El Ejecutivo aplaza a la pr¨®xima legislatura los l¨ªmites al alquiler para grandes caseros

Espa?a se encamina hacia la regulaci¨®n de los alquileres con la futura ley estatal de vivienda, pero antes necesita una herramienta que todav¨ªa no tiene. Ese es el an¨¢lisis que hace el Gobierno, que asume que el actual ¨ªndice de precios que puso en marcha el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana en 2020 no sirve como referencia para establecer l¨ªmites de renta a grandes propietarios. La futura norma dar¨¢ un plazo de 18 meses desde su entrada en vigor para que d¨¦ tiempo a montar ese sistema, lo que significa que la medida m¨¢s controvertida de la norma quedar¨¢ aplazada de facto hasta la pr¨®xima legislatura.

Para poder establecer estos topes, que afectar¨¢n solo a las personas jur¨ªdicas que sean propietarias de m¨¢s de 10 viviendas, la idea es construir una estad¨ªstica que se actualice de manera m¨¢s ¨¢gil que la actual y resulte ¡°eficaz¡± para saber lo que pasa en el mercado, se abunda en el departamento que encabeza la socialista Raquel S¨¢nchez. ¡°Hemos acordado que exista un registro de contratos de alquiler que sirva como base para afinar los ¨ªndices¡±, apuntan en Unidas Podemos, la otra pata del Ejecutivo de coalici¨®n. La idea que se maneja, a?aden estas fuentes, es hacer ¡°que la inscripci¨®n en este registro sea obligatoria¡±.

El problema estad¨ªstico de los arrendamientos viene de antiguo. Espa?a carece de una estad¨ªstica oficial que monitorice de verdad el mercado, un problema que el Gobierno se comprometi¨® a solventar ya en la primera legislatura de Pedro S¨¢nchez. En junio del a?o pasado, el anterior titular de Transportes, Jos¨¦ Luis ?balos, present¨® un ¨ªndice de precios de alquiler, que se puede consultar en la web del ministerio desde entonces. Para su construcci¨®n se consult¨® al Instituto Nacional de Estad¨ªstica (INE) y tambi¨¦n hubo contacto con los portales inmobiliarios, que son una fuente continua de datos pero obtienen precios de oferta (lo que piden inicialmente los propietarios, que muchas veces se rebaja en la negociaci¨®n con el inquilino). Sin embargo, finalmente se opt¨® por usar como base los datos de la Agencia Tributaria, que obtiene en las declaraciones del IRPF informaci¨®n por parte de los caseros y algunos inquilinos. Pero usar esa fuente tiene una pega: es una informaci¨®n anual que ofrece una foto demasiado est¨¢tica y demasiado antigua.

El Gobierno necesita por tanto, y es lo que est¨¢ buscando, una estad¨ªstica m¨¢s din¨¢mica y m¨¢s fiel a los vaivenes del mercado, especialmente despu¨¦s de la pandemia. ¡°Apostamos por los ¨ªndices auton¨®micos porque se ajustan m¨¢s a la realidad de la zona, pero el ¨ªndice estatal es imprescindible debido a que hay comunidades aut¨®nomas que no tienen ¨ªndices propios desarrollados¡±, indican en Unidas Podemos. Se refieren a las estad¨ªsticas que algunas autonom¨ªas elaboran con las fianzas de alquileres que depositan los caseros. Catalu?a, por ejemplo, ya la usa como base para la norma propia en la que limita los arrendamientos y que se encuentra pendiente de la decisi¨®n del Tribunal Constitucional por sendos recursos del PP y del Ejecutivo. Pero la inmensa mayor¨ªa de las comunidades no elaboran esas estad¨ªsticas y en alguna ni siquiera el dep¨®sito de la fianza es obligatorio.

En el Ministerio de Transportes, que ha llevado el peso de las negociaciones por la parte socialista del Ejecutivo, se?alan que ¡°el sistema que se conforme tendr¨¢ que estar actualizado en el tiempo¡±. Pero indican que es precipitado dar detalles sobre c¨®mo se configurar¨¢ ¡°a 30 meses vista¡± (sumando los 18 meses de vacatio legis y los 12 meses de tramitaci¨®n parlamentaria que prev¨¦ el Ejecutivo antes de que la norma sea aprobada en el Congreso). Ahora, inciden esas fuentes, ¡°hay que consultar a expertos y ver las f¨®rmulas posibles¡±.

En el INE se?alan que, al menos de momento, el Ejecutivo no les ha contactado para analizar la cuesti¨®n. Actores del sector privado s¨ª revelan algunas conversaciones informales sobre la materia y lo cierto es que el Gobierno tiene tiempo por delante. Cuando el Consejo de Ministros d¨¦ luz verde al borrador de la ley el pr¨®ximo martes se iniciar¨¢ un tr¨¢mite que se prev¨¦ largo. El escenario que se maneja es que, tanto en el Congreso como en el Senado, se presenten muchas enmiendas. Seg¨²n los planes remitidos en su d¨ªa a Bruselas, la ley quedar¨ªa definitivamente aprobada en el segundo semestre del pr¨®ximo a?o.

Hasta 2024

Tomando esa referencia, el escenario m¨¢s optimista ser¨ªa que la norma echase a andar en julio de 2022, lo que retrasar¨ªa la aplicaci¨®n de la regulaci¨®n de alquileres a los grandes caseros como m¨ªnimo hasta 2024, un escenario que apunta a otra legislatura. Entre tanto, eso s¨ª, podr¨ªa iniciarse la tramitaci¨®n de las ¨¢reas de precios tensionados, donde s¨ª habr¨ªa, sin distinci¨®n de propietarios, una congelaci¨®n de precios. No obstante, en los sindicatos de inquilinos existe la sensaci¨®n de que, tal y como se plantea, esas tramitaciones ya ser¨¢n un procedimiento largo, por lo que dif¨ªcilmente podr¨ªan declararse este tipo de ¨¢reas hasta entrado 2023.

Ese tr¨¢mite, que se iniciar¨¢ a instancia de las comunidades y deber¨¢ ser validado por la Administraci¨®n central, podr¨¢ justificarse con otros datos del mercado inmobiliario para justificar que los precios de vivienda han subido m¨¢s de cinco puntos por encima del IPC auton¨®mico en cinco a?os y que el peso de los gastos de vivienda para los inquilinos son excesivos (m¨¢s de un 30% de los ingresos). Pero el futuro ¨ªndice s¨ª resulta fundamental para establecer la renta m¨¢xima que podr¨¢n pedir las empresas propietarias de m¨¢s de 10 viviendas en un ¨¢rea tensionada.

Esta ¨²ltima cuesti¨®n, si poner o no l¨ªmites de precios, ha sido la m¨¢s complicada de resolver en las negociaciones del Gobierno de coalici¨®n. El PSOE siempre se mostr¨® reacio a los controles de precios y se inclin¨® por las bonificaciones fiscales, otra v¨ªa que tambi¨¦n contendr¨¢ la ley para abaratar los alquileres. El caso es que la regulaci¨®n que se ha pactado finalmente solo afectar¨¢ a una parte de los caseros ¡ªdesde el ala socialista se ha insistido en las ¨²ltimas semanas en que el 85% del mercado son peque?os propietarios¡ª, dif¨ªcilmente se aplicar¨¢ en muchas comunidades aut¨®nomas porque son estas las que deben solicitar las ¨¢reas tensionadas ¡ªel PP, que actualmente gobierna cinco territorios, ha dicho que no lo aplicar¨¢¡ª, y adem¨¢s queda a expensas de la aritm¨¦tica parlamentaria que arroje la pr¨®xima legislatura.

En Unidas Podemos, que desde que se conoci¨® el acuerdo ha insistido en la idea de que los controles de rentas son un m¨¦rito suyo, no han escondido ciertas suspicacias hacia sus socios. Esta misma semana, en un acto junto con la vicepresidenta Yolanda D¨ªaz y la ministra de Derechos Sociales y negociadora de la ley por parte de Podemos, Ione Belarra, la alcaldesa de Barcelona, Ada Colau, pidi¨® ¡°que todo el mundo est¨¦ vigilante¡± ante las presiones del sector inmobiliario para descafeinar la ley. ¡°Una tentaci¨®n que puede tener el PSOE cuando reciba esas presiones es dilatar el proceso de tramitaci¨®n, que es una de las maneras que se tienen para boicotear una norma¡±, a?adi¨®.