Los problemas del ingreso m¨ªnimo vital

El Ingreso M¨ªnimo Vital (IMV) se concibi¨® como la medida m¨¢s contundente del actual Gobierno contra la pobreza y la exclusi¨®n. Pero no funciona bien. Vamos a ver por qu¨¦. Se destin¨® a los hogares sin ning¨²n ingreso. Seg¨²n la EPA, los hogares sin perceptores con ingresos eran 597.000 a comienzos de 2020, pasaron con el confinamiento a 670.900 y seg¨²n el ¨²ltimo dato eran 616.000.

De los 337.000 hogares atendidos, una parte relevante proviene de la incorporaci¨®n autom¨¢tica de las ayudas por hijo a cargo a los hogares en pobreza extrema. De hecho, en 2020 el IMV supuso 411 millones y las prestaciones familiares, 1.801. La previsi¨®n para 2021 ser¨ªa de 1.900 millones para el IMV y de 1.635 millones para las ayudas por hijo. Un incremento importante, pero todav¨ªa distante de expectativas que preve¨ªan el triple.

Se han presentado casi 1,5 millones de solicitudes al IMV. Podemos aceptar que medio mill¨®n ten¨ªan ingresos superiores a los requeridos, pero siguen quedando al menos 400.000 con otros motivos de denegaci¨®n. Uno de ellos, la demostraci¨®n de la residencia. A pesar de las bienintencionadas y numerosas correcciones de la norma, queda el espinoso tema del sinhogarismo, de aquellos que viven en la calle o en casas de amigos o familiares (los solicitantes no suelen ser propietarios ni inquilinos con contrato), y a esos efectos se dictaron resoluciones que intentaban flexibilizar el empadronamiento.

Pero no se modific¨® el art¨ªculo 19.3 de la ley: ¡°El domicilio en Espa?a se acredita con el certificado de empadronamiento¡±. Los responsables de esta acreditaci¨®n son los secretarios de los ayuntamientos. Muchos se resisten, razonablemente, a extender un certificado que acredite la permanencia en situaciones tan vol¨¢tiles. La falta de certificado provoca la inadmisi¨®n de la solicitud, y eso se utiliza por comunidades como Castilla y Le¨®n para congelar sus propias ayudas, con lo que las personas con mayor riesgo de pobreza pueden incluso estar peor.

La debilidad de los servicios sociales de base y la falta de presencia f¨ªsica de empleados p¨²blicos han dificultado el indispensable asesoramiento. Los problemas se han salvado con soluciones ¡°particulares¡±, que ocasionan diferencias territoriales, cuando el IMV se gestionaba por la administraci¨®n de la Seguridad Social para garantizar precisamente la uniformidad estatal.

Ahora el ministerio va a poner en marcha un acuerdo al que lleg¨® hace meses con las ONG para que colaboren. Enhorabuena, pero no es suficiente. O se modifica la ley para que los certificados de los servicios sociales municipales tengan validez a falta de empadronamiento y se llega a un acuerdo con ayuntamientos y comunidades aut¨®nomas para llegar a todas las personas en riesgo de pobreza o exclusi¨®n social o el IMV seguir¨¢ otorgando una protecci¨®n parcial al colectivo.

Octavio Granado es ex secretario de Estado de la Seguridad Social (2004-2011 y 2018-2020)