Sobre la extensi¨®n del concierto econ¨®mico a Catalu?a

ERC y el PSC acaban de acordar la salida de Catalu?a del sistema ordinario de financiaci¨®n auton¨®mica (SFA) a cambio del apoyo a la investidura del candidato socialista a la presidencia de la Generalitat. La comunidad pasar¨ªa a tener un sistema singular de financiaci¨®n, muy similar al foral, en el que la Generalitat regular¨ªa, recaudar¨ªa e ingresar¨ªa todos los impuestos de titularidad estatal, lo que con datos de 2022 supondr¨ªa un incremento de sus ingresos tributarios de en torno a 30.000 millones de euros en detrimento del Estado, as¨ª como la p¨¦rdida de una aportaci¨®n neta al SFA de unos 2.000 millones. A cambio, la comunidad aportar¨ªa una especie de cupo para financiar los servicios que el Estado siga prestando a (o en) Catalu?a (no queda muy claro, y no es lo mismo) y una cuota de solidaridad en beneficio de las comunidades aut¨®nomas de menor renta. Para poner en marcha el nuevo sistema, el acuerdo prev¨¦ la reforma de la normativa relevante (en la que, sorprendentemente, no se incluye la Constituci¨®n) as¨ª como la cesi¨®n gradual de los medios y competencias de la Agencia Tributaria Estatal (AEAT) a su hom¨®loga local, de forma que esta ¨²ltima gestione ya el IRPF a partir de 2026 y vaya incorporando despu¨¦s el resto de los grandes tributos.

El texto es muy parco en detalles. No se indica, por ejemplo, c¨®mo se calcular¨ªa el cupo o la cuota de solidaridad, o c¨®mo funcionar¨ªa el sistema durante el per¨ªodo transitorio. Es imposible, por tanto, hacer proyecciones cuantitativas sobre lo que la reforma podr¨ªa suponer para las finanzas del Estado o de otras comunidades. Las implicaciones cualitativas del cambio, sin embargo, est¨¢n clar¨ªsimas. Resulta evidente, en primer lugar, que el objetivo ¨²ltimo del nuevo sistema es recortar sustancialmente la aportaci¨®n catalana a la caja com¨²n del Estado bajo la excusa de reducir un desproporcionado d¨¦ficit fiscal del que no existe rastro en los estudios comparados. Inevitablemente, por tanto, los recursos disponibles para la solidaridad interterritorial y las pol¨ªticas sociales de ¨¢mbito nacional se reducir¨¢n. Esto podr¨ªa producirse de una forma gradual, pero llegar¨¢ sin duda. En cuanto el Gobierno regional tenga realmente la llave de la caja en sus manos, la aportaci¨®n a la solidaridad se ir¨¢ reduciendo y podr¨ªa tender a cero. Otro problema no menor es que el troceamiento de la AEAT en una serie de entidades de menor escala aumentar¨¢ sin duda los costes de la gesti¨®n tributaria y reducir¨¢ su eficacia.

Estos problemas se agravar¨¢n considerablemente si la nueva singularidad se extiende a otras regiones de renta alta, que tendr¨¢n todos los incentivos para pedirla, sin que el Gobierno que se la ha concedido ya a otro territorio tenga argumentos convincentes para neg¨¢rsela. El acuerdo con ERC, por tanto, podr¨ªa suponer el inicio de una mutaci¨®n confederal de la estructura del Estado, que nos dejar¨ªa con un Gobierno central muy debilitado, sin los recursos necesarios para ejercer con efectividad sus funciones esenciales, incluyendo la de garantizar la cohesi¨®n social y territorial, pero tambi¨¦n muchas otras.

Concluyo con una reflexi¨®n y una pregunta. Un pacto para la formaci¨®n de un gobierno auton¨®mico no es el sitio m¨¢s indicado para hablar de financiaci¨®n regional o del modelo de Estado. Si lo que se pretende es convertir a Espa?a en un pa¨ªs confederal y poco redistributivo excepto dentro de la tribu, el Gobierno deber¨ªa enviar un proyecto de ley de reforma constitucional a las Cortes y abrir un amplio debate social para que todos sepamos de qu¨¦ estamos hablando. La pregunta va dirigida al PSOE y al PSC, dos partidos en principio constitucionalistas y firmes partidarios de la redistribuci¨®n cuyo papel en esta historia es dif¨ªcil de entender. Se?ores, ?merece la pena tanta historia para gobernar cuando el precio de hacerlo es aplicar el programa del adversario, que incluye el desmantelamiento gradual del Estado y de sus mecanismos de solidaridad?

?ngel de la Fuente es director ejecutivo de Fedea.

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