en la que se supone que se deben registrar todas las iniciativas, el Renare, est¨¢ ca¨ªdo, por lo que no se les puede hacer un buen seguimiento.

Tambi¨¦n, como explica Sebasti¨¢n Lema, director de mercados de carbono del Center for Clean Air Policy (CCAP), puede existir un conflicto al ser un mercado en el que todos ¨C los desarrolladores, los verificadores y los certificadores ¨C son privados, por lo que buscan ¡°generar el mayor n¨²mero de cr¨¦ditos¡±. Por eso, a ojos de algunos expertos, aunque se trate de un mercado voluntario, s¨ª deber¨ªa tener unas reglas de juego m¨¢s claras. Una de las se?ales que podr¨ªa llevar a acuerdos m¨¢s justos, comenta Lema, es la de hacer p¨²blico cu¨¢nto reciben las comunidades por los proyectos de carbono, algo que actualmente no es transparente porque, se supone, es un acuerdo entre privados.

Adem¨¢s del mercado voluntario, se espera que el Gobierno tambi¨¦n cree un SCE ¡ªsistema de comercio de emisiones¡ª, ya que, seg¨²n la Ley de Cambio Clim¨¢tico de 2018, los lineamientos para sacar este mercado regulado adelante deb¨ªan estar listos para 2021.

Chile

Rodrigo B¨®rquez, Project manager de Climate Action Teams, cuenta que el camino por el que va Chile es muy parecido al de Colombia. ¡°Nos diferencian los tiempos, la infraestructura institucional y algunos dise?os¡±, explica. En 2017, el Gobierno de Chile puso un impuesto a cuatro contaminantes, entre los que se incluye el CO2, con una tasa de cinco d¨®lares por tonelada. En 2018, adem¨¢s, se estableci¨® la posibilidad de compensar el gravamen -no causaci¨®n- que puede ser del 100%. Pero, tambi¨¦n a diferencia de Colombia, el pa¨ªs se propuso la misi¨®n de crear un sistema de monitoreo, reporte y verificaci¨®n m¨¢s robusto. A trav¨¦s de la Ley 21.210, el pa¨ªs se?al¨®, por ejemplo, que todos los proyectos de carbono deben estar localizados en Chile, as¨ª como que los certificados de aprobaci¨®n de estos proyectos y sus metodolog¨ªas deben ser aprobados o desarrollados por el Ministerio de Ambiente.

¡°En Chile no tenemos conflictos severos por el mercado de carbono¡±, asegura el experto. Primero, porque muchos de sus bonos no vienen del sector forestal, sino del energ¨¦tico. Y dos, porque, como dice B¨®rquez, en Chile ¡°se est¨¢ generando la cancha, con sus reglas del juego, y luego est¨¢n entrando los jugadores¡±. Al igual que en Colombia, tambi¨¦n est¨¢ sobre el papel generar un SCE.

Brasil

A pesar de ser el pa¨ªs con m¨¢s extensi¨®n de selva amaz¨®nica, Brasil no se ha animado a ponerle impuesto al carbono e incentivar un mercado voluntario, lo que no quiere decir que no exista la oferta. Actualmente, cuenta Camilo Trujillo, analista t¨¦cnico del International Emission Trading Association (IETA) para Latinoam¨¦rica, Brasil es el pa¨ªs con el mayor n¨²mero de proyectos registrados (184), seguido por Colombia (154) y M¨¦xico (152). Sin embargo, que no haya incentivado ese mercado voluntario tambi¨¦n puede explicar por qu¨¦ Colombia, a pesar de ser un pa¨ªs con una extensi¨®n mucho m¨¢s peque?a lidera el primer lugar en t¨¦rminos de cr¨¦ditos emitidos.

Sin embargo, Brasil est¨¢ atravesando un momento coyuntural en cuanto al SCE. ¡°Actualmente hay una propuesta legislativa para crear un sistema de comercio de emisiones en Brasil que, se espera, sea aprobado antes de la COP28 que se realizar¨¢ en Dub¨¢i¡±, comenta Walter de Simoni, del Institute for Climate and Society. Pero las buenas noticias tienen un parche: la agricultura y la ganader¨ªa no estar¨¢n incluidas en este sistema. Es decir, en un pa¨ªs donde la mayor cantidad de emisiones vienen de la deforestaci¨®n y del cambio del uso del suelo, las emisiones de estos sectores no estar¨¢n limitadas.

M¨¦xico

Otro l¨ªder de la regi¨®n es M¨¦xico. No solo cre¨® el impuesto al carbono desde el a?o 2013 - para implementarse desde 2014 -, sino que actualmente es el ¨²nico pa¨ªs de la regi¨®n que tiene un SCE andando. Entre 2020 y 2022, el pa¨ªs desarroll¨® una fase piloto del SCE, que le pon¨ªa topes de emisiones a 300 entidades que representan, juntas, casi el 37% de emisiones nacionales, seg¨²n un reporte de IETA. A partir de enero de 2023, se supon¨ªa, el SCE iba a entrar a operar en forma. ¡°Sin embargo, las principales reglas para esta fase a¨²n no se han publicado¡±, tambi¨¦n se?ala el informe, aclarando que el Gobierno de M¨¦xico dijo que las iba a hacer publicas entre 2024 y 2025.

El mercado de carbono en M¨¦xico tambi¨¦n ha tenido varios retos, como cont¨® Am¨¦rica Futura. Entre esos, que las empresas que est¨¢n obligadas a reducir emisiones no lo saben o no cuentan con un personal especializado para saber c¨®mo reducir emisiones. Adem¨¢s, y al igual que Colombia, las comunidades en donde se instalan los proyectos de reducci¨®n de emisiones no siempre tienen un pago justo o se les consulta sobre el proceso.

Como dice Trujillo, los mercados son a¨²n un mecanismo en evoluci¨®n, sobre todo en Am¨¦rica Latina. ¡°Y as¨ª como han dado resultados positivos, tambi¨¦n tienen oportunidades de mejora¡±. Lo importante, como todas las posibles soluciones al cambio clim¨¢tico, es que est¨¢s no impliquen el sacrificio de algunos por el beneficio de otros.