Las comunidades m¨¢s tur¨ªsticas se olvidan del alquiler protegido

La vivienda p¨²blica fue una de las grandes protagonistas de la campa?a de las pasadas elecciones municipales y auton¨®micas. El Gobierno anunci¨® ambiciosos planes de construcci¨®n de casas y muchas otras Administraciones y partidos hicieron lo propio. Pero la promoci¨®n de vivienda es lenta, y las estad¨ªsticas son tozudas. La VPO (las siglas con las que gen¨¦ricamente se conoce a la edificaci¨®n con ayudas p¨²blicas, aunque en cada lugar adquiere siglas distintas) retrocedi¨® el a?o pasado seg¨²n los datos de calificaciones definitivas publicados este jueves por el Ministerio de Vivienda. Las 9.610 casas acabadas en 2022 se quedaron el a?o pasado en 8.646, el ejercicio con menor actividad desde 2019. Y si se mira solo a los inmuebles que se destinan al alquiler, que es la pol¨ªtica por la que la mayor¨ªa de Administraciones (y expertos) apuestan para paliar los problemas de accesibilidad al mercado inmobiliario, el panorama no es mucho m¨¢s halag¨¹e?o.

Espa?a sum¨® el a?o pasado 2.302 calificaciones definitivas de viviendas protegidas destinadas al alquiler, tanto en los planes estatales como en los auton¨®micos. De facto, supone un estancamiento respecto a 2022 (entonces se acabaron 29 casas menos). Esto significa que el porcentaje de inmuebles de alquiler protegido sobre el total de VPO subi¨® ligeramente hasta el 26,6%. Es el m¨¢s elevado de la ¨²ltima d¨¦cada, pero todav¨ªa muy por debajo de lo que en teor¨ªa deber¨ªa suponer al tratarse de la soluci¨®n prioritaria para las Administraciones. Y el detalle geogr¨¢fico revela grandes lagunas: para empezar, en m¨¢s de la mitad de las comunidades aut¨®nomas (nueve de 17) no se construy¨® ni una sola casa de alquiler protegido en todo el a?o pasado, de acuerdo con los datos del ministerio.

Tres de esas comunidades (Baleares, Canarias y Cantabria) directamente no reportan ninguna calificaci¨®n definitiva de VPO. En las otras seis (Asturias, Comunidad Valenciana, Extremadura, Galicia, Murcia y La Rioja) s¨ª se hicieron viviendas protegidas para venta, pero no destinadas a arrendamiento. En muchos casos se trata de territorios con un fuerte componente tur¨ªstico, un factor que se asocia a tensiones en los mercados inmobiliarios. Al mirar el arco mediterr¨¢neo, el panorama se completa con unas pobres cifras en Andaluc¨ªa. All¨ª casi el 24% de la vivienda protegida que se acab¨® tuvo por destino el alquiler, pero como la nueva promoci¨®n fue muy poca eso apenas se traduce en 160 casas dentro de la que es la comunidad m¨¢s poblada de Espa?a. Y en el segundo mayor mercado, Catalu?a, se acabaron m¨¢s pisos (400, seg¨²n los datos de Vivienda), pero se dio un paso atr¨¢s respecto al a?o anterior, tanto por volumen como en el porcentaje que representan frente al total de VPO (un 17,8%, frente al 26,3% de 2022).

Mirando los porcentajes, solo hay tres comunidades donde la VPO de alquiler tuvo fuerza el a?o pasado. Navarra, con 237 viviendas que representan m¨¢s de un 53% de la nueva vivienda protegida, es la ¨²nica en que la modalidad de arrendamiento cop¨® al menos la mitad de las nuevas promociones con ayudas p¨²blicas. Cerca qued¨® Madrid, con un 47,3%. La regi¨®n de la capital ha sido de las que han puesto iniciativas m¨¢s ambiciosas de colaboraci¨®n p¨²blico-privada para construir bloques de alquiler protegido que gestionan empresas con un r¨¦gimen de concesi¨®n. El a?o pasado dio cuenta de 1.086 nuevas VPO de alquiler, que no obstante representan un paso atr¨¢s respecto al ejercicio previo. En tercer lugar, el Pa¨ªs Vasco mejor¨® tanto en volumen (357 inmuebles, frente a 224 en 2022) como en el porcentaje de promociones protegidas que se destinaron a inquilinos, un 38,7%, cuando el a?o anterior representaban menos del 15%.

La foto territorial se completa con tres comunidades, Castilla y Le¨®n, Castilla-La Mancha y Arag¨®n, donde se hizo alguna VPO para alquiler, pero esta fue casi testimonial. En cualquier caso, tampoco se trata de lugares que a priori aparecen entre los mercados inmobiliarios m¨¢s tensos. Aunque en el caso del arrendamiento, los problemas de accesibilidad se extienden cada vez por m¨¢s capitales provinciales.

El panorama en un futuro pr¨®ximo no parece que vaya a mejorar mucho. Las cifras de calificaciones provisionales, conocidas tambi¨¦n ayer y que dan cierta medida de c¨®mo evolucionar¨¢ la VPO en los ejercicios m¨¢s inmediatos, retrocedieron en 2023. Y lo hicieron precisamente por el batacazo de las destinadas a alquiler, que pasaron de suponer 5.364 casos en 2022 a 2.113 el a?o pasado. Es decir, menos de la mitad.

Sin embargo, Javier Jim¨¦nez, director de Suelo de la consultora CBRE en Espa?a, cree que podemos estar en un ¡°a?o de inflexi¨®n¡±. Para el experto, tras el estancamiento de los ¨²ltimos tiempos hay un problema de n¨²meros. La VPO se basa en un sistema de m¨®dulos con los que las Administraciones fijan el precio m¨¢ximo al que se puede vender o alquilar. Y el encarecimiento de los costes de construcci¨®n que se ha vivido desde la pandemia hac¨ªa inviable muchas operaciones. ¡°Si el coste de construcci¨®n se come el prcio de venta o la renta, no tieen sentido promover¡±, explica. Pero eso ha cambiado, Jim¨¦nez ve a muchas Administraciones ¡°poni¨¦ndose las pilas¡± y cree que Espa?a asiste al momento de ¡°pasar de las promesas pol¨ªticas a los hecho¡±.

El Ministerio de Vivienda, por su parte, recuerda que las promociones de vivienda llevan un tiempo hasta completarse y pone en valor los planes, anunciados el a?o pasado por el presidente del Gobierno, Pedro S¨¢nchez, para incorporar al parque p¨²blico hasta 184.000 viviendas de alquiler asequible. Entre esas medidas figuraba la edificaci¨®n de unos 20.000 pisos con fondos de recuperaci¨®n europeos, una iniciativa en la que las solicitudes actuales ya superar¨ªan las 22.000 unidades, seg¨²n reivindica el departamento encabezado por Isabel Rodr¨ªguez. Aunque estas, l¨®gicamente, tardar¨¢n unos a?os en aparecer en las estad¨ªsticas oficiales.

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