Respuestas a la crisis del Covid-19: una visi¨®n desde los derechos culturales

La crisis del Covid-19 plantea importantes retos para los derechos humanos, como se viene observando desde su inicio. Los derechos culturales en particular, y en concreto el derecho a participar en la vida cultural (DPVC) ¨Crecogido en el art¨ªculo 15.1.a) del Pacto Internacional de Derechos Econ¨®micos Sociales y Culturales (DESC) y reflejado a su vez en el art¨ªculo 44 de nuestra Constituci¨®n¨C no han sido ajenos a las medidas de confinamiento tomadas en el marco del estado de alarma, vi¨¦ndose afectados de forma dram¨¢tica por las mismas. Y es que, como se?alaba Tom¨¢s de la Quadra-Salcedo en este diario, los derechos humanos encuentran l¨ªmites en el caso de un estado de alarma como en el que nos encontramos. As¨ª lo ha expresado tambi¨¦n, desde la perspectiva iusinternacionalista, la relatora de Derechos Culturales de las Naciones Unidas, Karima Bennoune, indicando que igual de importante que recordar que ¡°construir [un nuevo mundo tras la pandemia] requiere una perspectiva de derechos culturales tanto en relaci¨®n con la cuesti¨®n de c¨®mo sobrevivir a este dif¨ªcil hoy, y c¨®mo imaginar un ma?ana mejor¡±, es reconocer que ¡°el derecho internacional prev¨¦ algunas limitaciones a los derechos humanos¡±.

En todo caso, las medidas limitadoras deben responder al requisito de proporcionalidad, lo que significa que las medidas elegidas sean las menos perjudiciales para los derechos humanos. En este sentido, el Comit¨¦ DESC de la Naciones Unidas que vigila el cumplimento del mencionado pacto, ya mostr¨® su preocupaci¨®n en relaci¨®n con las medidas adoptadas por el gobierno espa?ol ante la crisis econ¨®mica de 2008, realizando unas consideraciones que en la actual situaci¨®n siguen siendo relevantes.

As¨ª, recomendaba el Comit¨¦ en 2012 ¡°al Estado que revise las reformas adoptadas en el contexto de la (¡­) crisis econ¨®mica y financiera para garantizar que todas las medidas de austeridad implementadas mantengan el nivel alcanzado de protecci¨®n de los derechos econ¨®micos, sociales y culturales, y sean en todos casos temporales, proporcionales y no perjudiciales para los derechos econ¨®micos, sociales y culturales¡±.En relaci¨®n con el DPVC al Comit¨¦ le preocupaba que ¡°los recortes presupuestarios pongan en peligro la protecci¨®n y la promoci¨®n de la capacidad creativa e investigativa del Estado parte, as¨ª como las oportunidades de acceso efectivo de todas las personas y comunidades a participar en la vida cultural (art. 15)¡±.

El Comit¨¦ recomendaba a continuaci¨®n al Estado ¡°reforzar todas las medidas en curso y adoptar cualesquiera que fuesen necesarias para garantizar los m¨¢s amplios niveles de realizaci¨®n de los derechos culturales consagrados en el art¨ªculo 15 del Pacto¡±. La revisi¨®n de las pol¨ªticas que afectan a los DESC en 2018, y en concreto al DPCV, no fue mucho m¨¢s positiva, se?alando el Comit¨¦ su preocupaci¨®n de que ¡°a cinco a?os de haber iniciado la implementaci¨®n de tales medidas, el Estado parte no haya realizado una evaluaci¨®n exhaustiva y con consulta a los afectados sobre los impactos de esas medidas, su proporcionalidad y temporalidad, y su posible terminaci¨®n¡±. Resulta muy interesante en relaci¨®n con los derechos culturales la preocupaci¨®n del Comit¨¦ en relaci¨®n con ¡°el impacto negativo que han tenido los recortes presupuestarios en el contexto de la crisis econ¨®mica en el disfrute de los derechos culturales, en particular sobre la promoci¨®n y difusi¨®n de la ciencia y de la cultura¡±.

Ahora, el Comit¨¦, en una Declaraci¨®n sobre la pandemia de enfermedad por coronavirus (COVID-19) y los DESC, con fecha de 17 de abril, se vuelve a referir nuevamente al requisito de la proporcionalidad, se?alando que ¡°si las medidas adoptadas limitan los derechos consagrados en el Pacto, deber¨¢n ¡­ ser necesarias para combatir la crisis de salud p¨²blica que plantea el Covid-19, adem¨¢s de ser razonables y proporcionadas. Las medidas de emergencia y las facultades asumidas por los Estados parte para hacer frente a la pandemia no deben usarse indebidamente y deben retirarse tan pronto como dejen de ser necesarias para proteger la salud p¨²blica¡±.

En este sentido, las palabras de la relatora de derechos culturales de las Naciones Unidas dejando claro que se opone ¡°inequ¨ªvocamente a intentos de usar los derechos humanos o los derechos culturales para subvertir los esfuerzos de salud p¨²blica de forma inapropiada, por ejemplo, organizando eventos religiosos o protestas p¨²blicas contra el distanciamiento social en formas que pongan riesgo a otros,¡± se pueden complementar con una muy reciente decisi¨®n del Tribunal Constitucional alem¨¢n, que nos recuerda, como lo hace el magistrado y ensayista franc¨¦s Denis Salas, el valor de la noci¨®n de proporcionalidad y el hecho de que subsistan instituciones de control.

As¨ª, el alto tribunal se?ala, a ra¨ªz de un caso en que una asociaci¨®n musulmana reclamaba los rezos durante los viernes restantes del Ramad¨¢n, que se puede establecer una excepci¨®n a la medida que proh¨ªbe la celebraci¨®n de eventos religiosos si se puede asegurar que se puede establecer de forma fiable que no existe un aumento de riesgo de infecci¨®n, algo que habr¨¢ que establecerse, desde luego, caso por caso, y no de forma general.

Estos conceptos de limitaciones a los derechos, proporcionalidad y estudio caso a caso cuando sea posible, tienen gran relevancia en el contexto del escenario actual en relaci¨®n con el DPVC, debido a la gran importancia de la celebraci¨®n de eventos presenciales para el sector cultural. Adem¨¢s, el Comit¨¦ DESC, en la mencionada declaraci¨®n, se?ala que los Estados deben tomar medidas de protecci¨®n social que alcancen a aqu¨¦llos que est¨¢n en mayor riesgo de ser afectados por la crisis, y hace un llamado a ¡°la obligaci¨®n de dedicar el m¨¢ximo de recursos de que dispongan a la plena realizaci¨®n de todos los derechos econ¨®micos, sociales y culturales¡­ Dado que esta pandemia y las medidas adoptadas para combatirla han tenido unos efectos desproporcionadamente negativos en los grupos m¨¢s marginados, los Estados han de hacer todo lo posible por movilizar los recursos necesarios para combatir el Covid-19 de la manera m¨¢s equitativa posible, con objeto de evitar que se imponga una carga econ¨®mica adicional a esos grupos marginados. Se debe dar prioridad a las necesidades especiales de esos grupos en la asignaci¨®n de recursos¡±.

Adoptar un enfoque de derechos humanos implica, para las pol¨ªticas culturales, tomar en cuenta la opini¨®n de las personas afectadas en relaci¨®n con los derechos en cuesti¨®n

Esta atenci¨®n a los colectivos especialmente vulnerables puede ponerse en relaci¨®n con, el Real Decreto-ley 17/2020, de 5 de mayo, por el que se aprueban medidas de apoyo al sector cultural y de car¨¢cter tributario para hacer frente al impacto econ¨®mico y social del COVID-2019 que podr¨ªa interpretarse de alg¨²n modo en esta l¨ªnea, en concreto en relaci¨®n con medidas como la posibilidad de los artistas de espect¨¢culos p¨²blicos, sujetos a la intermitencia, de acogerse extraordinariamente a la prestaci¨®n por desempleo. Por otro lado, hay que recordar que el DPVC incluye el derecho de ser consultado y de participar en el dise?o de las pol¨ªticas que afecten al mismo, como lo recuerda la relatora de Derechos Culturales, con lo que las reuniones mantenidas en el abril entre el Ministerio de Cultura y varias organizaciones del sector cultural pueden leerse a la luz del ejercicio de tal derecho.

La consideraci¨®n por parte de la mesa sectorial del arte contempor¨¢neo en relaci¨®n con la insuficiencia de las medidas aprobadas a trav¨¦s del mencionado decreto merece, asimismo, ser escuchada al amparo del DPVC. Adoptar un enfoque de derechos humanos implica, para las pol¨ªticas culturales, por tanto, tomar en cuenta la opini¨®n de las personas afectadas en relaci¨®n con los derechos en cuesti¨®n. Como se?ala la relatora de Derechos Culturales en su ¨²ltimo informe anual, que versa sobre los defensores de los derechos culturales ¡°muchas personas pueden ser defensoras de los derechos culturales, o actuar como tales, sin describirse necesariamente a s¨ª mismas en esos t¨¦rminos¡±. Qu¨¦ duda cabe que todos los colectivos que est¨¢n promoviendo dentro y fuera de nuestro pa¨ªs unas condiciones dignas para los trabajadores del sector cultural, y unas pol¨ªticas p¨²blicas culturales que universalicen la participaci¨®n y el acceso a la cultura, pueden ser considerados defensores de los derechos culturales.

En el ¨¢mbito de la Uni¨®n Europea varias organizaciones culturales de diferente ¨ªndole acaban de lanzar una petici¨®n de aumento de los presupuestos para pol¨ªticas culturales, y en el ¨¢mbito internacional, la Federaci¨®n Internacional de Coaliciones de Diversidad Cultural hace un llamado a que los gobiernos tengan en cuenta las necesidades espec¨ªficas del sector cultural, sobre todo desde el punto de vista de la diversidad cultural, una cuesti¨®n profundamente ligada al derecho a participar en la vida cultural, pues son las expresiones culturales m¨¢s minoritarias las que necesitan de mayor apoyo p¨²blico y las que garantizan en mayor medida el tejido de la diversidad. En este sentido, se refer¨ªa el editor Antoine Gallimard a la necesidad de que las peque?as librer¨ªas en Francia vuelvan a abrir lo antes posible ¨Crespetando por supuesto las medidas sanitarias necesarias- en tanto que son garantes de la diversidad cultural.

Estas consideraciones, desde el punto de vista del DPVC, no s¨®lo benefician a los artistas, escritores y editores, sino que tienen relevancia tambi¨¦n desde el punto de vista del acceso y la participaci¨®n. Esta vertiente de acceso y participaci¨®n necesita, como as¨ª lo indic¨® el Comit¨¦ DESC en su observaci¨®n general sobre el DPCV de 2009, que los Estados implementen pol¨ªticas p¨²blicas para que el ejercicio del DPCV est¨¦ al alcance (tambi¨¦n financiero) de todos. Si la reciente equiparaci¨®n del IVA del libro digital al libro en papel va en esta l¨ªnea, queda todav¨ªa pendiente abordar la cuesti¨®n de la brecha digital, que el Comit¨¦ menciona en su declaraci¨®n en relaci¨®n con la pandemia en el contexto del derecho a la educaci¨®n (y no del DPVC en sentido estricto).

Se trata esto de una asignatura pendiente, pues ya el Comit¨¦, en 2018, lamentaba ¡°no haber recibido informaci¨®n concreta sobre las medidas adoptadas para garantizar el acceso a los beneficios del progreso cient¨ªfico, incluyendo internet (art. 15)¡±. Vemos, por tanto, que son muchos los retos que la situaci¨®n actual plantea al ejercicio de los derechos culturales, tanto desde la creaci¨®n como desde el acceso. El Derecho Internacional de los Derechos Humanos ofrece un excelente marco para orientar las sin duda dif¨ªciles medidas a llevar a cabo en el ¨¢mbito de las pol¨ªticas culturales.

* Beatriz Barreiro es profesora titular de Derecho Internacional P¨²blico de la URJC y especialista en Derechos Humanos, y analista de la Fundaci¨®n Alternativas