La oficina para supervisar la contrataci¨®n p¨²blica sigue sin medios un a?o despu¨¦s de su creaci¨®n
La Uni¨®n Europea reclama a Espa?a que refuerce este nuevo organismo
Bruselas lleva a?os exigiendo a Espa?a que mejore el sistema de contrataci¨®n p¨²blica. Bajo esta presi¨®n, el Gobierno del PP constituy¨® una oficina para supervisarla. Aunque ya existe un control de facturas que realizan los interventores y el Tribunal de Cuentas, esta autoridad debe detectar irregularidades e ineficiencias y promover la transparencia y la competencia. Sin embargo, el Ejecutivo de Mariano Rajoy la cre¨® sin medios y el actual Gobierno la ha dejado igual. As¨ª que ahora la UE vuelve a reclamar que se refuerce. Solo cuenta con unas seis personas para supervisar una actividad que, seg¨²n Hacienda, supone el 13% del PIB.
?reas como la sanidad, la educaci¨®n, la justicia o la seguridad dependen de c¨®mo se aprovisiona el sector p¨²blico. De acuerdo con la ley, la Oficina Independiente de Regulaci¨®n y Supervisi¨®n de la Contrataci¨®n P¨²blica tiene la misi¨®n de fijar la estrategia de contrataci¨®n para todos los poderes p¨²blicos, velar por la correcta aplicaci¨®n de la legislaci¨®n y combatir ilegalidades. En principio, es un organismo independiente. Y sus puestos son inamovibles durante seis a?os. Sin embargo, en lugar de impulsarla, el Ejecutivo del PP la cre¨® en 2018 como un peque?o departamento de bajo rango, una subdirecci¨®n con poca plantilla y sin independencia real al situarla dentro del Ministerio de Hacienda. Tampoco cuenta con un presupuesto propio y no puede ofrecer complementos salariales que atraigan personal. A preguntas de este diario, la oficina ha declinado hacer comentarios.
Su situaci¨®n contrasta con la de la Autoridad Fiscal. Esta dispone de la independencia, los medios y la jerarqu¨ªa para que otros departamentos del Estado le respondan. Sin embargo, no ocurre as¨ª con la nueva oficina. Por ejemplo, seg¨²n explican fuentes de la Administraci¨®n, las comunidades y Ayuntamientos hacen poco caso a sus interpelaciones. Aunque se la ha dotado de poderes regulatorios, no puede imponerse porque carece de capacidad sancionadora. ¡°No le han dado peso. Aunque formalmente cumplieron con Bruselas, materialmente no¡±, sostiene Jos¨¦ Mar¨ªa Gimeno Feliu, catedr¨¢tico de la Universidad de Zaragoza y una autoridad en la materia.
Hasta el punto de que despu¨¦s de un a?o de vida, este organismo apenas cuenta con una presidenta, cuatro vocales y una secretaria, aseguran fuentes conocedoras. A pesar de la inmensidad de datos que tiene que procesar, el n¨²mero de trabajadores est¨¢ muy lejos de la plantilla prevista, de unas 30 personas. A esto se suma que le a?adieron en su estructura una importante responsabilidad: la oficina nacional de evaluaci¨®n de las inversiones, un ¨®rgano que aprob¨® el Gobierno de Rajoy para evitar casos como el Castor o el rescate de las autopistas, que incluyeron cl¨¢usulas que encadenaban al Estado a responsabilidades abusivas. En estas circunstancias, la oficina tiene adem¨¢s que elaborar la estrategia nacional de contrataci¨®n, que se publica cada cuatro a?os, y preparar un informe que cada tres a?os se remite a Europa.
El pecado original est¨¢ en las manos del Gobierno del PP, que infradot¨® el organismo. Pero el Ejecutivo del PSOE no ha hecho mucho por cambiarlo. ¡°No ha causado entusiasmo en ninguno de los partidos. Y su funci¨®n ha sido desvirtuada¡±, afirma Gimeno Feliu.
Aprovechar el ¡®big data¡¯
La intervenci¨®n general del Estado o el Tribunal de Cuentas certifican que el gasto se ha ejecutado conforme a la legalidad y que se ha alcanzado un determinado n¨²mero de beneficiarios. Pero no toman los datos y los eval¨²an compar¨¢ndolos y haci¨¦ndoles un seguimiento. Se trataba de aprovechar el big data para analizar d¨®nde hab¨ªa ineficiencias, disfunciones o patolog¨ªas en la contrataci¨®n. Ver d¨®nde se contrata con una mejor relaci¨®n calidad-precio, profesionalizar la contrataci¨®n p¨²blica o incluso poder decir a un Ayuntamiento o una comunidad que no lo hace bien. Sin embargo, la oficina ni tiene un equipo suficiente ni dispone del respaldo institucional. ¡°No hay convicci¨®n en lo que se ha hecho. Solo se cre¨® para poder justificarse ante Europa¡±, comenta un funcionario experto en estos temas.
No obstante, fuentes de la Administraci¨®n recuerdan que ya hay un solapamiento de organismos y que esta nueva instituci¨®n solo ser¨ªa justificable si de verdad sirviese para reformar, modernizar y simplificar la contrataci¨®n. De lo contrario, la oficina solo supondr¨ªa una capa m¨¢s de burocracia.
Aunque desde octubre se ha hecho obligatoria la contrataci¨®n electr¨®nica, esta presenta, seg¨²n los expertos, muchas deficiencias y necesita un impulso, desarrollo y armonizaci¨®n que se podr¨ªa liderar desde la oficina. Andr¨¦s Betancor, catedr¨¢tico de Derecho Administrativo de la Pompeu Fabra y uno de los expertos que defendi¨® esta oficina, propone fijarse en el ejemplo de Portugal, donde se ha extendido un sistema electr¨®nico que hace los tr¨¢mites menos engorrosos, ofrece m¨¢s transparencia y permite que pujen m¨¢s empresas.
Un informe que en 2015 redact¨® la Comisi¨®n Nacional de los Mercados y la Competencia conclu¨ªa que para mejorar la contrataci¨®n p¨²blica hac¨ªa falta un mayor aprovechamiento de la tecnolog¨ªa, m¨¢s acceso a la informaci¨®n, transparencia, publicidad, simplificaci¨®n, evaluaci¨®n, competencia, cooperaci¨®n entre las administraciones y formaci¨®n de los contratantes. De una forma similar a c¨®mo ha funcionado la Autoridad Fiscal, la Oficina de la Contrataci¨®n deber¨ªa encargarse de fomentar todas esas l¨ªneas de actuaci¨®n, se?ala Gimeno Feliu.?
Bruselas intenta que las empresas compitan en toda la Uni¨®n Europea
La Comisi¨®n Europea intenta que se cree un mercado ¨²nico de la contrataci¨®n p¨²blica, de manera que cualquier empresa comunitaria pueda pujar por licitaciones de otros Estados miembros. Pero para ello hace falta transparencia, menos burocracia y, sobre todo, abrir los procedimientos a la competencia. Las recomendaciones de la UE para Espa?a publicadas el pasado junio dicen: ¡°En el ¨¢mbito de la contrataci¨®n p¨²blica, la aplicaci¨®n ambiciosa de la Ley de Contratos del Sector P¨²blico adoptada en 2017 resultar¨¢ decisiva para aumentar la eficiencia del gasto p¨²blico y prevenir las irregularidades. En particular, es importante que la nueva estructura de gobierno, sobre todo la Oficina Independiente de Regulaci¨®n y Supervisi¨®n, pueda desempe?ar eficazmente los cometidos que se le han asignado, y que la Estrategia Nacional de Contrataci¨®n P¨²blica integral se adopte con celeridad y con la participaci¨®n activa de las entidades o poderes adjudicadores a nivel nacional, regional y local¡±. Y a?ade que se deben ¡°tomar medidas destinadas a fortalecer los marcos presupuestario y de contrataci¨®n p¨²blica en todos los niveles de gobierno¡±.
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