La Confederaci¨®n del Guadalquivir, sobre la ley de ampliaci¨®n de regad¨ªos de Do?ana: ¡°Es un enga?o¡±

La Confederaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir (CHG), el ¨®rgano gestor de esa cuenca fluvial dependiente del Gobierno de Espa?a, ha remitido a la comisi¨®n de Fomento del Parlamento andaluz, en la que se tramita la ley de ampliaci¨®n de regad¨ªos en Do?ana, su informe t¨¦cnico sobre la misma. Un documento muy cr¨ªtico con la norma de cuyo objetivo, ¡°declarar unas zonas como regables cuando no van a tener acceso al agua¡±, se afirma que es ¡°como m¨ªnimo, in¨²til, y con m¨¢s exactitud, un enga?o¡±.

La CHG es una de las entidades llamadas a comparecer en la C¨¢mara aut¨®noma para dar su opini¨®n sobre la norma y, como en la tramitaci¨®n de la primera propuesta sobre la regularizaci¨®n de regad¨ªos que qued¨® truncada con el adelanto electoral, se ha pronunciado a trav¨¦s de un informe, que es su procedimiento habitual, seg¨²n indican desde la Confederaci¨®n. Este organismo es, adem¨¢s, el que deber¨ªa autorizar, en ¨²ltima instancia y siempre que la ley que se est¨¢ tramitando entrara en vigor, la llegada de agua a los agricultores a los que se les reconociera ese derecho a percibirla, y ya ha advertido de que eso no suceder¨¢, porque el Plan Hidrol¨®gico del Guadalquivir impide el incremento de regad¨ªos, algo que reitera en documento que ha remitido al Parlamento y al que ha tenido acceso este diario.

En su informe, la CHG advierte de que la propuesta de ley es incompatible con el Plan Hidrol¨®gico del Guadalquivir ¡ªal que la Junta de Andaluc¨ªa no se opuso¨D y con la ley de trasvase de 2018, que es la que garantiza la llegada de 20 hect¨®metros c¨²bicos (hm?) del Tinto, Odiel y Piedra a los regantes de Do?ana para que sustituyan por agua de superficie el regad¨ªo que ahora obtienen de los acu¨ªferos del humedal ¡ªy que ya est¨¢n apalabrados¨D. Tambi¨¦n afirma que contraviene las disposiciones europeas y de Naciones Unidas.

¡°La PDL es incompatible con el Plan Hidrol¨®gico al contradecir directamente tanto su normativa como sus objetivos [¡­] Tambi¨¦n se sit¨²a al margen de la legalidad europea y de los compromisos internacionales adquiridos con la Unesco. La credibilidad del Reino de Espa?a queda fuertemente menoscabada por esta iniciativa¡±, se?ala el documento en el que se advierte de que todo esto llega en un ¡°momento especialmente vulnerable¡± para Do?ana por la situaci¨®n de sequ¨ªa extrema y el precario estado de las masas de agua subterr¨¢nea del enclave.

Sobre la incompatibilidad con Plan Hidrol¨®gico, la CHG se?ala c¨®mo en su memoria se deja claro ¡°el incremento cero de regad¨ªos, salvo los ya planificados¡±. El organismo recuerda que la Junta nunca se opuso a esas pol¨ªticas y le reprocha muy duramente que, tras seis meses de consulta p¨²blica sobre el plan, el Gobierno andaluz no hiciera referencia en sus alegaciones a la ampliaci¨®n de regad¨ªos en Do?ana, pero dos d¨ªas despu¨¦s, el 21 de diciembre de 2021, apoyara la primera proposici¨®n de ley. ¡°Resulta incomprensible, salvo mala fe deliberada¡±, dice el informe, en el que tambi¨¦n se incide en que la ley que ampara la Junta tambi¨¦n es contraria con el articulado de ese plan en el que se estipula que ¡°no son compatibles las nuevas concesiones o modificaciones de caracter¨ªsticas de los derechos existentes que impliquen un incremento de la superficie regable o el volumen de riego¡±.

El informe tambi¨¦n replica a los argumentos que han ofrecido en estos meses de pol¨¦mica el PP, Vox y los miembros del Gobierno andaluz sobre que la ley no se centra en los derechos del agua, sino que es un plan de ordenaci¨®n del territorio, que la zona afectada est¨¢ a 30 kil¨®metros del Parque Nacional y que con esa norma se cumple la sentencia del Tribunal de Justicia de la Uni¨®n Europea de 2021. Sobre el primer argumento, la CHG advierte de que la propia ley que se est¨¢ tramitando recoge que el reconocimiento de los derechos de agua ¡°es un paso previo e imprescindible para que se pueda llegar al uso conforme a derecho del agua superficial¡±. La entidad advierte de que los derechos de agua se reconocen seg¨²n las previsiones del Planificaci¨®n Hidrol¨®gica y concluye que en tanto que la norma impulsada por las derechas andaluzas tiene por objeto declarar unas zonas regables ¡°que no van a tener acceso al agua, es como m¨ªnimo in¨²til y, con m¨¢s exactitud, un enga?o¡±.

Sobre la supuesta distancia que separa las extracciones del Parque Nacional, la CHG advierte de que ¡°los ecosistemas de Do?ana no entienden de divisiones administrativas¡± y que ¡°no es cierto que las zonas a clasificar como regables est¨¦n lejos de las zonas protegidas¡±, indicando que en la cuenca del Guadalquivir, el 93% de la superficie regada fuera de suelo agr¨ªcola regable est¨¢ a menos de 5 kil¨®metros de los l¨ªmites de las zonas protegidas, de acuerdo con las im¨¢genes de sat¨¦lite de abril de este a?o.

La CHG califica de ¡°sorprendentes¡± las afirmaciones del PP de que con la nueva ley se cumple en parte la sentencia del Tribunal Europeo porque en ella se pide a Espa?a que adopten medidas para preservar el estado del acu¨ªfero y los humedales ya que con la norma se facilitar¨¢ la llegada de agua superficial. ¡°La llegada de agua superficial no es un objetivo per se, sino un modo de eliminar extracciones de agua subterr¨¢nea. La presente proposici¨®n hace esto m¨¢s dif¨ªcil y sit¨²a a la Junta directamente en contra del cumplimiento de la mencionada sentencia¡±, concluye el organismo.

El informe tambi¨¦n advierte de que la administraci¨®n andaluza se sit¨²a en contra de las recomendaciones de la Unesco, que reconoce que el Plan de la Corona Norte, para compatibilizar el uso agr¨ªcola con la sostenibilidad medioambiental de Do?ana, aprobado en 2014, es la base fundamental para la gesti¨®n de ese espacio natural.

Ausencia de plan medioambiental

La CHG muestra tambi¨¦n su incomprensi¨®n por el hecho de que esta propuesta de ley venga sin ning¨²n plan que sirva de base para su formulaci¨®n y que deber¨ªa incluir un informe de evaluaci¨®n ambiental en el que deber¨ªan haber sido consultadas las administraciones interesadas debido a sus responsabilidades medioambientales y sus competencias. ¡°Ello ha impedido la participaci¨®n de este organismo de cuenca en un proyecto que no solo afecta a materias de su competencia, sino que versa de un tema tan conflictivo como Do?ana¡±. La entidad tambi¨¦n se sorprende de que la norma se propugne cuando las conclusiones del Informe del Acu¨ªfero de Do?ana de 2021/22 se?alan que 13 de los 16 sectores de Do?ana tienen una tendencia descendente significativa, y dos de los tres que no est¨¢n podr¨ªan alcanzarla pr¨®ximamente.

El informe tambi¨¦n hace hincapi¨¦ en que la ley es incompatible con la ley de 2018 que aprueba el trasvase de 19,99 hect¨®metros c¨²bicos de agua procedente del Tinto, Odiel y Piedra para los agricultores del t¨¦rmino municipal de Almonte que ahora riegan con agua del acu¨ªfero. LA CHG recoge uno de los art¨ªculos de esa normativa para explicar c¨®mo la nueva norma har¨ªa inviable el equilibrio en Do?ana: ¡°En ning¨²n caso podr¨¢n destinarse las aguas trasvasadas a la creaci¨®n de nuevos regad¨ªos fuera del ¨¢mbito del suelo agr¨ªcola regable, ni a la ampliaci¨®n o a la modificaciones de caracter¨ªsticas que impliquen un incremento de la superficie en regad¨ªo en sistemas de explotaci¨®n de recursos deficitarios como es la Demarcaci¨®n Hidrogr¨¢fica del Guadalquivir¡±.

La CHG tambi¨¦n advierte en sus conclusiones de c¨®mo con esta ley se est¨¢ rompiendo el consenso social que se logr¨® en 2014 cuando se aprob¨® el Plan Especial de Ordenaci¨®n de las zonas de regad¨ªo de la Corona Norte de Do?ana. ¡°Su aprobaci¨®n provocar¨ªa una divisi¨®n en la sociedad¡±, indica.

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