La reforma del subsidio de paro supondr¨¢ hasta 2.500 millones m¨¢s al a?o de gasto, seg¨²n Fedea
El Gobierno hace un c¨¢lculo m¨¢s conservador y apunta que los cambios elevar¨¢n ese coste en 648 millones el primer a?o
El a?o nuevo ha tra¨ªdo consigo una nueva regulaci¨®n del subsidio de desempleo, cuya reforma se aprob¨® el pasado 20 de diciembre y que entrar¨¢ en vigor el pr¨®ximo 1 de junio con car¨¢cter general. En concreto, los cambios aplicados a esta ayuda ¡ªque reciben los desempleados tras agotar la prestaci¨®n contributiva por desempleo¡ª suponen una mejora de la cuant¨ªa del subsidio durante el primer a?o de cobro, una mayor compatibilidad entre el salario de un empleo y el cobro de esta ayuda y, en tercer lugar, una ampliaci¨®n del n¨²mero de colectivos protegidos. La negociaci¨®n de esta norma supuso el ¨²ltimo tira y afloja entre la ya ex vicepresidenta primera del Gobierno y ministra de Asuntos Econ¨®micos, Nadia Calvi?o, y la vicepresidenta segunda y ministra de Trabajo, Yolanda D¨ªaz.
El impacto presupuestario de estos tres cambios podr¨ªa llegar a los 2.500 millones de euros si se cumplen las previsiones del Gobierno, que suponen que con la nueva normativa este subsidio llegar¨¢ a unas 400.000 personas m¨¢s (fundamentalmente eventuales agrarios de fuera de Andaluc¨ªa y Extremadura; menores de 45 a?os con responsabilidades familiares; y beneficiarios que compatibilicen esta ayuda con un empleo), sum¨¢ndose a los 971.000 que ya lo reciben. As¨ª lo ha calculado el investigador de Fedea y profesor de Econom¨ªa de la Universidad Rey Juan Carlos, Miguel ?ngel Garc¨ªa, quien estima que cada 100.000 nuevos beneficiarios, recibiendo una nueva cuant¨ªa media de 510 euros al mes en 12 pagas, aumentar¨ªan el gasto en 612 millones de euros al a?o. Si el n¨²mero de perceptores se incrementara en los 400.000 esperados por el Ejecutivo, las necesidades financieras para abonar esta ayuda se elevar¨ªan hasta los 2.500 millones al a?o antes citados. Este impacto equivaldr¨ªa a 0,17 puntos de PIB, precisa este economista.
Desde el Gobierno hacen un c¨¢lculo mucho m¨¢s moderado, que, en teor¨ªa, reflejar¨ªa un menor n¨²mero de nuevos beneficiarios atribuibles a los cambios normativos. As¨ª se recoge en la memoria econ¨®mica que acompa?a a este real decreto, y a la que tuvo acceso Europa Press, donde se precisa que tras la reforma el gasto en estos subsidios se situar¨ªa en 4.586 millones de euros, lo que supondr¨ªa un ahorro en el primer a?o de aplicaci¨®n de 101 millones de euros por la supresi¨®n de la renta activa de inserci¨®n y el subsidio extraordinario de desempleo (si bien este texto no precisa que los beneficiarios de estas ayudas podr¨ªan pasar a ser nuevos perceptores del subsidio ordinario). Este ahorro se elevar¨ªa a 378 millones en el tercer a?o de vigencia y de 369 en el quinto ejercicio. Tambi¨¦n supondr¨ªa un ahorro de algo m¨¢s de medio mill¨®n de euros al a?o la exigencia de acreditaci¨®n del acuerdo de actividad, que eliminar¨ªa un n¨²mero de perceptores no determinado en esta memoria. Un tercer elemento que ahorrar¨¢ 94 millones al a?o ser¨¢ la reducci¨®n en el porcentaje a aplicar a la base de cotizaci¨®n de los beneficiarios del subsidio de los mayores de 52 a?os.
Si bien, seg¨²n los c¨¢lculos gubernamentales, este ahorro se ver¨ªa fuertemente contrarrestado con el nuevo complemento de ayuda al empleo, que supondr¨¢ un incremento de la financiaci¨®n de 613 millones de euros, seg¨²n lo recogido en esta memoria. Esta no ser¨¢ la ¨²nica subida, ya que la modificaci¨®n de los subsidios para los eventuales agrarios elevar¨¢ el gasto en 38 millones, mientras que la modificaci¨®n de los requisitos de acceso y permanencia de los subsidios lo subir¨¢n en otros 92 millones. Por ¨²ltimo, la supresi¨®n del mes de espera para acceder a cualquier subsidio supone un coste de 100 millones de euros anuales.
Con todo esto, el saldo neto apunta a que el nuevo decreto va a suponer un mayor gasto de 648 millones de euros en el primer a?o, de 177 millones en el tercero y empezar¨¢ a no implicar un mayor gasto a partir del quinto a?o.
Una norma con m¨¢s defectos que virtudes
Dicho todo esto, y al margen del coste de estas medidas, la evaluaci¨®n que hace Garc¨ªa para Fedea detecta muchos m¨¢s defectos que virtudes en la reci¨¦n estrenada regulaci¨®n. As¨ª, como principal mejora apunta a que las nuevas medidas ¡°avanzan en la generaci¨®n de incentivos para la b¨²squeda y aceptaci¨®n de empleo por las personas que perciben el subsidio, al permitir durante 180 d¨ªas el cobro del salario junto a una parte del subsidio¡±. Sin embargo, aqu¨ª terminar¨ªan, seg¨²n este economista, las bondades de la nueva normativa. As¨ª, opina que aunque la reducci¨®n de la cuant¨ªa de esta ayuda a medida que pasan los meses puede animar a salir de la situaci¨®n de paro lo antes posible, ¡°tambi¨¦n reduce el incentivo a quienes llevan en el desempleo m¨¢s tiempo, que son la mayor¨ªa de los beneficiarios¡±.
Por el contrario, y teniendo en cuenta que la modesta cuant¨ªa del subsidio no deja mucho margen para la estrategia de ir reduci¨¦ndolo para incentivar la incorporaci¨®n al empleo, Garc¨ªa cree que habr¨ªa sido necesario un mayor endurecimiento en las exigencias de b¨²squeda de un puesto de trabajo y de no rechazo de las ofertas de empleo y, sobre todo, ¡°en la mejora del funcionamiento del sistema para que lleguen m¨¢s ofertas de los servicios p¨²blicos a los desempleados¡±.
Asimismo, el investigador de Fedea considera que la pretensi¨®n del Ejecutivo de mejorar la empleabilidad de los beneficiarios de esta ayuda a trav¨¦s de las pol¨ªticas activas de empleo ¡°parece lejos de cumplirse¡±, debido al desequilibrio entre los ¡°muy definidos¡± derechos de los perceptores del subsidio y ¡°las poco concretas¡± obligaciones de estos beneficiarios. Y todo esto en medio de ¡°severas deficiencias en el desempe?o de los servicios p¨²blicos de empleo para cumplir con su funci¨®n de orientaci¨®n e intermediaci¨®n, debido a su escasa relaci¨®n con las empresas (perfilado efectiva de oferta y demanda) y el desalineamiento de incentivos generado por la separaci¨®n de competencias entre el SEPE y los servicios auton¨®micos de empleo¡±, concluye este economista.
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