Londres decide la extradici¨®n de Pinochet

ENVIADO ESPECIALEl magistrado presidente del Tribunal Penal de Bow Street en el caso Pinochet, Ronald Bartle, anunci¨® ayer su sentencia en la que considera conforme a ley la extradici¨®n del general Augusto Pinochet a Espa?a y le conmina a permanecer en Londres, donde se halla bajo arresto domiciliario, a la espera de la decisi¨®n del ministro del Interior, Jack Straw, que es el responsable de resolver la entrega de las personas reclamadas al Reino Unido.

El magistrado fall¨® que Pinochet debe ser extraditado por un delito de conspiraci¨®n para tortura y 34 casos de personas torturadas, todos a partir del 8 de diciembre de 1988, tal como solicitaba la Fiscal¨ªa de la Corona, a instancias del juez Baltasar Garz¨®n, al tiempo que refiere el asunto de los desaparecidos a un posterior juicio en Madrid. La defensa del ex dictador recurrir¨¢ en 15 d¨ªas, lo que paraliza la extradici¨®n.

A las 10.56 (una hora m¨¢s en la Espa?a peninsular), la oficial responsable del tribunal, Gaynor Houghton-Jones, dijo: "El magistrado va a entrar. Apaguen los m¨®viles. Daremos una copia de la sentencia a los abogados de ambas partes y, cuando termine la lectura, habr¨¢ suficientes para todos". Se abri¨® una puerta de un peque?o entresuelo, donde est¨¢ el sill¨®n del magistrado. Faltaban dos minutos para las once. Un hombre de rostro cansado entr¨® con unos folios cogidos como quien lleva una bandeja y, mientras tomaba asiento, salud¨® a las dos partes y a la sala. La oficial responsable pas¨® a su adjunta una copia de la sentencia y, al mismo tiempo, las dos funcionarias entregaron un ejemplar a Clive Nicholls, defensor de Pinochet, y otro al abogado de la Fiscal¨ªa de la Corona, Alun Jones, que representa a Espa?a.

El magistrado comenz¨® a leer con voz clara y ritmo pausado -con el ¨¦nfasis de quien se sabe leyendo una obra que es escuchada con gran atenci¨®n-. Pasados tres minutos nada anticipaba su decisi¨®n. A las 11.02, los ojos de Jones volaron sobre los 11 folios largos, se quit¨® las gafas y susurr¨® unas palabras al abogado y fiscal Brian Gibbins. En ese momento su rostro esboz¨® una leve pero evidente sonrisa de satisfacci¨®n. El hombre que pasa por ser el principal experto de extradiciones en el Reino Unido hab¨ªa ganado el caso.

Sin embargo, la narraci¨®n del magistrado Bartle no terminaba de rematar el veredicto. Pasaban los minutos. El hombre parec¨ªa pedir excusas por ello. "Siento la necesidad de enfatizar que mi decisi¨®n en este caso estar¨¢ basada en la ley y s¨®lo la ley", asegur¨®. "Si mi entendimiento de la ley es errado, un tribunal superior lo corregir¨¢". Pero el veredicto segu¨ªa sin aflorar. Bartle entr¨® entonces a narrar las circunstancias de la demanda de extradici¨®n de Espa?a en el marco del Convenio Europeo de Extradici¨®n, lo que parec¨ªa un paso. Pero le tom¨® tiempo. Mientras, la defensa, de espaldas a la prensa, rumiaba los t¨¦rminos del fallo.

"En a?os recientes se han adoptado numerosos acuerdos entre Estados, uno de los cuales ha sido un factor importante en este caso: la Convenci¨®n contra la Tortura de Naciones Unidas, adoptada el 10 de diciembre de 1984", explic¨®. "Estos tratados representan la creciente tendencia de la comunidad internacional para combinar la ilegalizaci¨®n de delitos que son aborrecibles para la sociedad civilizada, sean cometidos por individuos, terroristas o por Gobiernos no democr¨¢ticos contra sus propios ciudadanos".

Bartle aclar¨® que el procedimiento actual no tiene por objeto "decidir si el senador Pinochet es culpable o inocente en relaci¨®n con las acusaciones que se formulan contra ¨¦l; el prop¨®sito es decidir si las condiciones est¨¢n reunidas para obligarme a conminar al senador Pinochet para que espere la decisi¨®n del ministro del Interior ". Y agreg¨®, apoy¨¢ndose en el fallo de los jueces lores del 24 de marzo de 1999: "Esto es una acusaci¨®n que entra dentro de la Convenci¨®n ".

Faltaba saber el n¨²mero de casos. El magistrado consider¨® conforme a la jurisprudencia que los casos "suplementarios" a?adidos por el juez Garz¨®n despu¨¦s del fallo de los lores -las 34 personas torturadas a partir del 8 de diciembre de 1988- sean considerados como parte de la demanda de extradici¨®n ampliada.

A modo de guinda se refiri¨® a los desaparecidos, 1.198, que, seg¨²n la fiscal¨ªa, son tambi¨¦n casos de tortura. "Si las desapariciones llegan a ser tortura; si el efecto sobre las familias de aquellos desaparecidos pueden llegar a ser tortura mental. Si esto ha sido o no el prop¨®sito del r¨¦gimen del senador Pinochet es, desde mi punto de vista, un asunto de hecho para el tribunal que lo ha de juzgar". Esta afirmaci¨®n cobra relieve con la posici¨®n de Bartle sobre el delito de conspiraci¨®n previo al 8 de diciembre de 1988. "Asumo el punto de vista de que la informaci¨®n relacionada con el cargo de conspiraci¨®n antes del 8 de diciembre 1988 puede ser considerado por el tribunal, ya que la conspiraci¨®n es un delito continuado. No obstante, esto no ser¨ªa mi fallo en relaci¨®n a los principales delitos".

Sobre la tesis de la defensa de Pinochet, de que los delitos por los que se acusa al ex dictador no constituyen uno de extradici¨®n en Espa?a, el magistrado Bartle dijo: "?Puedo yo, un magistrado con ning¨²n conocimiento particular, y francamente ning¨²n conocimiento de la ley espa?ola, cuestionar las resoluciones de un alto tribunal espa?ol sobre la ley de su propio pa¨ªs? Creo que no".