PSOE y Sumar se conjuran para defender la ley de vivienda y prometen m¨¢s ayudas para pagar la hipoteca

Hasta 14 medidas en materia de vivienda recoge el acuerdo de Gobierno de PSOE y Sumar, aunque muchas ya se anunciaron en la legislatura anterior o se presentan con escaso detalle. El documento que han firmado este martes el presidente y la vicepresidenta segunda del Gobierno en funciones, Pedro S¨¢nchez y Yolanda D¨ªaz, contempla el aumento de parque p¨²blico de vivienda para alquiler asequible con el objetivo de que alcance el 20% del parque total. Esta es la medida que aparece en primer lugar y una de las que ya se hab¨ªan avanzado antes de la presentaci¨®n del documento. Se trata, en realidad, de un compromiso que no es nuevo: S¨¢nchez ya lo expres¨® en la precampa?a de las elecciones auton¨®micas y municipales del pasado mayo. De hecho, el Gobierno anunci¨® entonces planes para aumentar el parque social en cerca de 200.000 viviendas en los pr¨®ximos a?os, aunque sin concretar plazos. Esos planes eran una mezcla de casas ya existentes en manos de la Sareb, promociones nuevas en suelos de Defensa y otras promociones en distintos grados de desarrollo (algunas directamente sin plantear o en parcelas no urbanizables), todo ello impulsado por una nueva partida de fondos europeos.

Aquellos planes consist¨ªan m¨¢s bien en aumentar el alquiler social y el asequible. El primero, destinado a situaciones de gran vulnerabilidad; el segundo, para hogares con dificultades a la hora de pagar los precios de la vivienda libre, que se beneficiar¨ªan de arrendamientos en torno a un 20% m¨¢s baratos de lo que marca el mercado. Y no es exactamente vivienda p¨²blica porque ah¨ª pueden entrar promociones privadas, aunque con condiciones marcadas desde las Administraciones. Ahora tampoco se a?ade mucho m¨¢s detalle. El acuerdo s¨ª especifica que la intenci¨®n es poner ¡°a los j¨®venes en el centro del acceso a la vivienda¡±. Y se?ala que el aumento del parque se podr¨¢ hacer ¡°mediante mecanismos de compra o alquiler de viviendas existentes, con viviendas de nueva construcci¨®n y movilizando vivienda vac¨ªa¡±:

Uno de los instrumentos que est¨¢n ganando m¨¢s fuerza en los ¨²ltimos tiempos son las cesiones de derechos de superficie, una forma de colaboraci¨®n p¨²blico-privada en la que una compa?¨ªa privada, a cambio de construir un piso con caracter¨ªsticas y precios de alquiler tasados por el sector p¨²blico, obtienen el derecho a explotar esos arrendamientos durante un periodo posterior de hasta 80 a?os (el m¨¢ximo legal, aunque eso se fija en el concurso). Se trata de una f¨®rmula que han explorado ya algunas comunidades, como Madrid o Catalu?a, y tambi¨¦n el Estado o la propia Sareb. Transcurrido el periodo de concesi¨®n, y si esta no se renueva, esas casas s¨ª pasar¨ªan a ser de gesti¨®n p¨²blica puesto que lo que se cede es solo el derecho de superficie, pero no la propiedad del suelo. Se tratar¨ªa, salvando las distancias, de una concesi¨®n similar a la de las autopistas.

La reciente Ley por el derecho a la vivienda ya contempla actualmente la obligaci¨®n de garantizar un 20% de ¡°parque m¨ªnimo de viviendas destinadas en pol¨ªticas sociales¡±. Pero lo hace solo como un compromiso a asumir en los municipios donde se declaren zonas de precios tensionados (aquellas donde se considera que los importes de la vivienda exceden lo razonable, conforme a una serie de requisitos acotados por la norma). El razonamiento se basa en la convicci¨®n de que Espa?a es uno de los pa¨ªses europeos con menos vivienda social y eso supone un problema a la hora de gestionar una situaci¨®n actual, con precios de alquiler que han subido mucho m¨¢s que los ingresos de los hogares y m¨¢ximos hist¨®ricos en muchas ciudades. De hecho, se estima que Espa?a no llega ni a dos pisos sociales por cada 100 viviendas, frente a una media continental que supera el 9%.

Otras medidas que contempla el acuerdo tiene que ver tambi¨¦n con la norma que entr¨® en vigor en mayo. El texto habla de desarrollar y monitorizar los efectos de la ley. Por ejemplo, ¡°se definir¨¢ con car¨¢cter inmediato¡± el ¨ªndice oficial de precios que el Ministerio de Transportes, Movilidad y Agenda Urbana tiene que aprobar para que puedan ponerse en marcha los controles de precios de ¨¢reas tensionadas. Catalu?a ha acusado al Gobierno de retrasar sus planes para poner topes de alquiler por no tener listo este ¨ªndice ni aceptar el que la comunidad ya tiene. Transportes siempre ha sostenido que la definici¨®n del indicador est¨¢ avanzando, con trabajo entre los t¨¦cnicos estatales y los de Catalu?a (la ¨²nica comunidad que ha manifestado inter¨¦s en aplicar ese apartado de la ley) y que probablemente estar¨ªa listo a finales de 2023. El acuerdo habla de ese ¡°car¨¢cter inmediato¡± pero no fija un plazo.

Alquiler tur¨ªstico

La vicepresidenta en funciones ha defendido las medidas en materia de vivienda recordando que ¡°un 50% de las personas que viven de alquiler tienen riesgo de pobreza¡±. El objetivo de un Gobierno progresista, ha a?adido, es ¡°dar tranquilidad a las familias y no a los fondos de inversi¨®n¡±. Tambi¨¦n ha expresado el objetivo de hacer ¡°que las ciudades sean sitios donde vivir¡±, por lo que el Gobierno se compromete a la regulaci¨®n de la vivienda tur¨ªstica. Se trata de un objetivo que en el ¨¢mbito de Podemos y Sumar ya se mencion¨® en la pasada legislatura durante la negociaci¨®n de la ley de vivienda, pero el ala socialista del Ejecutivo siempre aleg¨® que por el reparto competencial se pod¨ªa hacer poco desde el ¨¢mbito estatal. Ahora se recoge con una formulaci¨®n sucinta: ¡°Revisaremos la regulaci¨®n de los alojamientos tur¨ªsticos en zonas de mercado tensionadas¡±. As¨ª que, como los controles de precios, podr¨ªa acabar trat¨¢ndose de alguna medida con una aplicaci¨®n posterior limitada.

La coalici¨®n PSOE-Sumar, de lograr la investidura de S¨¢nchez, tambi¨¦n busca ahondar en otras medidas que se han aprobado en los ¨²ltimos tiempos, como el impulso del Bono Joven de Alquiler (coyuntural en principio, se habla de convertirlo ¡°en una medida a largo plazo¡±) o las ayudas para rehabilitaci¨®n, para la que hay ingentes fondos de recuperaci¨®n europeos, pero no est¨¢ avanzando al ritmo que deber¨ªa para gastar esas ayudas comunitarias. El pacto incluye el aval que ya se anunci¨® en su d¨ªa para cubrir un 20% de las hipotecas de los menores de 35 a?os (la parte que normalmente no pueden obtener con financiaci¨®n bancaria) y, para aliviar los estragos del encarecimiento de las letras, prev¨¦ ampliar hasta los 37.800 euros (actualmente est¨¢ en 25.200 euros) el umbral de ingresos necesarios para poder acogerse a las ayudas especiales para prestatarios en apuros. Estas incluyen la posibilidad de congelar la cuota un a?o y ampliar el periodo de devoluci¨®n de cr¨¦dito hasta siete a?os (ahora son cinco).

El texto presentado este martes tambi¨¦n llama a la erradicaci¨®n del sinhogarismo, la garant¨ªa de que no se produce un desahucio de una familia vulnerable sin ofrecer una alternativa real donde vivir (algo que ya recoge la ley, pero tiene problemas de aplicaci¨®n por la escasez de parque p¨²blico) o la ampliaci¨®n de recursos para pol¨ªticas de Vivienda (sin fijar una cantidad) y el impulso de un registro de viviendas vac¨ªas.

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