Las cuotas base de la concertada aparte de los fondos p¨²blicos: 225 euros al mes en Catalu?a y 110 en Madrid

A muchos padres de la escuela p¨²blica, agrupados en la confederaci¨®n CEAPA, les subleva que el dinero de sus impuestos sufrague colegios concertados que, a su juicio, discriminan a los alumnos que no pueden pagar sus cuotas ¡°voluntarias¡±. Y a la Asociaci¨®n de Colegios Privados e Independientes (CICAE), que re¨²ne a 50 centros de ¨¦lite (la mayor¨ªa internacionales), le irrita la ¡°competencia desleal¡± de la nueva escuela concertada, cuyos sueldos y mantenimiento se abona con fondos del Estado y que, sin embargo, cobra a las familias cantidades sustanciosas. Por eso, como hacen desde hace cinco a?os, CEAPA y CICAE suman fuerzas y a trav¨¦s de una consultora analizan las cuotas que se pagan, que van de los 15 euros de m¨ªnimo en Arag¨®n a los 950 euros mensuales m¨¢ximos en Barcelona. Existen grandes diferencias entre los colegios de las comunidades analizadas. Las mayores tarifas base se cobran en Catalu?a (225 euros de media al mes), seguidas de Madrid (110 euros) y Pa¨ªs Vasco (97 euros). En el resto de las comunidades analizadas ¡ªArag¨®n, Comunidad Valenciana, Andaluc¨ªa, Navarra y Galicia¨D la cuota media base est¨¢ por debajo de los 60 euros. Luego hay que sumar en casi todos los casos otras actividades.

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Cerco a las escuelas gueto

Cela¨¢: ¡°El objetivo es que el alumnado sea plenamente competente en castellano y la otra lengua cooficial¡±

Miembros de la consultora Garlic B2B se hicieron pasar por padres interesados en matricular a sus hijos en 336 centros entre diciembre de 2019 y marzo de 2020. Solo el 45% de los colegios aport¨® alg¨²n tipo de documento con los precios de las cuotas complementarias y apenas el 22% especific¨® las actividades, conceptos y horarios por los que cobra es tarifa. Los precios, adem¨¢s, var¨ªan seg¨²n preferencias en algunos centros, de forma que si no contratas el comedor aumenta el complemento voluntario, o existe un pack de actividades que salen m¨¢s caras si se escogen por separado. M¨¢s dif¨ªcil de demostrar ¡ªla consultora ha hecho un ¡°testeo de voluntariedad¡±¡ª es que los alumnos que no pagan la cuota no pueden acudir a las actividades. Seg¨²n el estudio, ocurre en el 10% de los centros en Espa?a y en un 28% de los madrile?os.

A la Comunidad de Madrid no le consta que se fuerce a pagar estas cuotas. Hace unos meses explic¨® a EL PA?S que su Consejer¨ªa de Educaci¨®n ha remitido desde 2015 m¨¢s de 300 informes de subsanaci¨®n de errores a los centros concertados, y de ellos solo cuatro generaron comisiones de conciliaci¨®n y solo uno un procedimiento sancionador. Carmen Morillas, presidenta de CEAPA, ha explicado en rueda de prensa que har¨¢n llegar a todas las Administraciones este informe. ¡°Todos los a?os recibimos quejas y denuncias de padres. Incluso en el confinamiento han seguido cobrando. Exigimos que se cumpla la ley y act¨²e la Alta Inspecci¨®n¡±. Elena Cid, directora de CICAE, ha insistido en que muchos centros ¡°no abusan¡± de los conciertos, pero ¡°algunos han desvirtuado el modelo y no hay un buen uso de los fondos p¨²blicos cuando no puede ser que sean un negocio rentable¡±. Recuerda que muchos son fundaciones que se desgravan fiscalmente.

El colegio m¨¢s caro es el St Pauls de Barcelona (950 euros). El centro declina hacer declaraciones a EL PA?S pero en 2018 por correo electr¨®nico explic¨® que las familias abonaban 850 euros por la ¡°media pensi¨®n, excursiones, materiales, libros, actividades complementarias dentro del horario escolar (ajedrez, guitarra, nataci¨®n¡­), mutua escolar o seguro de accidentes¡±, entre otros. E indic¨® que la matr¨ªcula eran otros 2.800 euros. Mientras que al Consorcio de Educaci¨®n de Barcelona le constaba que el St. Paul School cobra a las familias 75 euros por ¡°actividades complementarias¡± (extraescolares) y 175 euros de comedor.

Alfonso Aguil¨®, presidente de la Confederaci¨®n Espa?ola de Centros de Ense?anza (CECE nueva concertada) cree que el informe es ¡°tendencioso¡± y busca ¡°sostener una tesis previa¡± pero reconoce que estos precios en algunos casos son ¡°demasiado altos¡±. ¡°El informe no aporta nada que los padres no sepan. Conocen los precios y pagan o no. Saben que las cuotas son voluntarias y que los servicios de comedor, extraescolares y complementarias las suscriben quienes lo desean. Por ejemplo, el concierto en infantil y primaria cubre cinco clases al d¨ªa y la mayor¨ªa de los centros atienden ocho horas con cuotas bastante reducidas para el servicio que se da¡±. Y el tambi¨¦n presidente de la Fundaci¨®n Arenales precisa m¨¢s: ¡°Si son colegios tan malos, con la bajada de la natalidad hay plazas libres en los centros¡±. Desde CECE, asegura, animan a las escuelas a colgar en las webs los precios y a ser ¡°transparentes¡±. Recuerda que el Estado ¡°hace tiempo deber¨ªa de financiar los costes¡±.

Esta radiograf¨ªa de precios es muy ilustrativa porque dibuja dos tipos distintos de escuela subvencionada en Espa?a, donde se destinaron a conciertos 6.342 millones de euros en 2018. La tradicional ¡ªgestionada por la Iglesia o colectivos de profesores, no tiene ¨¢nimo de lucro (el dinero revierte en el centro)¡ª y la conocida como ¡°nueva concertada¡±, en manos de empresas o colectivos ultra religiosos, que funciona como una compa?¨ªa (aunque sea una fundaci¨®n) y se concentra en las grandes ciudades. Seg¨²n c¨¢lculos de Escuelas Cat¨®licas ¡ªque representa al 60% de concertada (2.008 centros) y son muy contrarios a una reforma educativa¡ª el 82% de sus colegios cobran ¡°aportaciones voluntarias¡± de entre 10 y 50 euros, porque aseguran que la cuant¨ªa que reciben por unidad en el centro (grupo) es insuficiente para su funcionamiento.

Este informe y la mirada del Gobierno no se centran en esta concertada de toda la vida, sino en la nueva subvencionada que ofrece por cifras desorbitadas grandes instalaciones. El coste de cada puesto escolar subvencionado es una inc¨®gnita que ning¨²n gobierno (ni de izquierdas ni de derechas) desvela, pero cualquier pol¨ªtico reconoce sin c¨¢maras que no es muy generoso y que hay que actualizarlo. El Departamento de Educaci¨®n de Catalu?a, por ejemplo, admiti¨® el pasado febrero que la escuela concertada est¨¢ infrafinanciada y calcula en 145 millones la aportaci¨®n necesaria para asegurarse que estos centros avancen hacia la gratuidad.

La ley educativa de 2006 (LOE) establece que ¡°en ning¨²n caso podr¨¢n los centros p¨²blicos o concertados percibir cantidades de las familias por recibir las ense?anzas¡±, pero el Estado central no puede perseguir que los colegios no cobren una cuota encubierta en distintos conceptos (servicio de enfermer¨ªa, orientaci¨®n psicol¨®gica, seguro escolar o proyecto pedag¨®gico). Es competencia de los ejecutivos auton¨®micos hacerlo, a trav¨¦s de Inspecci¨®n, pero rara vez sancionan a los centros infractores. As¨ª que al Gobierno le queda solo la baza de aprobar una ley ¡ªque se debate este viernes en el Congreso¡ª que fuerce a repartir de otra manera a los estudiantes. Hoy los colegios e institutos p¨²blicos concentran al 67,1% del alumnado no universitario (la concertada al 25,5% y la privada al 7,4%), pero acogen al 79% de los ni?os de origen inmigrante y a nueve de cada diez menores de hogares con renta baja.

El inter¨¦s del Gobierno es deshacer los guetos. Por ejemplo, en sus enmiendas plantea que las actividades complementarias estables de pago no se puedan programar en la jornada lectiva, que el criterio prioritario en la elecci¨®n de centro sea la proximidad al domicilio (para que los colegios no puedan discriminar) y que existan comisiones de escolarizaci¨®n para dirimir los casos en que existen m¨¢s peticiones que plazas o que se establezcan porcentajes (marcados por las comunidades) de alumnado con necesidades especiales para cada colegio. El Consorcio de Educaci¨®n de Barcelona ya ha logrado que aumente un 37% la acogida de estudiantes vulnerables en sus escuelas concertadas gracias a un nuevo plan de reparto del alumnado.

La escuela concertada naci¨® gratuita y subsidiaria para llegar a donde no pod¨ªa el Estado, porque los socialistas en 1985 blindaron los conciertos para garantizar la escolaridad gratuita hasta los 14 a?os. Y ahora su intenci¨®n y la de Podemos es no auspiciar que siga creciendo. Por eso su norma quiere prohibir que los ayuntamientos cedan suelo p¨²blico para levantar colegios privados que luego se concierten. En la mente de todos est¨¢n los negocios millonarios del ex vicepresidente de la Comunidad de Madrid, Francisco Granados, y la trama P¨²nica en la capital (con r¨¦plica en Valencia), hoy judicializados, a costa de los colegios concertados.

En Madrid, seg¨²n estimaciones de UGT, se cedieron entre 2000 y 2013 unas 80 parcelas que suman m¨¢s de mill¨®n y medio de metros cuadrados de terreno. Esta idea contraviene los planes de la presidenta regional, Isabel D¨ªaz Ayuso, que en diciembre pasado anunci¨®: ¡°Vamos a retomar, e incluso incrementar, los conciertos educativos, porque solo podremos asegurar la libertad de elecci¨®n si existe una oferta educativa amplia¡±.

La ministra Isabel Cela¨¢ remarca una y otra vez que las familias van a poder seguir matriculando a sus hijos en la concertada si sale adelante su ley¡ª"Esta escuela est¨¢ perfectamente contemplada, respetada y acreditada", repite¡ª, pero la guerra medi¨¢tica parece imparable. El PP recoger¨¢ firmas y acudir¨¢ al Tribunal Constitucional y las cr¨ªticas al texto incendian las redes diariamente para preocupaci¨®n de la ministra pues parte de su electorado escoge estos colegios para sus hijos. El viernes en el Congreso, el siguiente cap¨ªtulo de un serial que se prev¨¦ largu¨ªsimo.

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