?Es necesario actualizar el contrato social en Espa?a?

Durante su ¨²ltima reuni¨®n, el Consejo de la Uni¨®n Europea ha recomendado a Espa?a un sistema fiscal sostenible. Lo hace en un momento en que la sociedad espa?ola se enfrenta a retos de envergadura: la transici¨®n digital plantea enormes esfuerzos dif¨ªciles de cuantificar, puesto que dependen de la evoluci¨®n de la tecnolog¨ªa y sus aplicaciones; la transici¨®n medioambiental, con una brecha de inversi¨®n anual que el Informe Pa¨ªs 2024 para Espa?a de la Comisi¨®n Europea cifra en 11.500 millones de euros; unas perspectivas sobre envejecimiento de la poblaci¨®n que hacen que la tasa de dependencia de la vejez se incremente del 33,3% en 2022 al 63,9% en 2050, esto es, en 2050 habr¨¢ 1,6 personas en edad de trabajar por cada persona mayor de 65 a?os, cuando la ratio ha sido de 3 en 2022, lo que indica los altos costes en pensiones y sanidad a que se tendr¨¢ que hacer frente. Se plantean asimismo acuciantes problemas de convergencia territorial y social: mientras que la renta per c¨¢pita en Madrid estuvo en el 117% de la media europea, Andaluc¨ªa estuvo en el 65% en 2022, con enormes disparidades en cuanto a la poblaci¨®n en riesgo de pobreza, situada en el 26% para el conjunto del pa¨ªs, uno de los peores datos de la UE, pero que diverge entre el 14,5% de Navarra y el 36,9% de Extremadura.

Estos desaf¨ªos se plantean en un contexto de finanzas p¨²blicas no lo suficientemente s¨®lidas. Con la salvedad del per¨ªodo entre 2005 y 2007, a causa de la burbuja inmobiliaria con ingresos fiscales coyunturales que se perdieron con su estallido, las cuentas p¨²blicas se cierran con d¨¦ficit. Desde 2008 la insuficiencia de ingresos es persistente. Tras el pico del 10,1% del PIB de d¨¦ficit p¨²blico en 2020 debido a la pandemia, se cerr¨® en el 4,7% en 2022. Para 2024, se ha estimado ya en el 3%. Estos desequilibrios han resultado en una elevada deuda p¨²blica, que alcanz¨® en 2022 el 111,6% del PIB, reducida al 107,7% en 2023.

La pregunta es qu¨¦ hacer desde la perspectiva de los ingresos p¨²blicos. Los gastos previstos o concertados, si se quiere mantener un determinado grado de bienestar, son dif¨ªcilmente revisables. La UE no se pronuncia sobre su nivel, cuesti¨®n que queda para la decisi¨®n de cada pa¨ªs miembro en funci¨®n de sus preferencias de ingresos y gastos. De hecho, el Gobierno espa?ol se comprometi¨® en el Plan de Recuperaci¨®n y Resiliencia para salir de la crisis econ¨®mica de la pandemia a elevar los ingresos tributarios para situarlos en unos est¨¢ndares europeos, puesto que eran claramente inferiores a las medias de la UE.

La coyuntura econ¨®mica ha posibilitado el incremento de los recursos tributarios, acerc¨¢ndolos a los objetivos planteados. El Informe Pa¨ªs para Espa?a del Fondo Monetario Internacional (FMI) lo atribuye al incremento del empleo, con subidas en las cotizaciones sociales y en el impuesto sobre la renta del trabajo, y al crecimiento econ¨®mico, con subidas en la imposici¨®n sobre sociedades. Tambi¨¦n incluye el factor de la subida de precios, que supuso mayores ingresos por IVA, compensados con medidas dirigidas a reducir el gravamen de bienes b¨¢sicos (alimentos y combustibles), as¨ª como el salto en el gravamen sobre la renta del trabajo: los contribuyentes vieron subir sus salarios y saltaron a tramos superiores de la escala de gravamen del impuesto sobre la renta, a pesar de que se tratara de subidas meramente nominales explicadas por la inflaci¨®n. Surge la pregunta sobre la estabilidad de estos nuevos ingresos, lo que va a depender de que el Gobierno central y los de las comunidades aut¨®nomas no decidan deflactar las tarifas del impuesto sobre la renta.

Lo que s¨ª recomienda el Consejo de la UE es asegurar la sostenibilidad de las finanzas p¨²blicas. Es importante recordar que existe un inter¨¦s europeo en que las cuentas p¨²blicas est¨¦n saneadas puesto que, en un contexto de mercado interior con moneda ¨²nica, los efectos de una econom¨ªa nacional se hacen sentir en otras: los desequilibrios en una zona tienen efectos econ¨®micos adversos en las dem¨¢s. Am¨¦n de las dificultades que entra?a para los divergentes moverse en decisiones de pol¨ªtica monetaria comunes para todos y que no les sean necesariamente convenientes. Piensen en la situaci¨®n actual en la que nuestro pa¨ªs parece haber dado buena respuesta a la inflaci¨®n ¡ªaunque los ¨²ltimos datos pueden hacer dudar de ello¡ª y convendr¨ªan tipos de inter¨¦s del dinero m¨¢s bajos dado su nivel de deuda. La convergencia de las econom¨ªas nacionales es as¨ª positiva.

En este camino, se hace necesario un sistema fiscal que apoye mejor el crecimiento y el empleo. Habr¨ªa espacios fiscales para dar cumplimiento al compromiso de Espa?a en el Plan de Recuperaci¨®n. De una parte, los impuestos sobre el consumo y medioambientales son bajos en t¨¦rminos relativos y seg¨²n los est¨¢ndares europeos. Se dice que son regresivos, aunque la pregunta es si un sistema fiscal que entorpece el crecimiento y el empleo no lo ser¨ªa en mayor medida. El incremento de los impuestos indirectos y la reducci¨®n de sus tipos reducidos siempre se pueden compensar con ayudas directas a quienes deben recibirlas en funci¨®n de su nivel, bajo, de renta.

Asimismo, queda pendiente la siempre dif¨ªcil cuesti¨®n de la revisi¨®n de los beneficios fiscales. El propio Gobierno espa?ol se comprometi¨® a su an¨¢lisis y evaluaci¨®n, pero de momento no se ha visto ninguna acci¨®n en el Bolet¨ªn Oficial del Estado (BOE). No se debe olvidar que son contrarios a la generalidad de la imposici¨®n ¡ªprincipio establecido en la Constituci¨®n¡ª y pueden generar formas de privilegio. La tendencia desde la reforma fiscal de 1977 es el incremento del n¨²mero de los existentes, con una clara inercia en su mantenimiento con independencia de su sentido o de que hayan dejado de estar justificados. Pi¨¦nsese que hay siempre f¨®rmulas alternativas m¨¢s razonables para atender a situaciones de dificultad: el IVA superreducido para los alimentos tambi¨¦n beneficia a los niveles m¨¢s altos de renta, para quienes no estar¨ªan justificados.

Juan L¨®pez Rodr¨ªguez es doctor en derecho tributario.

Las opiniones de este art¨ªculo son las del autor y no comprometen a la Comisi¨®n.

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