El reto es reformar una Justicia lenta y deficiente

BONIFACIO DE LA CUADRA Es una cuesti¨®n de prioridades. Tanto en el ¨¢mbito presupuestario como en el de las opciones pol¨ªticas, la propuesta de agilizar y modernizar una Administraci¨®n de Justicia que sigue funcionando con esquemas procesal s decimon¨®nicos, oficinas cochambrosas y funcionarios judiciales aislados entre s¨ª, depende de la concepci¨®n que se tenga de esas prioridades.

Durante los primeros a?os del mandato socialista aumentaron las dotaciones econ¨®micas para la justicia y se duplic¨® el n¨²mero de jueces. El programa del PSOE para las elecciones del 3 de marzo pr¨®ximo parte de las reformas legislativas de la Administraci¨®n de Justicia realizadas en esa primera etapa y del "aumento de medios personales y materiales", y se dispone a abordar, dice, "la reforma cualitativa", al frente de la cual sit¨²a las reformas procesales, la creaci¨®n de los juzgados unipersonales contencioso-administrativos y un nuevo dise?o de la oficina judicial.

El orden ser¨ªa coherente si la Promesa de una reforma procesal no fuera repetitiva respecto a anteriores legislaturas y la propuesta de una nueva oficina judicial no recordara demasiado trabajos avanzados, realizados por los socialistas en los. a?os ochenta, desde la ¨¦poca de Fernando Ledesma como ministro de Justicia. La realidad ha sido que leyes tan importantes como el C¨®digo Penal o la del Tribunal del Jurado han desplazado la prioridad de las reformas procesales, decisivas, seg¨²n todos los partidos, para mejorar la situaci¨®n de la justicia.

Es cierto que el Ministerio de Justicia e Interior todav¨ªa tuvo tiempo de sacar adelante leyes como la de Asistencia Jur¨ªdica Gratuita y de Protecci¨®n al Menor, de importante incidencia sobre la prestaci¨®n del servicio judicial,_ o de otras, m¨¢s marcadas por la coyuntura pol¨ªtica, como la que crea la Fiscal¨ªa Especial Anticorrupci¨®n.

Mientras tanto, la jurisdicci¨®n contencioso-administrativa, la que somete la actuaci¨®n de las diferentes administraciones p¨²blicas al control del poder judicial, experimenta atascos crecientes que alcanzaban a principios de 1996 un total de 188.229 asuntos pendientes en las 17 comunidades aut¨®nomas, unos 27.000 m¨¢s que en esa misma fecha de 1995.' ?Qu¨¦ pas¨® durante 1995? En ese a?o, las salas competentes de los respectivos tribunales superiores de justicia resolvieron 84.849 asuntos, ?pero ingresaron 111.358! Como Aquiles y la tortuga, los casos resueltos no superar¨¢n jam¨¢s los pendientes mientras no se rompa la ecuaci¨®n y sean creados y dotados los juzgados unipersonales, primera instancia que permitir¨¢ desatascar las salas.

La prioridad que una vez m¨¢s concede el PSOE a las reformas procesales no merece mucha credibilidad. Pero el planteamiento que hace el PP de regresar a un Consejo General del Poder Judicial con 12 vocales jueces elegidos entre sus colegas y un reforzamiento del autogobierno, no complementado con un aumento de la responsabilidad de los jueces, tampoco ofrece esperanzas de mejora del servicio judicial.

Por su parte, el programa de IU, con una visi¨®n m¨¢s pegada a los intereses ciudadanos, se pierde en proclamaciones discursivas e incurre en la acron¨ªa de reclamar leyes que ya se encuentran en el Bolet¨ªn Oficial del Estado. Por su parte, los nacionalistas CiU y PNV, que en algunos aspectos son pioneros de la reforma judicial en las competencias que tienen transferidas, muestran una especial preocupaci¨®n por el peso de las comunidades aut¨®nomas sobre el ¨®rgano de gobierno del poder judicial.