La polic¨ªa investiga en el t¨²nel del tiempo

El sistema judicial espa?ol se encuentra ante un suceso ins¨®lito que debe ser investigado: la s¨²plica de al menos 750 madres que sospechan que aquel hijo que tuvieron hace unas decenas de a?os y que fue dado por muerto por m¨¦dicos o comadronas puede estar vivo y fue dado en adopci¨®n o directamente vendido por unos desaprensivos. De ser ciertas algunas denuncias, Espa?a habr¨ªa sido escenario solapado de un tr¨¢fico de ni?os organizado en muchos puntos de su territorio durante al menos 20 a?os. Durante 20 a?os desde hace 50 a?os. Un gran problema para la polic¨ªa: c¨®mo encontrar pruebas fehacientes o testimonios incontestables relacionados con hechos sucedidos hace medio siglo. Es como investigar en el t¨²nel del tiempo.

Era costumbre en M¨¢laga enterrar a un beb¨¦ "a los pies de un difunto" en los casos de madres con pocos recursos

El penalista Queralt ve posibilidades de que los delitos hayan prescrito o no estuvieran castigados en las leyes de la ¨¦poca

Ese es el reto al que se enfrentan desde hace unas semanas 40 fiscal¨ªas provinciales (solo hay 10 provincias que no est¨¢n afectadas por el momento), que han derivado parte de la investigaci¨®n a los ¨®rganos policiales, quienes a su vez han encomendado el trabajo a polic¨ªas que deben investigar en el pasado de hospitales, hospicios, registros, archivos municipales y cementerios, con el problema a?adido en muchos de los casos de que aquellas cl¨ªnicas mencionadas en las denuncias ya no existen, que no todos los historiales cl¨ªnicos se conservan, que no todos los archivos han sido respetados o han sufrido traslados y que numerosos testigos de aquella ¨¦poca han muerto, son ancianos, se han jubilado o son dif¨ªciles de encontrar. Nunca la polic¨ªa se habr¨¢ encontrado con un trabajo parecido: lo que pudo o no haber sucedido en los hospitales de maternidad en la Espa?a de aquellos a?os.

En Andaluc¨ªa, algunos casos hab¨ªan comenzado a ser investigados con anterioridad a la orden dictada por la Fiscal¨ªa General del Estado. Un primer caso lleg¨® a la fiscal¨ªa de M¨¢laga el 6 de julio de 2010, que dio traslado del mismo a la polic¨ªa. Se ten¨ªan noticias de una denuncia similar en Granada y, poco m¨¢s tarde, de otra en Sevilla. Fueron, probablemente, estos los primeros casos presentados ante la justicia durante el a?o 2010. Posteriormente llegaron una decena de asuntos que se repartieron entre las fiscal¨ªas de C¨¢diz y Algeciras. Eran denuncias individuales, aparentemente aisladas, que motivaron algunos contactos entre los fiscales de dichas provincias para estudiar c¨®mo proceder con asuntos que databan de hace casi 50 a?os.

Aquello fue el pre¨¢mbulo de lo que vendr¨ªa despu¨¦s, a partir de enero de 2011, cuando los representantes de Anadir (Asociaci¨®n Nacional de Afectados por Adopciones Irregulares) se present¨® primero ante la Audiencia Nacional y luego ante la Fiscal¨ªa General del Estado y el Ministerio de Justicia. Anadir llevaba bajo el brazo 261 casos repartidos por toda Espa?a, documentaci¨®n que, grabada en un ced¨¦, fue trasladada a mediados de febrero de 2011 a todas las fiscal¨ªas implicadas. A partir de ese momento, el ritmo de los acontecimientos result¨® imparable. Aquel caso inicial de M¨¢laga se hab¨ªa multiplicado: el d¨ªa anterior a la llegada de la misiva de la Fiscal¨ªa General del Estado, la de M¨¢laga contaba con siete expedientes, dos de ellos abiertos esa misma semana. El documento de la Fiscal¨ªa del Estado daba cuenta de otros 13 casos m¨¢s. En d¨ªas sucesivos se incorporaron otros tres. En una semana, la fiscal¨ªa se encontr¨® ante un total de 23 casos. Ese proceso ha seguido la misma pauta en otras provincias andaluzas. Granada pas¨® de un caso investigado a tener que investigar cuatro. Sevilla, por ejemplo, pas¨® de uno a 22. Entre C¨¢diz y Algeciras, los casos pasaron de la decena a superar ampliamente el centenar. Y las cifras no han dejado de moverse de una semana a otra. As¨ª sucedi¨® en otras fiscal¨ªas, hasta alcanzar un aluvi¨®n de casi 750 casos por el momento.

Aquellos primeros expedientes abiertos en M¨¢laga dieron lugar a las primeras actuaciones policiales, de cuya experiencia se desprende la dificultad que va a suponer la investigaci¨®n. El asunto fue trasladado al grupo de Homicidios de la comisar¨ªa provincial de M¨¢laga. Uno de los casos investigado databa de febrero de 1962. Una mujer, Josefa G¨¢mez Guti¨¦rrez (actualmente residente en Badalona, de 76 a?os de edad y madre de cuatro hijos), dio a luz un ni?o en el hospital Civil de M¨¢laga, hoy ya desaparecido y entonces dependiente de la Diputaci¨®n. Seg¨²n la denuncia de la mujer, fue sedada para el parto y, al despertar, le comunicaron que hab¨ªa sido necesario el uso de f¨®rceps y que el beb¨¦ hab¨ªa muerto. En el parte de asistencia constaba como causa del fallecimiento "asfixia intrauterina". No le dejaron ver al cr¨ªo y, seg¨²n el testimonio de la denunciante, todo lo que le dijeron era que "se parec¨ªa al padre".

Como sucede en la mayor¨ªa de los casos registrados en M¨¢laga, el hospital se ofreci¨® a solucionar los tr¨¢mites del entierro y, para ahorrar gastos, la inhumaci¨®n se har¨ªa junto al ata¨²d de otro difunto. En la terminolog¨ªa de la ¨¦poca se denominaba a este tipo de enterramiento "a los pies de un difunto". A la vista de los casos estudiados, se observa que esta era una pr¨¢ctica extendida en este hospital de M¨¢laga con familias de escasos recursos econ¨®micos. Se da la circunstancia de que en otro caso investigado le dicen a los padres del beb¨¦ fallecido que ser¨¢ enterrado "a los pies de un se?or muy rico de M¨¢laga".

Los inspectores de polic¨ªa intervienen en el caso. Logran obtener una copia del informe m¨¦dico. Consiguen los nombres de los m¨¦dicos y comadronas del centro en aquella ¨¦poca. Hacen gestiones con el colegio de enfermer¨ªa para localizar los domicilios de algunas matronas, entre ellas la que figura en el parte de asistencia, y se entrevistan con ella. La matrona manifiesta que la asistencia a los partos formaba parte de su trabajo y que, salvo complicaciones, no interven¨ªan los m¨¦dicos. En ese caso tampoco actuaba el ginec¨®logo, sino el m¨¦dico de guardia. No recordaba nada de este caso en concreto. La matrona se?alaba que, en caso de fallecimiento, no se les mostraba el cuerpo del beb¨¦ a los padres excepto si ellos lo ped¨ªan expresamente. Del cuerpo del beb¨¦ fallecido se encargaban los celadores, cuyos nombres no recordaba. La matrona tambi¨¦n manifest¨® a la polic¨ªa que era costumbre del hospital ofrecer a los padres la posibilidad de que "fuese enterrado a los pies de alg¨²n difunto" si no pod¨ªan hacerse cargo del entierro. La polic¨ªa entrevist¨® a otra matrona que estaba en pr¨¢cticas por aquellas fechas, la cual corrobor¨® el testimonio de la primera. En ambos testimonios quedaba patente que eran los celadores quienes se encargaban de los cad¨¢veres de los beb¨¦s fallecidos.

Los pasos de la polic¨ªa se dirigieron tambi¨¦n a los m¨¦dicos. De los seis adscritos a la secci¨®n de obstetricia del hospital Civil de M¨¢laga en aquel a?o (1962), tres hab¨ªan fallecido, entre ellos los dos que constaban como responsables de ese parto. El hijo de uno de los ginec¨®logos fallecidos, tambi¨¦n m¨¦dico, manifest¨® a la polic¨ªa que en aquella ¨¦poca no constaban los hechos relativos a los enterramientos de los fetos nacidos muertos y que no se practicaban pruebas de identificaci¨®n como la toma de "impresiones palmatosc¨®picas".

La actuaci¨®n policial tambi¨¦n se dirigi¨® a las funerarias, donde se encontr¨® con el problema de que estas no archivan casos m¨¢s all¨¢ de seis o diez a?os atr¨¢s. No se encontraron datos de inscripci¨®n de ning¨²n tipo (en las proximidades de la fecha del nacimiento) en el Registro Civil de M¨¢laga relativos al a?o 1962, y en los archivos del parque del cementerio de M¨¢laga el registro informatizado data de 1989. Vistas todas sus pesquisas, el informe policial termina con una escueta conclusi¨®n: "El feto naci¨® muerto y no hay constancia del destino del cuerpo".

La investigaci¨®n de la polic¨ªa en M¨¢laga fue paralela a la dirigida por Esther Cruces, la directora del Archivo Hist¨®rico de M¨¢laga, que se propuso colaborar con la fiscal¨ªa a la hora de cruzar datos procedentes de distintos archivos. "Nos hemos encontrado con que no exist¨ªan procedimientos ni tr¨¢mites. Y tambi¨¦n con la dejadez de los ciudadanos de aquella ¨¦poca, que no ped¨ªan documentos quiz¨¢ por recelo o temor a la Administraci¨®n. Es un tema complejo porque es de suponer que si ha habido un hecho fraudulento, este no se va a documentar".

Esther Cruces es consciente de la dificultad que entra?a una investigaci¨®n de este tipo: "El n¨²cleo b¨¢sico de la p¨¦rdida de informaci¨®n son los hospitales, pero no hab¨ªa protocolos establecidos como hoy d¨ªa: los partos los llevaban las matronas, y los ginec¨®logos no interven¨ªan salvo cuando las cosas iban mal. No se documentaban todos los actos como se hace hoy d¨ªa. Se conjugan muchos factores negativos, a los que hay que a?adir que hay hospitales que ya no existen y que la custodia de sus archivos no se ha respetado. Por otro lado, no exist¨ªa obligaci¨®n de registrar el nacimiento de una criatura con menos de 24 horas de vida, que el C¨®digo Civil de la ¨¦poca denominaba como criatura abortiva (m¨¢s de 180 d¨ªas de vida fetal y hasta 24 horas de su nacimiento), y en los registros de inhumaciones tampoco exist¨ªa obligaci¨®n de registrarla con nombre y apellidos salvo que el padre quisiera dar esos datos".

Quiz¨¢ la investigaci¨®n de estos hechos habr¨ªa cambiado si hubieran tenido otro final las pesquisas que realiz¨® la Brigada Judicial de Madrid en noviembre de 1981. Por aquel entonces, la polic¨ªa tuvo noticia de un intento de compraventa de ni?os en Madrid, con epicentro en la cl¨ªnica de San Ram¨®n, el centro donde se han registrado hasta el momento mayor n¨²mero de casos irregulares. La polic¨ªa lleg¨® a detener a seis personas -cinco mujeres y un hombre-, y tuvo indicios suficientes como para sospechar que se estaba produciendo la compraventa de reci¨¦n nacidos. En un informe de 14 p¨¢ginas, la polic¨ªa hac¨ªa constar que hab¨ªa interrogado a 14 matrimonios que reconoc¨ªan haber abonado cantidades, que van desde las 150.000 pesetas de la ¨¦poca, por adoptar ni?os. Y describe el papel que hab¨ªan tenido en estas pr¨¢cticas las personas detenidas. Pero, por alguna extra?a raz¨®n, esta investigaci¨®n no fue m¨¢s all¨¢ ni ning¨²n juez exigi¨® una mayor profundizaci¨®n. Treinta a?os despu¨¦s, la cl¨ªnica San Ram¨®n, ubicada en el paseo de La Habana, ya no existe y sus archivos han sido destruidos, aunque algunos de los personajes puestos en tela de juicio por la polic¨ªa viven, pero no parecen dispuestos a cooperar. En este como en otros casos intervinieron religiosos, monjas (generalmente Hijas de la Caridad) y m¨¦dicos relacionados con la Iglesia.

Dado el transcurso del tiempo, las fiscal¨ªas se enfrentan no solo a una investigaci¨®n compleja donde abunda la ausencia de documentaci¨®n fehaciente y la falta de testigos. Ser¨¢n los fiscales y los jueces quienes tengan que determinar las sanciones aplicables caso de que puedan documentar la comisi¨®n de un delito. Pero como sostiene Joan Queralt, catedr¨¢tico de Derecho Penal de la Universidad de Barcelona, se trata de infracciones cometidas hace 40 a?os y hay que estudiar las leyes de aquel tiempo, el C¨®digo Penal de 1944 o el de 1973, "que es b¨¢sicamente parecido", porque la verdadera reforma lleg¨® con el de 1995. Por tanto, hay delitos que en esos c¨®digos no exist¨ªan, tales como el secuestro o el robo de ni?os, y naturalmente delitos aplicables, como el de suposici¨®n de parto o falsificaci¨®n documental, ya "habr¨ªan prescrito".

Queralt, que solo ve algunas posibilidades en los supuestos de sustracci¨®n de menores o detenci¨®n ilegal prolongada, cree que el supuesto de abandono de menores no se dar¨ªa. En cualquier caso, y en opini¨®n de Queralt, incluso los delitos que han prescrito pueden no haberlo hecho "si se tiene en cuenta que el juez puede entender que se ha dado un complejo delictivo en el que concurren varias figuras penales (detenci¨®n, falsificaci¨®n, soborno incluso) de tal forma que la falta m¨¢s grave arrastra a las dem¨¢s, y si la m¨¢s grave no ha prescrito hace que las dem¨¢s tampoco lo est¨¦n en este caso".

Quedar¨¢ tambi¨¦n a la interpretaci¨®n de jueces y fiscales la imputaci¨®n de los padres adoptivos como "cooperadores o inductores", se?ala el catedr¨¢tico. "Es algo que puede darse, aunque veo dif¨ªcil que un juez lo ordenara". "En cualquier caso", concluye Queralt, "el gran enemigo de un proceso es el tiempo. Estamos hablando de hace 40 a?os. Muchos de los testigos o participantes habr¨¢n muerto y faltar¨¢n documentos. Ese va a ser el gran problema".

Hay al menos 750 madres que piden que se aclare qu¨¦ sucedi¨® con aquel beb¨¦ que presuntamente naci¨® muerto o fue dado en adopci¨®n. La inmensa mayor¨ªa de estas madres ten¨ªan escasos recursos econ¨®micos o se encontraban en situaci¨®n muy vulnerable cuando dieron a luz. Fueron a?os en los que el ciudadano se mov¨ªa con miedo ante la Administraci¨®n. Y esa es la ra¨ªz de este caso que ha invadido en unas semanas las fiscal¨ªas espa?olas: hubo personas que bajo el amparo de unos preceptos religiosos entendieron que ten¨ªan el poder para modificar el destino de un ser humano. Y personas que, sin escr¨²pulo alguno, utilizaron su posici¨®n dominante para hacer negocio con los m¨¢s d¨¦biles.