El precio de la vivienda ha aumentado un 46,6% en los cuatro ¨²ltimos a?os

El suelo es el principal coste de la vivienda ya que se estima que supone entre un 30% y un 60% del precio total. La carest¨ªa de los terrenos ha sido una de las causas del espectacular incremento del coste de la vivienda libre, que en el ¨²ltimo a?o (marzo de 2000 a marzo de 2001) ha subido un 16%, y un 46,6% desde 1997, seg¨²n datos oficiales del propio Ministerio de Fomento.

Para impedir precisamente que la carest¨ªa del suelo siguiera repercutiendo en un incremento del precio de la vivienda, el Gobierno incluy¨® en el real decreto-ley de 23 de junio de 2000 una modificaci¨®n del art¨ªculo 9 de la Ley del Suelo de 1998 que limitaba la potestad y discreccionalidad de los ayuntamientos a la hora de calificar el suelo como no urbanizable, dando m¨¢s margen de libertad a los propietarios que desearan promover una actuaci¨®n urban¨ªstica, introduciendo la figura del silencio administrativo.

Consenso fallido

Pese a la entrada en vigor de ese decreto, el Ejecutivo prefiri¨® tramitar adem¨¢s esas medidas como proyecto de ley buscando un gran consenso parlamentario para que la reforma fuera efectiva y no acabara en lo tribunales, como ocurri¨® con todas las anteriores. Pero ese gran pacto del suelo, incluido en el programa electoral del PP, no ha salido adelante y el proyecto de ley se encuentra varado en los cajones de la Comisi¨®n de Infraestructuras.

El portavoz del PSOE en el Congreso en materia de vivienda, Victor Morl¨¢n, acusa al Gobierno y al PP del bloqueo del proyecto. 'No les interesa que se discuta este tema porque, un a?o despu¨¦s de prometer que iban a frenar el precio de la vivienda y ver como se segu¨ªa disparando, se han dado cuenta que no tienen ni idea de lo que quieren hacer en materia de vivienda y de suelo'.

El responsable de vivienda del Grupo Popular, Luis Ortiz, reconoce que el proyecto de ley est¨¢ 'parado' desde que se presentaran las enmiendas en octubre del a?o pasado y que, durante este a?o ha sido imposible reanudar la negociaciones. 'El proyecto est¨¢ parado y nadie se mueve. Reconozco que nosotros tampoco, pero quiz¨¢s deban ser otros grupos m¨¢s interesados, puesto que no hay que olvidar que el Gobierno cuenta con el decreto-ley de junio, que se seguir¨¢ aplicando hasta que no salga adelante el proyecto de ley'.

Una de las principales pol¨¦micas que ha causado la tramitaci¨®n de ese proyecto ha sido la intenci¨®n de los nacionalistas de introducir una enmienda que atribu¨ªa las competencias que antes estaban en manos de los ayuntamientos a las comunidades aut¨®nomas, otorg¨¢ndoles la decisi¨®n de determinar qu¨¦ era suelo urbanizable 'en raz¨®n de las exigencias derivadas del principio de desarrollo sostenible'.

Para el portavoz del Grupo Vasco, Juan Jos¨¦ Otxoa, el bloqueo se debe a que 'el Gobierno prefiere ahora pactar estos temas fuera del Parlamento'. 'En el suelo hay muchos intereses econ¨®micos que han especulado y el Gobierno es muy permeable a esos intereses'.

El Ministerio de Fomento se defiende afirmando que 'no puede llevar a cabo directamente la promoci¨®n ni la construcci¨®n de nuevas viviendas protegidas, ni est¨¢ en su mano generar directamente suelo edificable', puesto que las competencias est¨¢n en manos de otras Administraciones.

Tampoco es soluci¨®n la vivienda de protecci¨®n oficial, destinada a las familias con rentas m¨¢s bajas. El n¨²mero de VPO de nueva construcci¨®n financiadas con cargo al Plan de Vivienda del a?o 2000, que se cerr¨® el pasado mes de abril, fue de 37.202 , lo que supone un descenso del 34,2% respecto a las 56.577 que se construyeron en 1999 y no alcanzaron ni siquiera la mitad de los objetivos previstos (79.975) por el propio Ministerio de Fomento.

A falta de un consenso nacional, proliferan las legislaciones auton¨®micas, creando un caos legislativo del que se quejan los promotores. En cuanto al decreto-ley de junio, aunque plenamente vigente, no ha tenido tampoco los efectos deseados. El secretario general de la patronal de promotores inmobiliarios (APCE), Manuel Mart¨ª, se?ala que ning¨²n promotor se ha 'atrevido' a exigir a los ayuntamientos, por ejemplo, el cumplimiento del silencio administrativo.