El pacto con Junts para recuperar el decreto ¨®mnibus acelera el aval para inquilinos j¨®venes

El nuevo decreto ¨®mnibus mantiene intacta la parte del denominado escudo social destinada a vivienda y a?ade ¡°medidas para garantizar el cobro del alquiler por los propietarios¡±, seg¨²n ha celebrado Junts tras dar a conocer el acuerdo alcanzado con el Gobierno. El presidente del Ejecutivo, Pedro S¨¢nchez, ha enmarcado esas nuevas medidas en una de las promesas que hizo el pasado 13 de enero al presentar una bater¨ªa de iniciativas sobre vivienda: la creaci¨®n de un sistema de avales p¨²blicos al alquiler.

Este sistema, que seg¨²n fuentes del Gobierno habr¨¢ que desarrollar en un reglamento y llevar¨¢ unos seis meses poner en marcha, es una posibilidad que ya contempla el actual Plan Estatal de Vivienda y que se sumar¨¢ a iniciativas similares que ya puedan estar en marcha. Las mismas fuentes destacan que ser¨¢n estas las que los gestionen, ya que se tratar¨¢ de una ¡°financiaci¨®n finalista¡± cuya cuant¨ªa no est¨¢ definida.

La idea inicial del Ejecutivo es que el aval contemple varios requisitos, tanto desde el punto de vista del inquilino como del propietario de la casa. Del primero, que sea menor de 35 a?os y ¡°que sea una persona vulnerable de acuerdo con los criterios establecidos¡±. A los caseros se les exigir¨¢ que la renta de alquiler se sit¨²e dentro de los par¨¢metros que establece el ¨ªndice estatal de referencia de precios.

Con esos requisitos, el Estado garantizar¨¢ tanto el pago de la renta como la restituci¨®n de la vivienda al propietario. Se trataba de un asunto sensible para la formaciones nacionalistas de derechas. Adem¨¢s de Junts, el PNV ha saludado que ¡°el Estado sea quien asuma las consecuencias de los impagos por la inquiokupaci¨®n¡±, en alusi¨®n a los arrendatarios que dejan de pagar el alquiler pero se quedan en la casa por los motivos que sea.

Para la izquierda, la l¨ªnea roja era recuperar las medidas vigentes hasta que el anterior decreto ¨®mnibus fue rechazado en el Congreso. Como al final se superpondr¨¢n las iniciativas anteriores y las nuevas, la parte socialista del Ejecutivo interpreta que, tras el acuerdo con Junts, ¡°se refuerza el escudo social¡±. El ministro de Cultura y portavoz de Sumar, Ernest Urtasun, se ha pronunciado en t¨¦rminos similares al declararse ¡°muy satisfecho¡± por recuperar ¡°en su totalidad¡± ese bloque de medidas.

Puesto en marcha durante las primeras semanas de la pandemia, y prorrogado con alguna modificaci¨®n desde entonces, el escudo social contempla a grandes rasgos dos bater¨ªas de medidas relacionadas por la vivienda. La primera es la prohibici¨®n del corte de suministros (gas, luz, agua¡­) a familias vulnerables en caso de impago. La segunda es la paralizaci¨®n de los desahucios, tambi¨¦n vinculada a supuestos de vulnerabilidad.

Estas ¨²ltimas son las que m¨¢s controversia pol¨ªtica han levantado, casi desde que se pusieron en marcha. Especialmente cuando se extendieron a algunos supuestos penales (los desahucios pueden seguir la v¨ªa civil o la penal) dando amparo a ocupaciones en precario (personas que no tienen un t¨ªtulo habilitante para residir en una casa). En cualquier caso, estos supuestos solo se aplican en casos de extrema vulnerabilidad, cuando hay violencia de g¨¦nero, menores u otras personas dependientes en el hogar.

La decisi¨®n final sobre la paralizaci¨®n de un desahucio corresponde a un juzgado. Y las medidas incluyen desde hace a?os la posibilidad de que el propietario afectado exija una compensaci¨®n que debe pagar la comunidad aut¨®noma, ya que tienen transferidas las competencias en vivienda. En adelante, cuando el Ejecutivo lo tenga listo, tambi¨¦n ser¨¢n estas las que deber¨¢n gestionar el futuro sistema de avales para inquilinos j¨®venes.